El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC lanzaron acusaciones mutuas que enturbian los primeros compases de las complejas negociaciones iniciadas esta semana en Cuba, aunque ambas partes siguen confiadas en lograr un acuerdo de paz.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) denunciaron el miércoles que la policía está chantajeando a familiares civiles de algunos guerrilleros, mientras que el Ejército colombiano aseguró que los rebeldes violaron el alto al fuego unilateral anunciado el lunes en el inicio del diálogo.
El roce transcurrido apenas dos días después del inicio formal de las conversaciones muestra las enormes dificultades que entraña el primer intento de paz en Colombia en una década que pasa por solventar cinco espinosos temas, incluyendo la participación política de la guerrilla en un eventual escenario de desmovilización.
La guerrillera Viviana Hernándezdenunció que las fuerzas de seguridad colombianas amenazaron a familiares de la guerrillera Mireya «con judicializarlos y arrebatarles la custodia de sus hijos menores de edad» si no cooperan para ubicar a un importante líder rebelde.
«Semejante conducta viola flagrantemente las normas del derecho internacional humanitario y desconoce las garantías y derechos contemplados en la Constitución colombiana que ellos dicen defender», dijo Hernández, leyendo un comunicado fechado el 13 de noviembre en las montañas de Colombia y firmado por el Estado Mayor Central de las FARC.
Por su parte, los representantes del presidente Juan Manuel Santos pasaron frente a la prensa sin dar declaraciones cuando entraban al Palacio de las Convenciones de La Habana donde se reúnen las delegaciones.
Desde el anuncio en septiembre de que el Gobierno de Santos y las FARC acordaron una hoja de ruta para iniciar un diálogo, acompañado por Chile y Venezuela y respaldado por Cuba y Noruega, las partes se han mostrado moderadamente optimistas sobre las posibilidades de poner fin al conflicto armado más prolongado del continente.
CON FE
El Ejército colombiano reportó el martes en la noche un ataque guerrillero en el departamento del Cauca, en el suroeste del país, y la activación de un campo de minas en una zona cercana.
Ambos incidentes no arrojaron víctimas mortales, pero el Ejército dijo que contravienen el cese al fuego anunciado por las FARC por dos meses para facilitar el diálogo.
El ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, ya desde el lunes había puesto en duda la primera tregua del grupo guerrillero en una década y ratificó la decisión del presidente Santos de mantener la ofensiva militar hasta que se llegue a un acuerdo definitivo.
Pese a las acusaciones cruzadas, el máximo delegado de los guerrilleros en la isla, Iván Márquez, reiteró el miércoles su confianza en el proceso para lograr el cese del conflicto.
«Estamos trabajando duro por la paz (…) Tenemos una fe inmensa, profunda, en la capacidad de movilización del pueblo colombiano para lograr la paz, la que tanto anhelamos, la que deseamos todos», dijo el miembro del secretariado de las FARC, quien participó en otros fallidos intentos de diálogo.
Aunque el grupo rebelde se ha debilitado militarmente en los últimos 10 años por la amplia ofensiva del Gobierno respaldada por Estados Unidos -que redujo a la mitad sus filas a unos 9.000 combatientes y dejó fuera de combate a sus principales líderes-, aún conserva capacidad para ataques de alto impacto.
Las negociaciones, que Santos espera que no demoren más de un año, pasan por lograr un acuerdo global sobre cinco grandes temas: desarrollo agrario, participación política, el fin definitivo del conflicto, el problema del narcotráfico y la reparación a las víctimas.
Sin embargo, las FARC, consideradas un grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, piden a sus interlocutores paciencia para lograr acuerdos definitivos y evitar que el diálogo naufrague como en las tres ocasiones pasadas.
