La compra de una sentencia judicial que ratifica la instalación de facto de un gobierno alterno al electo democráticamente, denunció este viernes el concejal del municipio Atures del estado Amazonas, Ángel Ricardo Olivo.
En el marco de una rueda de prensa en la sede nacional del MAS, el dirigente opositor acusó al juez superior administrativo Hermes Barrios Frontado, quien presuntamente recibió 400 mil bolívares fuertes por parte del alcalde Omar Patiño (de la jurisdicción indígena) por cambiar la sentencia a su favor en un juicio que se le sigue por haber nombrado una cámara municipal paralela a la que fue elegida en su oportunidad por el pueblo de Atures.
“Introdujimos un recurso contencioso administrativo porque en Atures había dos cámaras municipales, una que nombró el alcalde y otra que eligió el pueblo. El alcalde transfiere los recursos a la cámara paralela o de facto, compuesta por dos suplentes un funcionario que no es concejal y un titular, y el juez decidió que esta debe ser la cámara que en la actualidad debe dirigir los recursos del municipio”, explicó Olivo
Aseguró que la información se le proporcionaron los mismos abogados del alcalde, entre otros indicios que confirman esta versión.
“Este juez debió dictar la sentencia el pasado 25 de julio y nos la entregan pasadas las 12 del mediodía del día 26, mientras que la parte demandada hacía lectura en un programa de radio a la sentencia que le era favorable a las 9am del mismo día 26. Fueron los propios abogados del alcalde Omar Patiño quienes nos habían informado que la decisión del juez les sería favorable porque pagaron una considerable cantidad de dinero, específicamente 400 mil bolívares fuertes”, afirmó.
El dirigente regional de la tolda naranja formuló la denuncia antela Inspectoría Nacionalde Tribunales, al tiempo que apeló la decisión antela Cortede Apelaciones del estado Amazonas. Así mismo, se dirigieron a la fiscal general dela República, Luisa Ortega Díaz, para entregarle un documento que explica lo ocurrido “y exigirle además que nombre un fiscal especial para que de inicio a esta investigación lo antes posible”.
Por otra parte, el concejal aseguró que conductas como la mostrada por el alcalde Patiño no son nuevas en la entidad indígena.
“Muchos alcaldes que han tenido esta misma conducta, hoy son prófugos de la justicia, como es el caso del alcalde Jesús Manosalva del Alto Orinoco, quien tiene orden de captura y hoy se encuentra huyendo”, recordó. “Así estamos, jueces que reciben cantidades de dinero por algunos funcionarios. Alcaldes que sacan del juego a los concejales electos por el pueblo para administrar los recursos a su libre albedrío”, lamentó Olivo.
Finalmente, hizo un llamado al Tribunal Supremo de Justicia, ala DEMyla Inspectoría Nacionalde Tribunales para que “sean vigilantes de estas conductas adoptadas por algunos funcionarios públicos que tienen el deber y la obligación de ser probos en el ejercicio de sus funciones. No podemos permitir que en Venezuela se imponga a partir de este momento, la compra sistemática de sentencias”, concluyó.
