Trabajadores del Central Azucarero Santa Clara, del estado Yaracuy, tomaron este jueves la Inspectoría del Trabajo José Pío Tamayo, como medida de protesta luego de que el Ministerio del Trabajo rechazara una denuncia interpuesta por los trabajadores en contra de la empresa.
En detalle, desde hace 6 meses los representantes sindicales denunciaron ante el ente laboral, el despido de más de 200 personas quienes fueron desincorporados de sus funciones sin ninguna justificación, y sin recibir la justa indemnización que ordena la Ley Orgánica del Trabajo.
Sin embargo, la denuncia fue rechazada este jueves, con argumentos poco contundentes según explicaron los manifestantes. «Las 200 personas despedidas tenían más de 17 meses trabajando de forma ininterrumpida.
Nunca se les firmó un contrato y luego los despidieron sin ninguna consideración, en total contradicción con lo que expresa la reforma de la ley», expresó Antonio García, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera Santa Clara.
Explicó el sindicalista que el caso inicialmente se desarrolló en Yaracuy, pero luego se transfirió la competencia a la Inspectoría Pío Tamayo, en Barquisimeto. «Se tomó una decisión en contra de los trabajadores. Han intentado amedrentarnos, diciendo que nos van a meter presos por defender nuestros derechos».
En este sentido, los manifestantes señalaron que «ojalá a las empresas del Estado se les exigiera igual que a las empresas privadas, donde los procedimientos sí prosperan».
Hicieron un llamado al Gobierno Nacional a revisar el desempeño de estas dependencias, en aras de que los derechos de los trabajadores sean respetados. «Ahora dicen que el caso será trasladado a Trujillo. Esto es un abuso», dijeron.
Los manifestantes denunciaron maltrato de parte de funcionarios de seguridad del Ministerio del Trabajo, quienes presuntamente profirieron todo tipo de amenazas para obligarlos a cesar la manifestación.
No obstante, los trabajadores afirman que seguirán las protestas en Lara y Yaracuy hasta obtener el reenganche inmediato que demanda la ley.
Foto: Elías Rodríguez