Talante autoritario de los gobiernos, inestabilidad política y económica y violación a los derechos de propiedad son algunas de las características de los veinte países peor puntuados en el Índice de Calidad Institucional 2018 (ICI 2018), de los cuales forma parte Venezuela por segundo año consecutivo, al ubicarse en el puesto 183 del instrumento, lo que también la ubica como el país con las instituciones más débiles de todo el continente americano.
Esta conclusión es planteada por el economista argentino Martin Krause, autor del ICI 2018, una iniciativa de la fundación Friedrich Naumann y de la Red Liberal de América Latina (Relial), de la cual forma parte el Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad). De hecho, el documento cuenta con un ensayo elaborado por Víctor Maldonado, segundo vicepresidente de la organización venezolana, quien destaca que “un país sin reglas del juego claras, consistentes y estables, enfocados en transitar la ruta de la prosperidad productiva termina siendo objeto del saqueo de quienes lo gobiernan”.
A nivel mundial, Venezuela obtuvo una peor evaluación que países que han pasado por conflictos armados, como Irak o Afganistán, o por crisis socioeconómicas, como Zimbabue.
El ICI, que se lleva a cabo desde el año 2007 y abarca hasta 1996 se elabora a partir de ocho indicadores: seguridad jurídica, voz y rendición de cuentas, libertad de prensa, percepción de corrupción, competitividad global, libertad económica y facilidad para hacer negocios, los cuales son medidos a través de instrumentos elaborados por organizaciones como Transparencia Internacional, Fraser Institute y el Banco Mundial.
En el ICI 2018, los primeros puestos fueron para Nueva Zelanda, Suiza, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia, mientras que regionalmente los primeros puestos los obtuvieron Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Barbados y Chile.
Corrupción en la palestra
“Justicia y corrupción” fue el tema central del ICI 2018, un tema pertinente al juzgar cómo escándalos como el de los sobornos de la empresa brasilera Odebrecht (que salpicaron a toda la región, incluida Venezuela) han incidido en las instituciones políticas y económicas de los países.
Al respecto, Krause resalta en el ICI 2018 la relación entre la necesidad de una adecuada división de poderes (elemento esencial de la calidad institucional), la administración de justicia y la lucha contra la corrupción, la cual no solo afecta los recursos públicos, sino que además “debilita y destruye los valores que sostienen a las instituciones necesarias para garantizar los derechos de los ciudadanos y ofrecerles mejores oportunidades de progreso”.
