Varios migrantes les dijeron a legisladores de Nuevo México el lunes que no les quisieron dar medicinas ni un trato adecuado mientras estuvieron detenidos en dos instalaciones federales para inmigrantes en el estado.
En una audiencia legislativa en Santa Fe, un mexicano describió que se le negó atención médica mientras estaba detenido en el Centro de Procesamiento del condado Otero.
Mientras tanto, la nicaragüense Joselín Méndez dijo que la muerte de Roxsana Hernández, una mujer transexual hondureña que falleció bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), se debió a la falta de tratamiento médico suficiente.
Al igual que Hernández, Méndez también había estado detenida en la unidad para transexuales del condado Cibola tras haber llegado a Estados Unidos con una caravana de migrantes centroamericanos. Méndez dijo estar buscando asilo después de que escapó de amenazas y violencia en Nicaragua debido a su identidad de género.
Méndez denunció que al llegar a Estados Unidos fue tratada como un delincuente, encadenada y maltratada, y que la discriminaron al colocarla a solas mientras defendía sus derechos, al igual que a Roxsana.
Los legisladores escucharon los testimonios al tiempo que sopesaban la forma en que podrían ejercer más supervisión a nivel estatal sobre los centros de detención para migrantes en Nuevo México, los cuales son operados en forma privada. El ICE tiene acuerdos con compañías privadas y condados para que manejen las instalaciones.
El representante demócrata Antonio «Moe» Maestas dijo que los legisladores cuentan con la autoridad para regular a la industria privada, y eso abre un potencial para que haya más supervisión estatal a las compañías de detención, las cuales tienen fines de lucro.
En un comunicado, Leticia Zamarripa, portavoz del ICE, dijo que la agencia se toma muy en serio la salud y la seguridad de sus detenidos, asegurándose de que reciban una atención integral desde que llegan a las instalaciones.
Dijo también que la agencia tiene un proceso riguroso e independiente de supervisión para las inspecciones de instalaciones y la revisión de las quejas relacionadas al estado en que se encuentran.
Las instalaciones del condado Otero, ubicadas a unos 47 kilómetros (29 millas) al norte de la frontera con México, fungen como un centro de procesamiento y son operadas por Management & Training Corporation, una empresa privada de manejo de correccionales. Las del condado Cibola son manejadas por CoreCivic.
Las dos instalaciones de Nuevo México tienen capacidad para detener a más de 1.000 personas, dijo Adriel Orozco, abogado del Centro Legal para los Inmigrantes de Nuevo México, un organismo activista.
Exhortó a los legisladores estatales en Santa Fe a que implementen una medida que le prohibiría a los condados llegar a nuevos acuerdos con el ICE y con compañías con fines de lucro para que amplíen o añaden centros de detención de inmigrantes en el estado. Una medida similar fue promulgada como ley en California el año pasado.
