Chile recuerda el martes el 45 aniversario del golpe militar que dio paso a la larga dictadura de Augusto Pinochet con violadores de los derechos humanos liberados por la Corte Suprema, que responsabiliza al Congreso de no legislar para que estos criminales no disfruten de beneficios carcelarios.
La jornada se inició con el paso de manifestantes por un costado del palacio de gobierno hasta una plaza donde está ubicada una estatua del derrocado presidente Salvador Allende, a cuyos pies depositaron flores.
Por ese lado del palacio fue sacado el 11 de septiembre de 1973 el cadáver de Allende, quien prefirió suicidarse antes de caer en manos de los militares sublevados.
Simultáneamente, en el interior del palacio, el presidente centroderechista Sebastián Piñera participó en una ceremonia ecuménica en la que dijo: «Quiero reafirmar una vez más que ninguna circunstancia, contexto, va a justificar jamás los graves, sistemáticos, reiterados y condenables atropellos a los derechos humanos que ocurrieron durante el período militar en nuestro país».
La dictadura dejó un saldo oficial de 40.018 torturados o presos y 3.065 opositores asesinados de los cuales un tercio permanecen desaparecidos. Los militares procesados o condenados nunca colaboraron con la justicia para encontrar sus restos.
Actualmente hay 174 militares y un puñado de civiles cumpliendo condenas por crímenes de lesa humanidad en dos penales exclusivos.
El 31 de julio la Corte Suprema le otorgó la libertad condicional a cinco represores y un par de días después confirmó la liberación de otros dos que había sido dispuesta por la Corte de Apelaciones, lo que conmocionó a los activistas de derechos humanos y a familiares de las víctimas de la dictadura.
Los ministros de la Corte alegaron que las convenciones suscritas por Chile en materia de derechos humanos no impiden reconocer a los condenados su derecho a reincorporarse a la sociedad mediante mecanismos como el de la libertad condicional.
Pero el dirigente comunista Lautaro Carmona sostuvo que «todos saben, y en primer lugar los jueces, que los delitos de terrorismo de Estado no prescriben, no son amnistiables y, por lo tanto, no tienen beneficios carcelarios».
Los liberados cumplían condenas promedio de seis años por secuestro permanente, lo que significa que los restos de los raptados siguen desaparecidos. Sólo cinco de los siete podrán disfrutar de la libertad porque los otros dos tienen procesos pendientes.
Diez diputados comunistas impulsan una acusación constitucional para expulsar del Poder Judicial a los jueces del máximo tribunal junto con activistas de derechos humanos. Los legisladores buscan votos para que la acusación sea aprobada el viernes en la Cámara de Diputados, donde la oposición de centroizquierda es mayoría.
Para los acusadores los jueces violaron el Estatuto de Roma que dio vida al Tribunal Penal Internacional y que establece una serie de exigencias para rebajar condenas. Pero uno de los defensores de los jueces supremos consideró que esos requisitos se aplican sólo a las sentencias que la corte internacional ha impuesto y, por tanto, no son aplicables a tribunales de otros países.
El expresidente de la Corte Suprema, Milton Juica, recordó que en los últimos tres años la Corte Suprema condenó a 344 personas por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, decenas no pisaron la cárcel y cumplen su condena en libertad.
La decisión final quedará en manos del Senado, donde el resultado de la votación es incierto.
