A propósito de celebrarse este jueves el día mundial de la Libertad de Prensa, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), publicó un balance sobre las violaciones a la Libertad de Expresión y los ataques a periodistas y trabajadores de medios de comunicación en nuestro país.
En este sentido, aseguran que Venezuela aumenta su deuda frente a las garantías para el ejercicio de un derecho que ha sido reconocido como un Derecho Humano fundamental.
“En cuatro meses, al menos siete medios impresos de comunicación han dejado de circular, reduciendo aún más los ya escasos espacios para el debate y para la transmisión de información”, sentencian.
Sostienen que la prensa escrita en general ha sido objeto de una política oficial desbastadora que ha forzado su cierre en varios estados del país y en particular, en lo que va de 2018, ha terminado con la existencia de los diarios El Oriental (15 de enero), La Verdad de Monagas (15 de enero), El Tiempo, en su edición para la zona centro (25 de enero), El Impulso (10 de febrero), La Región de Oriente (28 de febrero), La Prensa de Barinas (2 de marzo) y Versión Final (19 de marzo).
Señalan que estos siete de medios de comunicación se suman a los más de 40 que desde 2012 han cesado su circulación por la negativa del Gobierno nacional de facilitar el acceso a los recursos y a la materia prima que permita mantener la producción.
“Desde entonces, mediante el uso de un mecanismo de censura indirecta, la administración de Nicolás Maduro ha generado un monopolio en la importación y distribución del papel prensa, entregándolo con un criterio de premio y castigo en función de la línea editorial y ocasionando que muchos hayan dejado de existir”, sostiene el SNTP.
No hay justicia
Por otra parte, el gremio que agrupa a los trabajadores de medios de comunicación en el país, asegura que la impunidad sigue siendo un elemento muy presente frente a los delitos contra la libertad de prensa y de expresión.
“La ausencia de justicia por las agresiones, robos, secuestros, y detenciones arbitrarias contra periodistas y trabajadores de la prensa, ha generado ya un permanente clima de hostilidad que afecta sensiblemente a este sector”, precisa el comunicado.
De enero a abril, el SNTP ha registrado al menos 60 casos de vulneración al ejercicio de la libertad de expresión: enero 7, febrero 15, marzo 16 y abril 22. Hay una reducción importante con respecto del mismo período en el año 2017 (hubo 176), con la salvedad de que es una cifra que va en ascenso y que, a este fecha, en 2017, habían transcurrido 2 meses de intensas protestas de calle en los que la prensa fue brutalmente reprimida.
“De los 60 casos reportados, 21 han sido detenciones ilegales y 42 de ellos tienen como responsables o victimarios a los organismos de seguridad de Estado, siendo los más visibles los cuerpos de policías regionales y la Guardia Nacional”, puntualizan.
Finalmente explican que casi todos los casos ocurren durante la cobertura de manifestaciones por la escasez de alimentos, el alza de los precios, la deficiencia en los servicios públicos y las precarias condiciones en el sector salud.
Exigencias
En este contexto, y en el Día Internacional de la Libertad de Prensa, el SNTP exige:
- Mecanismos idóneos y transparentes para que los medios de comunicación puedan acceder a los recursos y bienes que garanticen su operación.
- Investigar la entrega de recursos, así como el uso que de ellos ha hecho el Complejo Editorial Alfredo Maneiro, responsable de la importación y distribución del papel prensa en el país.
- La implementación de reglas claras y ajustadas a los estándares internacionales para que aquellos procesos en lo que interviene el Estado, ocurran con imparcialidad y en cumplimiento de su rol de mediador y no de juez que premia o castiga, en función de la línea editorial.
- La reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, de la Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, del Código Orgánico Procesal Penal, entre otros instrumentos que imponen la censura en los medios de comunicación.
- La investigación y atribución de responsabilidades en contra los funcionarios policiales y los civiles que agreden, hostigan, detienen y roban a los trabajadores de la prensa.
- La construcción conjunta de una política comunicacional que genere garantías para el ejercicio profesional y, más importante, para que el ciudadano pueda estar informado conforme a los criterios de oportunidad, veracidad e imparcialidad previstos en la Constitución.
