«El problema arrendatario continuará, a menos que el Gobierno nacional tome cartas en el asunto», así lo afirmó Shoymei Lau, presidenta de la Cámara Inmobiliaria del estado Lara en relación con la creciente pérdida de garantías para la propiedad privada en el país, que especialmente afecta a muchos propietarios que venían alquilando sus viviendas mediante contratos que se daban de buena fe.
La representante del sector inmobiliario afirmó, vía telefónica, que las dos causas principales de la crisis inmobiliaria son la Resolución Conjunta No. DM/58 del Ministerio de la Producción y Comercio y el Ministerio de Infraestructura, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.667 el 8 de abril de 2003, y la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, aprobada tras sólo dos sesiones de deliberación en la Asamblea Nacional en noviembre del año pasado.
Explicó que en el caso de la primera, que se conoce también como Resolución de Congelamiento de Alquileres, cada seis meses durante los últimos nueve años, es prorrogada por la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas, lo cual significa que los arrendatarios han sido obligados a cobrar el mismo monto a sus inquilinos a lo largo de ese periodo.
«Esto, aunado a la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios que acaba de cumplir su primer año, ha ocasionado que más del 70% de las propiedades que estaban disponibles para ser alquiladas con fines residenciales, desaparecieran completamente del mercado arrendatario», aseguró Lau. Además, dio a conocer que actualmente hay más de 1.500 casos judiciales por expulsión de inquilinos en los cuales se ha fallado a favor de los propietarios, pero como los tribunales no son capaces de actuar con autonomía, sino que se ciñen a las indicaciones que les dictan desde la Asamblea Nacional, esos casos no reciben una sentencia correspondiente.
«De esta manera se niega completamente el derecho a la propiedad privada. Se están viendo casos de familias que han decidido regresar del exterior, pero al llegar a Venezuela, descubren que no pueden recuperar su vivienda. El principal responsable de esto es el presidente de la República Hugo Chávez, quien sigue violando los derechos de los propietarios, a pesar de que en la Constitución de la República se estipula claramente que la propiedad privada es un derecho», destacó.
Insistió que se espera una respuesta del primer mandatario nacional, en vista de los cambios que prometió implementar durante su campaña a la reelección. «Es necesario sincerar las políticas de Estado», puntualizó Lau.
Por último, reiteró que sólo el respeto a los derechos arrendatarios dará pie al equilibrio y la justicia social en el mercado inmobiliario.
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