La Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó el jueves una resolución para crear un grupo de trabajo que propicie el diálogo nacional en Nicaragua, que se ha visto sacudida desde abril por protestas callejeras masivas.
La propuesta de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, México, Paraguay y Perú busca conformar este grupo antes del 10 de agosto con un representante de cada uno de los grupos regionales que operan en la OEA: la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la Comunidad Caribeña (CARICOM, por sus siglas en inglés).
La resolución, adoptada por 20 votos a favor, ocho abstenciones y cuatro en contra, mandata al grupo de trabajo presentar reportes mensuales al Consejo Permanente sobre sus gestiones y progresos.
El embajador mexicano Jorge Lomónaco dijo que varias instancias de la OEA ya trabajan sobre el terreno en Nicaragua «pero faltaba un ingrediente: el papel de los estados miembros. Este documento aporta eso».
El canciller de Nicaragua Denis Moncada rechazó la resolución a la que calificó como «maniobra política de carácter intervencionista» y adelantó que su país no recibirá en su territorio al grupo de trabajo creado por la OEA.
«Esta posición la planteamos cuando el intento de golpe contra el presidente Ortega ha sido neutralizado y Nicaragua restaura paulatinamente su vida cotidiana y la actividad económica», indicó.
José Miguel Vicanco, director para las Américas de Human Rights Watch, calificó la resolución adoptada el jueves como «el mayor fortalecimiento institucional para promover la defensa de la democracia y los derechos humanos en la historia reciente» de la organización.
La OEA adoptó este documento menos de dos semanas después de haber adoptado otra resolución que condenó las violaciones a los derechos humanos cometidas por policías y civiles armados progubernamentales en Nicaragua y llama al presidente Daniel Ortega a respaldar un calendario electoral acordado en negociaciones.
Ortega pidió en abril a la iglesia católica mediar en un diálogo nacional que se vio interrumpido cuando el mandatario se negó a abandonar el poder antes de las elecciones previstas en 2021.
El Consejo Permanente celebró su sesión extraordinaria horas después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contabilizara hasta el 30 de julio 317 muertos, incluidos 23 menores y 21 policías, durante las protestas que sacuden a la nación centroamericana desde abril.
Ortega ha reconocido 195 muertes, mientras que la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos ha reportado 450.
La CIDH reportó el jueves en un comunicado que al cumplir cinco semanas de trabajo en la nación centroamericana, su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) ha verificado la persecución y criminalización por parte del Estado de manifestantes, opositores y personas que participaron en diversas formas de protesta.
«La Comisión Interamericana condena todos los asesinatos registrados e insta al Estado de Nicaragua a investigar con prontitud y seriedad cada uno de estos crímenes», expresó la relatora de la CIDH para ese país, la comisionada chilena Antonia Urrejola. «El Estado debe llevar un registro actualizado, confiable y transparente de todas las muertes».
El MESENI dijo que tras el levantamiento de barricadas mediante el uso de la fuerza entre el 19 y 30 de julio, las autoridades habrían realizado numerosas detenciones arbitrarias y violentas a manos de encapuchados armados.
Agregó que según la información recibida, las personas detenidas no son informadas de sus derechos al momento del arresto ni de los cargos que se les imputan, no se exhiben órdenes judiciales, ni sus familiares reciben información sobre el lugar al que serán llevados.
