Ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo de la Región Centroccidental acudió el abogado Miguel Peña, junto con otros jóvenes, para introducir un recurso de amparo contra el Consejo Nacional Electoral por considerar que este organismo violenta los derechos constitucionales al negarle a los universitarios inscribirse en el Registro Electoral en sus casas de estudios.
Peña, dirigente de Acción Democrática, dijo que en reiteradas oportunidades los estudiantes sostuvieron conversaciones con el profesor Enrique Carrasquero, director del CNE en el estado Lara, para plantearle la necesidad de que los jóvenes que ya han cumplido 18 años o lo cumplirán antes del 7 de octubre -día de las elecciones presidenciales- puedan ejercer su derecho.
Aunque los diálogos habían sido muy amistosos y cordiales, no fue posible lograr el objetivo solicitado, ya que la rectora Sandra Oblitas, del Registro Electoral, mediante una información dada a los medios de comunicación, negó esa posibilidad de plano.
Tal actitud de la mencionada funcionaria ha perjudicado a los estudiantes que cursan en las universidades y en lo que respecta a Lara a quienes cursan en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Fermín Toro, Yacambú, Politécnico y Pedagógico, por cuanto no se ha permitido la instalación de las máquinas para que los interesados puedan formular su inscripción.
Claro está, la rectora Oblitas ha actuado como militante y activista del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y como tal ha acatado el mandato de esta organización que no ha podido lograr ganar ninguna elección en las casas de estudios superiores porque el estudiantado masivamente es democrático.
En nombre de los afectados estamos solicitando al tribunal un pronunciamiento, por cuanto evidentemente se está violando el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que le concede los derechos políticos a todos los venezolanos y venezolanas.
El CNE está obligado a propiciar las condiciones idóneas para que la población pueda ejercer su derecho al sufragio, motivo por el cual la rectora Oblitas está actuando contra la Constitución y por ello sustentamos nuestro recurso, esperando que el tribunal, tal como está contemplado en la ley, decida en el término de tres días.
Esperamos que lo haga así para que el 9 de este mes, cuando se reanuden las clases, los estudiantes puedan inscribirse, ya que el plazo de inscripción concluye el 15 de los corrientes.
Foto:Ricardo Marapacuto
