Estamos presenciando el desbordamiento criminal por parte de cuerpos de seguridad del Estado, en especial del llamado FAES en contra de venezolanos que protestan contra el régimen de Maduro, asegura Luis Augusto Romero, Secretario General de Avanzada Progresista(AP), al fijar posición en torno a estas actuaciones arbitrarias.
“La violación sistemática de derechos humanos, que incluyen la detención irregular de al menos 80 menores de edad, pone en evidencia el carácter represivo y reaccionario, pero también criminal de este régimen. Resulta paradójico que sean los sectores populares, los más golpeados por esta salvaje represión, tomando en cuenta que este régimen suele justificar sus actuaciones en nombre de esos sectores populares que ahora reprime intensamente”, asegura.
Afirma que Avanzada Progresista denuncia esta ola represiva, y exige el respeto de los derechos ciudadanos, y en particular reclama la libertad inmediata de los menores de edad detenidos en las últimas horas. Exigen también un pronunciamiento al respecto, por parte de la Fiscalía General de la República.
“Queremos denunciar también el asesinato de nuestro compañero Efrén Castillo, en el Edo. Amazonas, víctima de la violencia desencadenada por el régimen de Maduro. Exigimos una investigación al respecto para determinar las responsabilidades en este crimen”.
Señaló que Avanzada Progresista ha denunciado la presencia de agentes extranjeros en el gobierno de Maduro, asimismo han rechazado esta injerencia inaceptable. Pero también rechazan cualquier intervención militar foránea en nuestro país.
Apoyo a Guaidó
Ratifican el apoyo a Juan Guaidó, y a nuestros parlamentarios en la AN. El país se expresó claramente el pasado 23 de Enero. A esta situación hemos llegado por responsabilidad directa del régimen de Maduro, quienes secuestraron el voto y confiscaron la posibilidad de unas elecciones imparciales, tal como lo denunciamos el pasado 20 de mayo.
Destaca que la posibilidad de una salida pacífica, pasa por la convocatoria inmediata de un proceso electoral debidamente supervisado por la comunidad internacional, con otro CNE y con las garantías indispensables para que sea respetada la voluntad de los venezolanos.
Estima que le corresponde a la Asamblea Nacional continuar su rol institucional como expresión legítima y plural de los venezolanos, en la tarea de construir una transición pacífica, que responda al interés de la mayoría de los venezolanos.
