Luis Almagro, Secretario General de la OEA, hizo entrega a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de su informe sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela. La autoría y responsabilidad de éstos son claramente atribuibles a Nicolás Maduro Moros y sus principales colaboradores: Tarek El Aissami, Jorge Arreaza, Elías Jaua, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Wladimir Padrino López, Néstor Reverol, Gustavo González López, Antonio Benavides, Carlos Alfredo Pérez.
El informe, preparado por un panel de expertos calificado e irreprochable – que encabezan el ex Vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Juez Manuel Ventura Robles, y el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago Cantón – tanto como redactado sin estridencias, previas tareas de recepción y evaluación de denuncias, deposición de testigos, fijación de hechos y conexidades, acopio de pruebas y elementos de juicio, muestra y demuestra la existencia de una práctica criminal de Estado y sistemática como generalizada en Venezuela, constitutiva de crímenes de lesa humanidad.
La narración y la argumentación son palmarias al efecto. Son serias y precisas, técnicamente construidas, al igual que sus conclusiones.
Leerlo, escudriñarlo, tomar conciencia de sus párrafos, de lo que allí se escribe e inscribe para la memoria, para el establecimiento de una verdad judicial, y para el juzgamiento de los responsables, atribuyéndoles las consecuencias previstas por el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, no obstante, es obligante; ello, si se considera la necesidad y forja de una memoria nacional que a todos los venezolanos nos diga: ¡Nunca más!
La cuestión no se reduce, cabe advertirlo, a que tengamos o no más muertos o acaso tantos como ocurren en otras partes del planeta, solazándonos por ello; dejándonos escapar a través de la más cómoda salida para no asumir aquello que a no pocos abruma y que desnuda el Informe.
Se discriminan en este, previa particularización de las investigaciones, en efecto, las 131 víctimas de asesinatos por protestas. Se explican las 8.292 ejecuciones extrajudiciales – asesinatos sin juicio por las autoridades y grupos parapoliciales o paramilitares – que son consecuencia de allanamientos ilegales y violentos de viviendas. Se verifican las torturas de 289 víctimas, llevadas a depósitos de ignominia, en las que al paso se les violenta sexualmente.
Se da cuenta de las 12.000 personas –jóvenes en su mayoría y también menores de edad– llevadas arbitrariamente tras las rejas por la dictadura de Maduro y sus asociados en la criminalidad, durante los hechos investigados entre 2014 y 2018; cuyo número, en los relativo a presos políticos típicos, comienza con 1.300 encarcelados en 2013, bajando luego hasta 676 para estabilizarse en la cifra de 220 al concluirse el Informe.
Leer lo llevado ante la Corte Penal de La Haya conmueve. Causa indignación y hasta provoca vómitos apreciar la ausencia total de límites morales que tiene lugar bajo regímenes en los que se instala el mal y la maldad absolutos. Pero en sociedades como la nuestra, que se han hecho hilachas y han visto rotos sus lazos afectivos o de confianza, o están sojuzgadas y asimismo sometidas a la ley de la sobrevivencia, lo característico es la subestimación.
Así pasó a los alemanes bajo el nazismo, y recién, con Slobodan Milošević, a los serbios, hasta que el exterminio cabal les mira directamente a los ojos, sin excepción.
El Informe Almagro debe concitar, al menos eso creo, una reacción severa, colectiva y unánime. Reclama adhesión activa y militante, por razones morales y de Justicia. Debe ser el astrolabio de quienes aún viven confundidos con la naturaleza del régimen imperante en Venezuela y que, por huérfanos de soluciones de fondo y a la mano, apuestan a la enmienda de los criminales instalados en el poder o su salida electoral.
Acaso creen factible sacarles alguna tajada de humanidad, asegurando el mal menor, un sincretismo constitucional y de laboratorio. No lo digo con sorna. Lo afirmo como hipótesis del absurdo hoy posible, ante la insólita “prudencia política” que el Informe Almagro provoca en la región; salvo en el corajudo presidente chileno, Sebastián Piñera, o en el candidato presidencial colombiano, Iván Duque.
Si de absurdos se trata, ¿por qué no proponer la construcción de un psiquiátrico común en Venezuela, dividido en parcelas, unas ocupadas por nuestros criminales de lesa humanidad – esquizofrénicos paranoides– y otras por sus víctimas sobrevivientes, debilitadas psicológicamente? Unos y otros pueden superar, en el futuro, sus afectaciones distintas. El director puede ser el psiquiatra del régimen, Jorge Rodríguez, y el administrador el otro Rodríguez, Zapatero. Y en fin, a los primeros, una vez pasado el tratamiento, se les puede dar como beneficio –emulando a Colombia– una “justicia transicional”, y a los últimos, algún dinero o monumento a la memoria, que les quede para consuelo.
Mientras tanto, como lo pide alguien a quien omito nombrar por deber y respeto, recemos por todos.
