Aunque son compromisos de la República, hay más de 350 contratos colectivos que no han podido ser discutidos porque el gobierno nacional se niega a sentarse a negociar con los dirigentes sindicales porque éstos no le son afectos, afirma Pablo Castro, coordinador del Movimiento de Trabajadores por la Democracia Social.
La contratación colectiva es el único mecanismo que efectivamente tienen los trabajadores para corregir los efectos de la inflación, mejorar sus condiciones socioeconómicas y, por supuesto, tener una estabilidad emocional.
Pero, lamentablemente, hay un instructivo presidencial mediante el cual se le ordena al vicepresidente ejecutivo y al Ministerio de Planificación no firmar convenciones colectivas y las firmadas hasta ahora son muy selectivas, como es el de los trabajadores de la industria petrolera, por cierto ya vencida.
Con los trabajadores del Metro de Caracas se firmó la convención, pero hubo una actitud discriminatoria con los compañeros de la directiva sindical por no ser afectos al oficialismo. Para colmo, algunas cláusulas fueron desmejoradas.
Después de cuatro años de espera fue firmado el del magisterio, pero excluyeron a 6 federaciones en las conversaciones.
Al no querer sentarse a discutir más de 350 contratos, el Estado viola la ley, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, naturalmente, los acuerdos suscritos con la Organización Internacional del Trabajo.
Hay casos patéticos como el de los educadores de Fe y Alegría, una institución tan importante que tiene una larga trayectoria de servicio en las comunidades, pero el gobierno se hace de la vista gorda para no cumplir con el 40 por ciento del incremento decretado por el mismo Ejecutivo Nacional.
En cuanto a las gobernaciones, éstas no se atreven a discutir los convenios porque el gobierno nacional no les baja los recursos y tan grave es la situación que en algunos casos no han podido cumplir con los decretos relacionados con el salario mínimo por cuanto no disponen de dinero.
Pero, a las violaciones que se están cometiendo no escapa la principal empresa del Estado, Pdvsa, ya que no se benefician los trabajadores de las empresas privadas que contratan con esa compañía, ni tampoco las cooperativas, no obstante que la nómina está por el orden de los 105.000-110 mil personas.
Claramente el gobierno tiene como objetivo el control de los trabajadores, mediante las patrullas socialistas y los consejos de trabajadores, porque fracasó en su intento de tener bajo sus manos la Confederación de Trabajadores de Venezuela y procedió, como todos sabemos, a la atomización sindical, para debilitar la fuerza de los trabajadores.
En el 2001 existían 2.150 organizaciones sindicales registradas que se presentaron ante el Consejo Nacional Electoral para buscar la renovación de sus directivas, manifestó Castro. Hoy hay más de 6 mil sindicatos cuando aproximadamente 7 mil empresas han cerrado sus puertas y el aparato productivo se encuentra muy mermado.
Al fracasar con la organización Unete decidió crear la Federación Socialista Bolivariana de Trabajadores, cuyo presidente, Wil Rangel, quien preside ya una federación, fue el que calificó al presidente de la República, Hugo Chávez, de caporal mayor del país y le pidió que hiciera la nueva Ley del Trabajo utilizando la vía de la ley habilitante cuando esa función tenía que cumplirla la nueva Asamblea Nacional, porque cuando se produjo el pedimento la anterior estaba agonizando.
Aunque no se conoce el texto de esa nueva ley, la rechazamos de plano porque, indiscutiblemente, es patronal y si el jefe del gobierno ha venido negando derechos a los trabajadores, ¿qué se puede esperar?
Quejas y reclamos por doquier
Las cláusulas firmadas han sido desmejoradas
En Guayana los votos del sindicato son llevados a una instalación militar
Directores de organismos de Lara no cumplen la contratación
¿Cómo explica el gobierno que haya tenido un olvido de 13 años para elaborar una ley del trabajo?
El gobierno nacional es el mayor empleador del país, pero el más irresponsable, declara Johnny Magdalena, dirigente sindical de Carabobo. Hasta ahora ningún trabajador ha recibido las prestaciones que le corresponden como resultado de la modificación de la Ley del Trabajo, ni tampoco los fideicomisos en cada una de las dependencias oficiales.
Si no se ha cumplido con la ley anterior, pregunta: ¿Cómo se puede cumplir con otra? Lo primero que tenemos que decirle al Ejecutivo Nacional es: «págame lo que me debes» y lo segundo, “no hagas una ley a escondidas”.
En un estado como Carabobo, donde se han cerrado más de cincuenta empresas importantes y sólo quedan las pequeñas y medianas, la situación es crítica. Pero, ahora el gobierno, dado que estamos en un año electoral, busca darnos un caramelo de sábila endulzado con una ley. ¿Por qué no lo hizo enseguida que se aprobó la nueva Constitución? ¿Cómo explica ese olvido de hace trece años?
Rodrigo Penso, integrante de la coordinación nacional del Frente Autónomo por la Defensa del Empleo, Salario y Sindicato (FadessS), en Caracas, coincide con Magdalena al calificar como de mal patrón al gobierno porque es renuente a discutir la contratación colectiva.
Pero, lo más grave es que cuando firma alguna contratación y lo hace en forma selectiva, no la cumple, asienta. Evidentemente, no respeta la libertad sindical, ni la ley, ni mucho menos la Constitución.
Hay que denunciar públicamente que las organizaciones sindicales afectas al gobierno son manipuladas al punto que en muchas de las elecciones celebradas, las urnas son llevadas a las instalaciones militares y luego se dan a conocer los supuestos resultados. Un ejemplo fueron las elecciones de la Corporación Eléctrica, en El Guri.
Julio Marín, secretario general del Sindicato de Empleados de la Gobernación de Lara, dijo que el Ejecutivo Regional firmó hace dos años, después de más de diez años de espera, una contratación muy modesta; pero, no cumple.
Una de las primeras funcionarias en violar esa contratación es la directora de la Policía de Lara, Marisol de Gouveia, e igualmente sucede en Funrevi, Invilara, Fondael, Parque Botánico y Zoológico Bararida y, en general, en todos los organismos dependientes de la Gobernación.
Las desmejoras no pueden ocultarse, porque figuran en las primas por hijo, bonos de fin de año, servicio médico, entre otros. Dejamos de tener HCM.
Juan Gómez, secretario general del Sindicato de la Corporación Venezolana de Guayana, contó que desde hace más de seis años reposa en la Inspectoría del Trabajo un pliego de peticiones, pero ha sido imposible recibir una repuesta, para saber todo lo relacionado con los pasivos laborales que se le deben a los trabajadores, las evaluaciones, los uniformes, aportes de ahorros, pago de prestaciones y otros derechos.
Además, se nos ha quitado el seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad.
Soy director laboral y todavía no ha aparecido mi nombre como tal en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Nosotros no queremos que la empresa se vaya a pique, pero no vemos que se hagan las inversiones necesarias y para colmo de males, las unidades de proyectos están solamente cerradas.
Tenemos compañeros de manos caídas porque no pueden hacer ninguna labor, ya que no hay insumos y por esa circunstancia no se pueden reactivar los planes forestales, agrícolas y ferroviarios. Para estos últimos fueron inyectados los recursos, pero al parecer se desviaron.
Al mismo tiempo de otras partes del país llegan personas, a las cuales les pagan sueldos que oscilan entre 10 mil y 30 mil bolívares, pero se les dice a los trabajadores que no hay dinero para cumplirles.
De la Corporación han salido recursos como aportes para viviendas e incluso para la parroquia 23 de Enero, de Caracas.
Y Rodolfo Sanz, no es un presidente gerente de la CVG, sino un político, comentó Gómez, quien se había encadenado para exigir el cumplimiento del contrato sin temer a que le ocurra, dijo, lo mismo que pasó con González, dirigente sindical de Ferrominera, quien estuvo 17 meses preso por una protesta y sigue bajo régimen de presentación ante los tribunales.
Bogar Pérez, secretario general de la Federación de la Salud en el estado Aragua, manifestó que desde el 2006 están esperando la discusión de la contratación colectiva, aunque el proyecto reposa en la Inspectoría del Trabajo.
Se han discutido los aspectos salariales, pero se ha tardado cuatro años en llegar a los relacionados con las cláusulas socioeconómicas.
Como en otras entidades federales, los trabajadores de la administración pública han perdido el seguro HCM y han pasado a un sistema de salud, que no funciona, por cuanto carecen de tratamiento médico y de medicamentos.
El gobernador Rafael Isea no dialoga, ni está dispuesto a celebrar la contratación, no obstante ser el responsable como principal empleador del estado.
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