“Constitución Nacional – Artículo 25.- Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen y ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil, y administrativa según los casos, sin que le sirvan de escusas órdenes superiores (…)
Artículo 115.- Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene el derecho al uso goce, disfrute y disposición de sus bienes, la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad públicao de interés general. Solo por causas de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.
Artículo 116.- No se decretaran ni ejecutaran confiscaciones de bienes sino los permitidos por esta Constitución. Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales y jurídicas, venezolanas o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualquiera otra vinculada al tráfico de substancias psicotrópicas o estupefacientes…”
Hace tiempo que un abogado litigante me dijo:
“Le voy a demostrar que la verdad procesal no es la misma que la verdad real.”
En el torbellino social populista y cruel en el cual hemos caído, que distorsiona, cambia y manipula el significado tradicional de nuestros principios y valores internacionalmente aceptados y qué, al menos desde el inicio de la era republicana venezolana han sido compartidos por los ciudadanos del mundo que aman la libertad y la democracia, parece hacerse realidad las palabras pronunciadas por aquel leguleyo, fiel representante del anti profesionalismo legal.
Enfrentamos la peor crisis soportada por cualquier nación democrática. Y debe hacerse un llamado a reflexión con el imperativo imprescindible de la lógica y la razón, para que aquellos que han aceptado conducir los destinos del país, por el bien nacional, hagan las rectificaciones necesarias en materia de política y economía.
“No existe un sistema productivo que haya logrado trabajar a pérdidas”.
El cimiento de los imperios y de las naciones más poderosas; los sistemas políticos más estables; todos, han tenido su fortaleza en economías estables, prosperas, equilibradas y solidas…
El circuito económico como ente rector de las economías es implacable y no acepta impunidad. Cuando se violan las leyes económicas automáticamente se activa la ley de: “Causa y efecto.” Y los ataques al sistema productivo “siempre” los paga quien tiene que sufragar “los costos y gastos” generados al producir un bien o servicio, el más débil… ¡El consumidor final!
Es aquí donde quiero hacer un llamado a reflexión a todos los ciudadanos para que defiendan al aparato productivo en toda su cadena, porque todos y cada uno de los eslabones de la cadena de producción son necesarios: Productores agropecuarios, distribuidores, industriales, artesanos y comerciantes… “Empresarios en general.”
Los tomates están baratos en tiempos de cosecha y caros cuando hay escasez.
La única forma conocida de estabilizar los precios se llama: “Producción”.
