El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha publicado los primeros resultados de su investigación “Persiguiendo al chavismo: Discriminación por razones políticas contra funcionarios de Hugo Chávez por parte de Nicolás Maduro”, el cual tiene como objetivo visibilizar la persecución sistemática del gobierno venezolano contra los voceros del llamado “chavismo disidente”.
De acuerdo a las dimensiones de antielitismo y antipluralismo que caracterizan a los populismos del siglo XXI, del cual forma parte Nicolás Maduro, su gestión ha impedido mediante diferentes mecanismos las expresiones de disentimiento emanadas desde personalidades que apoyaron a Hugo Chávez, acusándoles de ser parte, o cómplices, de la élite corrupta a la cual hipotéticamente estaría enfrentada su gobierno. Este primer avance del informe sobre violaciones de derechos humanos contra el denominado “chavismo disidente” encontró 45 víctimas de violaciones, agrupadas en vulneraciones a la libertad personal (57% de los casos), Derechos laborales (28.5%), Libertad de expresión (16.6 %), Integridad personal (11.9%) y el derecho a la justicia (7.1%). La persecución contra sus propias filas ratifica la naturaleza no democrática del régimen de Nicolás Maduro y la naturaleza estructural de la discriminación por razones políticas para su modelo de gobernabilidad.
Según el informe 23 personas fueron víctimas de violaciones a la libertad personal, donde se utilizó al sistema de administración de justicia para privar de libertad a las personas, vulnerando las garantías del debido proceso. Varios de los casos ocurrieron alrededor del proceso electoral municipal del 8 de diciembre de 2013, donde las personas que se postularon fuera de la fórmula oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), sufrieron represalias y detenciones. En este patrón se incluye el caso del diputado Germán Ferrer, que por apoyar las denuncias de su esposa, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz sobre la ruptura del hilo constitucional y las violaciones de DDHH contra manifestantes, fue acusado de promover una red de corrupción y extorsión por parte del Fiscal General Constituyente. También se registraron 11 casos de personas que denunciaron corrupción en las instituciones públicas, y como retaliación fueron privados de libertad.
El segundo patrón con más situaciones detectadas es el relativo a los derechos laborales, con 13 víctimas, quienes tras expresar públicamente cuestionamientos a la acción de gobierno fueron despedidas de las instituciones públicas.
Las víctimas incluidas en el reporte fueron agrupadas en la categoría “chavismo disidente” por tener alguna o varias de estas características:
A) Al menos hasta la muerte de Chávez –y aún después- mantuvieron una postura pública de respaldo al gobierno, iniciando progresivamente una serie de cuestionamientos con los que marcaron distancia de la gestión de Nicolás Maduro.
B) Ejercieron algún tipo de cargo público durante la gestión de Hugo Chávez.
C) Su identidad política es de signo izquierdista.
D) A pesar de su ruptura con la gestión de Nicolás Maduro no han pasado a formar parte de alguna organización político-partidista tradicionalmente opositora al bolivarianismo, ni en la coalición “Mesa de la Unidad Democrática”. Su espacio actual para el ejercicio del derecho a la libre asociación y reunión es una orgánica flexible para la divulgación de sus opiniones.
Provea advirtió que debido a la polarización política existente en el país el abuso de poder cometido contra el “chavismo disidente” no tiene suficiente exposición pública. Provea invita a todas las personas que se identifiquen políticamente como “chavistas” y que hayan sido víctimas de violación de derechos humanos, que nos remitan la información sobre su caso para ser incluida en la versión definitiva de la investigación, al siguiente correo electrónico: [email protected]
