Hace poco informa la prensa que la célebre Rosita, cuyo nombre basta y me basta para esta columna, será juzgada en libertad. ¡Enhorabuena!
“Miren como el sembrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardando pacientemente”, reza la Escritura.
A la artista de novelas, voluptuosa y ahora célebre, quien no pierde su sonrisa tras las rejas de la comisaría que le ofrece albergue transitorio y es, por lo demás, militante de Podemos, se le acusa de relaciones con los “pranes” -con uno de ellos en lo particular, a quien le habría facilitado su fuga-. Se trata de presos condenados o en espera de sentencia quienes ejercen su autoridad total dentro de las cárceles venezolanas.
Son personajes lúgubres quienes, en defecto de los poderes públicos regulares o por delegación fáctica que éstos hacen de sus competencias por compartir con aquéllos identidad política, hoy fungen de verdaderos padrinos. Son jefes de las mafias enquistadas en los infiernos penitenciarios, donde corren ríos de sangre, drogas, armas y promiscuidad.
En la memoria del país se mantiene presente la última crisis carcelaria, ocurrida en El Rodeo. Desde entonces la opinión sabe y conoce de “pranes”. Con ellos negocia suelto y complacido, complaciéndolos, el actual Presidente de la Asamblea Nacional, teniente Diosdado Cabello.
Ambas partes, sobretodo la que el último representa, buscan ponerle fin a la orgía de muertos y secuestros que ocurre rejas adentro, durante cada día y mes de los años más recientes. Pero esa relación estrecha entre el Estado y los pranes es cosa oculta para la contrarrevolución, a un punto tal que por hacer pública la masacre provocada por éstos, en 2011, Globovisión es objeto de una severa sanción administrativa dispuesta por el gobierno del delfín Cabello.
Pero el cuento viene al caso no tanto por la predicada relación entre el mundo de los pranes y la acción que se le imputa a Rosita. La misma pone de carreras al último ministro del interior, Tarek El Aissami, designado por el Comandante Presidente como candidato a gobernador por el estado Aragua. Y lo relevante es lo que ocurre luego, una vez como el ex ministro de marras toma nota del desaguizado de ésta y le demanda a la opinión que no la condenen anticipadamente.
Debo decir que ahora me causa una impresión favorable El Aissami. La circunstancia -no reparo en sus móviles de fondo- lo obliga a rectificar, y lo hace. La presunción de inocencia como derecho y en salvaguarda de la dignidad de toda persona judicialmente perseguida, por vez primera llega a la mesa del poder; esa que condena a sus adversarios antes de que se les investigue o juzgue, en pocas palabras y como lo hace Marcos Pérez Jiménez a raíz del 18 de octubre de 1945, esa que ordena que se les dispare primero y luego averigüe.
La juez quien conoce del asunto de Rosita, a contravía del credo y la práctica revolucionarias dominantes le asegura sus derechos humanos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Ordena que se le enjuicie en libertad, como lo mandan los instrumentos internacionales y constitucionales que reconocen y garantizan los derechos mencionados. En pocas palabras, hace respetar el Derecho, y el derecho a los derechos.
El diálogo posterior del que informa la misma prensa, habido entre la cabeza del Circuito Judicial que juzga a Rosita y sus abogadas, preocupadas por el retraso de la juez competente para aceptar a uno de los tres fiadores de la famosa defendida, apenas modera la sorpresa que acusa lo que es insólito e inesperado.
Luego de 14 años de revolución el Poder Judicial penal deja de ser lo que de él hizo el exilado Coronel Eladio Aponte Aponte, bajo instrucciones del gobernante reelecto y ahora candidato a transformarse, como Guzmán Blanco, en objeto de la adoración perpetua.
No dejo de pensar, por ende, en la realidad dolorosa de nuestros presos políticos -que poco ocupan la atención de esa “nave de los locos” a la que se refiere Carlos Raúl Hernández en su más reciente columna. Y a diario tengo presente, además y por lo demás, a los “presos por capitalistas” y a los exilados. Ellos se suman a los anteriores y adquieren en buena lid igual calificación de políticos encarcelados.
En los regímenes marxistas y dictatoriales sus primeros y más enconados adversarios son, justamente, los dueños del capital. Para éstos y aquéllos sigue en vigencia la máxima de nuestro Supremo Tribunal, explicitada por mi condiscípulo y magistrado Fernando Vegas Torrealba: dentro del socialismo y la revolución todo cabe, hasta el presunto delito de Rosita, fuera de ella nada.
Rosita es así un buen principio que, ojalá, se haga esperanza cierta y permita que todos los derechos sean para todos, sin discriminación.
