Miles de personas marcharon el domingo hasta la sede del poder judicial de la República Dominicana en protesta por la lentitud en el proceso contra los involucrados en los sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht y para denunciar la impunidad.
La manifestación masiva, la más grande en lo que va del año, se realizó mientras los jueces efectúan las audiencias preliminares para determinar si existen pruebas para enviar a juicio a los ocho acusados de recibir sobornos de Odebrecht, entre ellos exministros y legisladores.
“Un país no puede vivir, no puede respirar si no tiene un sistema confiable de justicia”, dijo el periodista Luis Eduardo Lora ante la multitud que se congregó al final de la marcha en el Centro de los Héroes, donde se ubican varios edificios gubernamentales, incluida las sedes de la Suprema Corte, la Procuraduría General y el Congreso.
De acuerdo con las confesiones de ejecutivos de Odebrecht ante autoridades de Brasil y Estados Unidos, la compañía pagó 92 millones de dólares en sobornos para obtener contratos con el gobierno dominicano entre 2001 y 2014.
La investigación “es una caricatura que no garantiza justicia”, consideró la exlíder del sindicato de maestros María Teresa Cabrera, mientras caminaba el domingo en la denominada “marcha del millón” contra la impunidad.
Cabrera, una de las voceras del denominado Movimiento Marcha Verde que surgió para exigir una investigación sobre los sobornos de la constructora, insistió que “hay demasiada gente que ni siquiera ha sido investigada” por la Procuraduría.
Ese movimiento, en el que participan líderes sindicales, periodistas, empresarios, activistas por los derechos humanos y dirigentes de la sociedad civil, ha insistido que la República Dominicana es el país afectado por los sobornos de Odebrecht que está más atrasado en las investigaciones.
En un documento leído por uno de los voceros del grupo, el Movimiento consideró que el presidente Danilo Medina “debe ser sometido a juicio político y a una investigación penal independiente que garantice sanciones ejemplares”. También exigió procesos judiciales contra otros expresidentes, como Leonel Fernández, y exfuncionarios.
Luego de un año y medio de indagatorias, la Procuraduría presentó a principios de junio cargos contra el representante comercial de Odebrecht, Ángel Rondón, y ocho exfuncionarios y legisladores en funciones por sospecha de haber recibido los sobornos de la compañía brasileña.
De manera original, la Procuraduría había señalado en 2017 a 15 personas como beneficiarias de las coimas, pero en el expediente final sólo presentó cargos contra ocho.
Debido a las constantes objeciones presentadas por los acusados, las audiencias preliminares que comenzaron el 6 de julio han sido pospuestas en varias ocasiones. La siguiente está prevista para el 23 de agosto.
Los miles de manifestantes de la “marcha del millón”, entre los que se encontraban algunos dirigentes de partidos de oposición, se congregaron el domingo en la mañana bajo un intenso sol en un céntrico crucero de la capital, desde donde comenzaron a caminar hacia el Centro de los Héroes.
El fuerte aguacero que comenzó una hora después no impidió que los manifestantes, vestidos de verde y con carteles en los que pedían el “Fin de la impunidad”, continuaran su caminata.
La Procuraduría comenzó su investigación en enero del 2017, luego de que ejecutivos de Odebrecht declararon ante la fiscalía de Brasil y el Departamento de Justicia de Estados Unidos que entre 2001 y 2014 pagaron unos 788 millones de dólares en coimas en 10 países de América Latina y dos de África para conseguir contratos con los gobiernos de esas naciones.
Muchos de esos sobornos se hicieron a través de la oficina de Odebrecht en Santo Domingo.
La mayor parte de las 17 obras que Odebrecht realizó en la República Dominicana desde 2001 por cerca de 6.000 millones de dólares fueron contratadas durante los gobiernos del expresidente Fernández (2004-2012).
Odrebrecht aún trabaja en el país en la construcción de la obra insignia del gobierno de Medina, la planta de generación eléctrica Punta Catalina, que tendrá un costo superior a 2.000 millones de dólares.
Mediante un acuerdo con la Procuraduría General, Odebrecht podrá continuar sus operaciones en la República Dominicana a cambio del pago de una multa de 184 millones de dólares, y sus ejecutivos brasileños no podrán ser procesados en el país caribeño.
