#ESPECIAL Universidades aniquiladas desde el Poder

La Dra Mayda Hocevar, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, presentó recientemente en la Sala de Conferencias del edificio de Postgrado del Decanato de Ciencias Económicas de la UCLA el Informe El Pensamiento bajo amenaza, producto del monitoreo de derechos a la libertad académica y autonomía universitaria en seis universidades del país en los últimos 15 años.

Dada la situación de incertidumbre que experimenta la UCLA, sobre el destino inmediato de la selección de sus autoridades y los altos niveles de afectación de sus condiciones de funcionamiento, la Cátedra de DDHH de la Universidad y la Coordinación de Extensión del Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales consideraron pertinente difundir dicho informe, que enmarca la situación general que experimenta hoy la universidad venezolana.

• A partir de 2003 se observa la erosión de la autonomía universitaria y la libertad académica con la creación de universidades subordinadas al Ejecutivo, seguida por el desconocimiento y desmontaje progresivo del marco jurídico y, finalmente, con el desarrollo de una nueva institucionalidad en las políticas sobre educación superior, cuya base es un sistema paralelo de universidades, pero que se extiende a otras estructuras y asociaciones necesarias para el funcionamiento del sistema universitario.
• En 2009 es aprobada Ley Orgánica de Educación, en la cual se plasma de manera expresa la concepción del Estado docente y se anticipan algunos supuestos que posteriormente serán aplicados a la educación universitaria.
• En 2010 la Asamblea Nacional aprueba la Ley de Educación Universitaria que, pese a haber sido vetada por el Presidente en enero de 2011, ha sido impuesta por la vía de los hechos a partir de entonces.
• Desde 2014 el Ejecutivo impuso un nuevo modelo de asignación de cupos, privilegiando criterios no académicos en la decisión sobre el ingreso de estudiantes a las universidades. Como consecuencia de este sistema impuesto se amplió significativamente la brecha entre estudiantes con cupo asignado y estudiantes que, en efecto, consignaron los recaudos para formalizar su ingreso.
• En 2015 el Ejecutivo dictó el Sistema de Formación Permanente del Docente Universitario, que impone unilateral y verticalmente una visión de lo que debe ser la universidad y el docente y, por ende, su proceso de formación.
• En los últimos años se han registrado eventos que dan cuenta de la forma en que las universidades, sus autoridades o miembros han sido blanco de amenazas, ataques intimidatorios o de descrédito, o de actos de criminalización o agresión, por sus actividades o labor académica o por su condición de miembro de la comunidad académica.
• Profesores de diversas universidades han sido detenidos o acosados por funcionarios de órganos de seguridad del Estado a causa de sus opiniones profesionales sobre la situación crítica de servicios como salud, energía eléctrica o infraestructura. Estas descalificaciones también alcanzan a estudiantes y sus representantes quienes han sido calificados como terroristas, golpistas o conspiradores por altos funcionarios del Estado.
• Represión: El movimiento estudiantil ha sido severamente reprimido en el ejercicio de su derecho a la protesta pacífica. Más de 3.000 personas fueron detenidas en el marco de protestas en 2014, con un perfil predominante: estudiantes, de sexo masculino, con edades entre 18 y 25 años.
• La reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) de 2010, mediante la cual el gobierno centraliza en un fondo todos los recursos públicos y privados destinados a la investigación científica, excluyendo al sector académico y empresarial de la toma de decisiones e incorporando en su lugar a las comunas.
• El derecho a la asociación ha sido severamente afectado por la aplicación de facto de la vetada Ley de Educación Universitaria de 2010, toda vez que las estructuras asociativas contempladas en dicha ley se están aplicando mediante la creación de condiciones impuestas desde el Ejecutivo.
• Desde 2010 el CNU no ha autorizado la creación de nuevas ofertas académicas, ni nuevas menciones en las carreras existentes en universidades nacionales autónomas o privadas. En ese mismo período, se han abierto nuevas carreras y menciones en el sistema universitario paralelo.
• Desde 2012 la Sala Electoral del TSJ ha interferido sistemáticamente en los procesos electorales de las universidades mediante decenas de sentencias que obstaculizan el pleno ejercicio del autogobierno. Tan solo entre 2012 y 2015, la Sala Electoral dictó 43 sentencias que afectan procesos electorales en universidades del país, tanto de autoridades, como de la representación estudiantil.
• Desde el 2013 la represión de las protestas estudiantiles cuenta también con la participación de civiles armados que actúan solos o en colaboración con las fuerzas de seguridad oficiales.
• Durante las protestas nacionales del 2014 más de 20 universidades fueron atacadas, verificándose en muchos de estos ataques la participación de civiles armados que actúan con la tolerancia de las autoridades o en coordinación con éstas.
• A mediados de 2016 los patrones de detención sufrieron nuevos agravantes, ya que los tribunales comenzaron a dejar detenidos a los estudiantes, pese a que el Ministerio Público no presentaba cargos; también se presentaron casos en los que los tribunales acordaron la libertad condicional y los cuerpos de seguridad a cargo de los detenidos se reusaron a acatar la decisión judicial. En otras ocasiones, se aumentó el número de fiadores exigidos para otorgar medidas sustitutivas a la prisión y/o se incrementó la cuantía de ingresos medidos en Unidades Tributarias que debían tener los fiadores.
• Durante la primera mitad de 2017 se produjo un incremento de la represión que resultó en centenares de heridos y fallecidos. Al menos 20 estudiantes fueron asesinados en este contexto, la mayoría como consecuencia del disparo directo o a corta distancia de bombas lacrimógenas, o por heridas provocadas por cartuchos modificados que contenían en su interior metras (canicas) u objetos metálicos.
• Desde mediados de 2017, con la activación del llamado Plan Zamora, se ha activado la justicia militar en contra de civiles. Varios profesores universitarios, estudiantes y empleados se encuentran sometidos a la jurisdicción militar, algunos de ellos detenidos en condiciones infrahumanas, con el consecuente deterioro de su salud.
• Inseguridad: en los recintos universitarios y sus alrededores se ha incrementado considerablemente, obligando a reducir o eliminar horarios de clases nocturnos. Igualmente, se ha visto afectada la calidad de la enseñanza debido al robo de equipos e insumos.
• Deserción: La matrícula oficial, según reportes de las autoridades, colocaría a Venezuela con una de las tasas de cobertura más altas del mundo (83%); sin embargo, no se tiene acceso a datos que permitan validar la veracidad de esta cifra, ni evaluar indicadores de retención, permanencia, deserción y rendimiento académico. Por el contrario, cifras parciales disponibles indican un ascenso preocupante en los niveles de deserción.
• Presupuesto: Las universidades públicas han venido siendo sometidas a lo que sus autoridades denominan un cerco o asedio presupuestario. Los presupuestos aprobados para el año correspondiente siempre son insuficientes y repetidos.
• Control cambiario: Genera dificultades para el acceso y la administración de divisas, con un impacto en diversos procesos de las universidades que incluyen movilidad de docentes, investigadores y estudiantes, adquisición y actualización de equipos y servicios tecnológicos, adquisición de libros y la afiliación a índices o revistas internacionales y mantenimiento de alianzas y adhesiones a redes internacionales de investigación o de intercambio académico.
• Éxodo: De docentes e investigadores con experiencia (estimado en un 50%), así como a una reducción considerable de los fondos destinados a la actualización de laboratorios, bibliotecas y otros equipos necesarios para la docencia e investigación.
• Universidades privadas: Viven bajo la amenaza permanente de fijar un precio de matrícula muy por debajo del límite mínimo que permita su funcionamiento.
• 26 universidades son tuteladas desde el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones interiores, justicia y paz.
• Instancias paralelas: El desplazamiento de las universidades autónomas en esta nueva institucionalidad se ha reflejado en el fomento de instituciones paralelas plegadas a la agenda del Ejecutivo con el objetivo de fomentar la ingobernabilidad en las universidades autónomas a lo interno y asegurar el control desde el Ejecutivo. Frente a la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) se creó la Asociación de Rectores Bolivarianos (ARBOL); frente a la Federación de Centros Universitarios (FCU) se creó la Federación Nacional de Estudiantes (FNE); frente a la Federación de Asociaciones de profesores universitarios (FAPUV) se creó la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FETRAUVE).
• Más del 80% de la investigación que se realiza en el país se produce desde las universidades, el deterioro de la infraestructura tiene un impacto directo en las posibilidades del progreso científico a nivel nacional.

Fuente: Informe El Pensamiento bajo amenaza, Situación de la libertad académica y la autonomía universitaria en Venezuela (Octubre-2017).