Venezuela llamó a la Unión Europea (UE) a garantizar que sus instituciones financieras desbloqueen fondos del país, al rechazar nuevas críticas contra las elecciones presidenciales del 20 de mayo.
En un comunicado fechado el jueves, el canciller Jorge Arreaza reiteró que la UE optó por una «lamentable subordinación» a Estados Unidos, que considera al gobierno de Nicolás Maduro como una «dictadura» y ha aplicado sanciones económicas contra funcionarios y entidades venezolanas.
Dirigiéndose a la jefa de la diplomacia de la UE, Federica Mogherini, el ministro le pidió «realizar las gestiones justas y correspondientes para que las instituciones financieras europeas desbloqueen los fondos y transacciones del Estado venezolano».
Esas acciones, añadió, serían una «señal de independencia» frente a las «medidas coercitivas unilaterales e ilegales» del gobierno de Donald Trump.
Aunque Arreaza no detalló las instituciones ni el tipo de bloqueo que mantienen, Maduro ha señalado a la proveedora de servicios financieros Euroclear.
A fines de 2017, el mandatario aseguró que la entidad tenía congelados 1.650 millones de dólares de Venezuela, a raíz de las sanciones de Washington.
Según dijo entonces, se trataba de 450 millones de dólares líquidos y de 1.200 millones en títulos para importar alimentos y medicinas, en grave escasez en el país petrolero.
Arreaza planteó su pedido al repudiar cuestionamientos de Mogherini a los comicios anticipados del 20 de mayo -que según la UE están marcados por irregularidades-, en los que Maduro buscará un segundo período de seis años.
En una declaración el jueves, la diplomática reafirmó la disposición de los 28 países europeos a adoptar las «medidas apropiadas» ante cualquier decisión que «siga socavando la democracia» venezolana.
Al mismo tiempo, la UE descartó una invitación de Venezuela a participar como observadora en las votaciones.
Caracas insistió en que «el sistema electoral es una de las mayores fortalezas» de su democracia, y renovó dicha invitación.
En noviembre, el bloque comunitario aprobó un primer paquete de sanciones contra Venezuela con un embargo de armas y de material susceptible de usarse para la «represión interna», tras las protestas contra Maduro que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio de 2017.
En enero amplió las sanciones con medidas contra siete altos cargos del país.
