Las condiciones de desigualdad y desconocimiento de normas esenciales en que se celebrarán las elecciones presidenciales y de legisladores estadales del próximo 20 de mayo, colocan al país ante el riesgo de culminar con unos resultados que no contarán con el reconocimiento de amplios sectores de la población, lo que redundará con seguridad en el incremento de la división, la discordia y la confrontación que ya existe entre los venezolanos.
Así lo advierte en un comunicado la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, en el cual expone que entre las medidas que afectan las necesarias condiciones de equidad, igualdad y transparencia en estos comicios, el documento destaca el hecho de que las autoridades electorales y de otras áreas han procedido a inhabilitar, utilizando diversos subterfugios con revestimiento legal, a numerosas organizaciones políticas, entre las cuales se cuentan dos importantes partidos como Primero Justicia y Voluntad Popular, así como también a destacados líderes del país que han sido inhabilitados, están presos o se han visto obligados a exilarse, como son Henrique Capriles, Leopoldo López, Antonio Ledezma y otros. De manera similar, a la alianza MUD ─habiendo sido la alianza electoral más votada en la historia del país─ le fue anulada su tarjeta electoral.
La ROE afirma que la convocatoria de la elección presidencial y de los miembros de Consejos legislativos estadales, fijada finalmente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo 20 de mayo, obedece a un mandato de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), violatorio de la autonomía y exclusividad que la constitución le otorga al CNE para la convocatoria a elecciones. Por otra parte, esta convocatoria constituye una arbitraria ruptura con la tradición del país, de celebrar elecciones presidenciales en el mes de diciembre del año en que finaliza el período.
Igualmente se cuestiona, que la convocatoria a esta elección se hizo sin la obligatoria publicación del correspondiente cronograma electoral con los lapsos y actividades previstas, como lo ordena la Ley Orgánica de los Procesos Electorales (LOPRE), y lo que es más grave, el lapso total dispuesto para su ejecución fue sustancialmente reducido, pasando de los aproximadamente seis meses que acostumbraba asignar el CNE a la organización de una elección, a la mitad de ese tiempo. Agrega que esto da lugar a que se incumplan requerimientos indispensables para garantizar la realización de una elección democrática, tales como los lapsos para la escogencia y presentación de candidaturas; los plazos para la actualización del Registro Electoral; la duración de la campaña electoral; los lapsos relacionados con los procesos de sustitución y modificación de postulaciones y con la interposición de recursos en su contra, entre otros.
Por otra parte, durante el período transcurrido de la campaña electoral ha sido manifiesto el uso recurrente de recursos del estado para la promoción de la candidatura del presidente-candidato Nicolás Maduro. En términos generales, en actos de campaña, el presidente-candidato participa en jornadas de entrega de viviendas, ofrece bonos y becas, y amenaza con suspender programas sociales si no recibe votos, lo que da a la elección un profundo sesgo.
amenazante y ventajista a su favor y constituye un ilícito electoral, agrega el documento.
La Red de Observación Electoral advierte que las autoridades electorales, judiciales y de otros poderes del país están en la obligación de librar a la nación de un indeseable escenario de conflictividad, división, discordia y confrontación, que podría verse agravado con unos resultados electorales que no contarán con el reconocimiento de amplios sectores de la población. Por ello, “les hacemos un llamado a intervenir a tiempo con equidad y sentido democrático para evitarlo”, apunta el comunicado.
