Incluso desde la tumba, el dictador que gobernó España con puño de hierro durante buena parte del siglo XX sigue dividiendo al país.
El nuevo gobierno de centroizquierda español dice que retirar el cuerpo embalsamado del general Francisco Franco de un glorificado mausoleo será la primera de una serie de medidas simbólicas que buscan reconciliar la turbulenta historia del país.
Críticos con el gobierno y los descendientes de Franco se oponen y prometen preservar la memoria de un régimen al que atribuyen la “modernización de España”.
Lo que debería hacerse sin embargo es prohibir la fundación que preserva el legado del líder autoritario, dijo Fernando Martínez, el funcionario nombrado para supervisar los esfuerzos del gobierno para desenterrar e identificar a las aproximadamente 114.000 víctimas de la Guerra Civil española (1936-1939) y las cuatro décadas de dictadura posteriores, hasta la muerte de Franco en 1975.
«La exhumación del cadáver del dictador empezará a cerrar heridas en este país. Pero esa tarea solo se completará cuando la última fosa que hay en este país haya sido abierta”, dijo Martínez en una entrevista con The Associated Press en la sede del Ministerio de Justicia en Madrid, donde se está formando la nueva Dirección General de Memoria Histórica.
La creación de un censo actualizado de los enterrados en fosas en todo el país será una de las primeras tareas del nuevo gobierno del presidente Pedro Sánchez, apuntó Martínez. Además, quieren reabrir la oficina para ayudar a los familiares de las víctimas _ que se cerró con el anterior gobierno, de corte conservador _, establecer un nuevo sistema de pagos de reparación y convertir el lugar en el que está enterrado Franco, en el Valle de los Caídos, en un monumento contra el fascismo.
«Vamos a tratar de acelerar y recuperar el tiempo perdido. Es una cuestión de dignidad democrática», manifestó Martínez, que fue nombrado en julio, a un mes de la llegada de Sánchez al poder luego de una moción de censura a Mariano Rajoy.
Tres misiones patrocinadas por Naciones Unidas que visitaron España desde 2013 criticaron a las autoridades por la ausencia de un plan nacional para buscar a los desaparecidos, por la mala coordinación de las exhumaciones y por los obsoletos mapas de fosas. También mostraron su preocupación por la inacción de los tribunales españoles para enjuiciar algunos de los delitos más oscuros de la época.
