La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, vino a Barquisimeto el miércoles 14 de este mes y su visita únicamente sirvió para dejar desde aquí una nueva evidencia acerca de lo mal que se sigue manejando la terrible crisis carcelaria, dentro del complejo ámbito de la administración de justicia.
No existe una estrategia global, científica, a largo plazo, con el concurso de expertos en la materia y de las organizaciones relacionadas con los derechos humanos, que, aparte de desoídas, son expuestas de continuo al escarnio y hasta a la persecución. En tanto, Venezuela ostenta el vergonzoso record de poseer las más peligrosas cárceles del globo terráqueo. Un pavoroso y hacinado submundo desde donde buena parte de los procesados y penados prosiguen su actividad criminal, se especializan, y redoblan su odio hacia la sociedad, sin reinserción posible. Desde esos recintos ellos imponen su ley, sus propios códigos de honor, y los pranes, rodeados de luceros, poder y privilegios, son los príncipes del delito.
El balance del despacho de Varela, creado el año pasado como reacción oficial a uno de los severos coletazos del recurrente conflicto, no podría ser más desolador. Durante el primer año de la gestión de la ministra murieron 567 personas en las cárceles. 304 en el primer semestre de 2012. El promedio es de un interno asesinado ¡cada 10 horas!, según el dramático alerta del Observatorio Venezolano de Prisiones. «La ministra ha demostrado ser incapaz de encarar el reordenamiento del sistema penitenciario», dice su director, Humberto Prado.
Se trata de un programa arduo y delicado, que no puede ser conducido según los mudables humores de un funcionario, que un día no tiene problemas en tomarse fotografías afectuosas con un pran, en son de camaradas, para perder la paciencia horas después, y prorrumpir en amenazas caprichosas, como esa de declarar que se encuentra «hasta la coronilla de las mafias de Uribana» y, en consecuencia, ahora sí, ellos se lo buscaron, los someterá a una «requisa profunda».
La rabieta de la irascible ministra tuvo su origen en los disparos que, provenientes de algún área del centro penitenciario local, hirieron a uno de los obreros de la cárcel nueva, que se levanta en terreno contiguo. Es comprensible el malestar de Varela ante la agresión, afortunadamente no mortal, a ese trabajador, pero ¿eso es lo más grave que ocurre en Uribana y en las demás cárceles venezolanas?
Aparte de que en el país se ha socializado la inseguridad, el crimen, que asesta sus brutales zarpazos igual dentro de una cárcel como si se está en la calle, donde también todos nos sentimos presos, lo cierto es que está comprobado que, por ejemplo, desde Uribana, donde se han cavado este año ocho túneles y van 45 muertos, esas «mafias» que, por sentirse con algún derecho desafían a la ministra hasta advertirle que ella «no puede hacer lo que le dé la gana», mantienen el control del sucio negocio del secuestro, en boga en los últimos meses en Lara, al punto de que ocupamos la segunda casilla en toda la geografía nacional. Qué vergüenza.
Familiares de víctimas de plagio han tenido la confirmación por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, en el sentido de que las llamadas telefónicas para el pago del rescate vienen de allí, de Uribana. Facinerosos que «purgan» sus delitos con las manos libres para seguirlos cometiendo, desde sus propios sitios de reclusión dirigen las diabólicas industrias del secuestro, la droga y la muerte por encargo, lo cual les permite comprar favores y complicidades entre una burocracia corrupta, y mantener, así, sus impunes transgresiones, cuando se les cree sometidos por la ley.
Y, cruel ironía, esto ocurre en momentos en que Venezuela alcanza un puesto en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Ahora sentaremos cátedra universal en la defensa de los derechos humanos, pero somos incapaces de evitar que los presos sigan delinquiendo y que los ciudadanos libres lo sean en verdad, sin el acoso de una floreciente criminalidad que no sólo avanza a pasos agigantados y ahora incorpora entre nosotros la figura del sicariato. Lo peor es que, como queda visto, todo se quiere resolver con necias pataletas como esa de advertir que de ahora en adelante «nadie entrará en la cárcel sin que sea requisado». Es una solemne ridiculez, y es el país, señora ministra, el que está «hasta la coronilla» de eso.
