Colombia analiza la posibilidad de retirarse de un tratado con el que reconoció la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), después de que ese tribunal le recortó una extensa y rica zona marítima en el Caribe para cederla a Nicaragua, dijo el jueves la canciller María Angela Holguín.
Sin embargo, expertos advirtieron que ese procedimiento no evadiría el fallo del principal órgano judicial de Naciones Unidas (ONU) que es de obligatorio e inmediato cumplimiento, pese al malestar de Bogotá que, entre otras opciones, también evalúa pedir aclaraciones o una revisión del dictamen.
«Tenemos que actuar rápidamente y estudiar el retiro del Pacto de Bogotá», dijo la canciller colombiana, María Angela Holguín, en una comparecencia ante el Congreso.
Ante los legisladores, sostuvo que el fallo del lunes dejó abierta la posibilidad de que Nicaragua presente una nueva demanda para ampliar su jurisdicción en el Caribe en perjuicio del país sudamericano.
El Pacto de Bogotá, también conocido como el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, es un acuerdo internacional suscrito el 30 de abril de 1948 que impone la obligación a los países signatarios de reconocer la jurisdicción de la CIJ y de buscar la solución concertada a los conflictos.
Expertos en leyes y asuntos internacionales aseguraron que el retiro de la jurisdicción de la corte no tiene ningún efecto en la posible intención del Gobierno de Colombia de no acatar el fallo y de mantener los límites que regían hasta hace poco su frontera con Nicaragua.
«No lo hizo antes, hacerlo ahora es tardío, es extemporáneo, con eso no gana nada porque ya el fallo se produjo», dijo el ex presidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández.
El mismo pacto al que renunciaría Colombia establece que la salida sólo entra en vigencia un año después de presentada, explicó.
Aunque la CIJ le ratificó a Colombia la soberanía sobre siete islotes que reclamaba Nicaragua, además de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el dictamen le redujo una parte de su plataforma marítima con elevado potencial económico, principalmente pesquero y petrolero.
El tribunal modificó como frontera entre los dos países el meridiano 82, lo que amplió a Nicaragua su jurisdicción en el Caribe.
Las posibilidades de que el fallo sea modificado son casi nulas, por lo que la única opción que tiene Colombia si no quiere acatarlo es declararse en rebeldía.
Pero esa alternativa es contraria a la tradición histórica de Bogotá de respetar el derecho internacional y podría crear tensión en la región por el respaldo que recibiría Nicaragua de países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, de acuerdo con analistas.
Mientras tanto, Colombia mantiene las embarcaciones de la Armada que defienden su soberanía en la extensa zona del Caribe que pasó a ser soberanía de Nicaragua.
