Fiscales estadounidenses creen que Rafael Ramírez, expresidente de la paraestatal venezolana PDVSA y exembajador ante la ONU, recibió sobornos como parte de una red multimillonaria de corrupción en la industria petrolera de Venezuela, según un funcionario al tanto de la investigación en Estados Unidos.
Ramírez, que era uno de los funcionarios más poderosos de Venezuela hasta que renunció a su puesto en las Naciones Unidas en diciembre, es señalado de haber recibido, aunque no es formalmente encausado en un acta acusatoria contra otros cinco altos funcionarios que fue dada a conocer parcialmente el lunes.
En ese documento, fiscales en Houston alegan que dos de los individuos acusados les dijeron a empresarios que lo que recibieran en sobornos a cambio de contratos con PDVSA sería compartido con un alto funcionario venezolano, identificado solamente como «Funcionario B».
El político venezolano que no fue nombrado es Ramírez, según un funcionario estadounidense que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque carecía de autorización para discutir el tema.
En 2016, la Asamblea Nacional de Venezuela, encabezada por la oposición, denunció que 11.000 millones de dólares desaparecieron de PDVSA entre 2004 y 2014, cuando Ramírez estuvo a cargo de la empresa. En 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a un banco en Andorra de lavar unos 2.000 millones de dólares robados de PDVSA.
Ramírez ha negado haber cometido delito alguno y ha aseverado que la pesquisa de Estados Unidos sobre PDVSA es un intento políticamente motivado de socavar al gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro. Después de renunciar como embajador ante la ONU Ramírez salió de Estados Unidos hacia un lugar desconocido, y no respondió de inmediato a una solicitud para conocer su opinión de los más recientes señalamientos.
Fiscales en Estados Unidos y en Venezuela han estado acercándose lentamente a su círculo de allegados.
Entre los funcionarios que sí fueron formalmente acusados el lunes está el exdirector de seguridad corporativa de PDVSA, Rafael Reiter, que con frecuencia aparecía junto a Ramírez en público, así como un exviceministro de Energía, Nervis Villalobos, que a veces fungía como director interino de PDVSA cuando Ramírez hacía viajes oficiales al extranjero. Ambos fueron detenidos en España en octubre bajo órdenes de arresto estadounidenses y aguardan su extradición, junto con un tercer ex funcionario, Luis Carlos de León.
Por otro lado, Ramírez también es objeto de una investigación penal en Venezuela por embolsarse un porcentaje del monto total de los contratos petroleros orquestados por socios suyos, incluido su primo Diego Salazar, quien fue arrestado en diciembre. Ramírez ha denunciado la pesquisa venezolana como una represalia por su decisión de romper con Maduro, al que acusó de arruinar la otrora próspera industria petrolera de Venezuela y de abandonar los ideales socialistas del fallecido mandatario Hugo Chávez.
Gran parte de la evidencia reunida por los fiscales se deriva de un caso en Houston contra dos empresarios venezolanos radicados en Estados Unidos, Roberto Rincón y Abraham Shiera, que en 2015 fueron acusados de violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero al pagar sobornos a cambio de obtener contratos para construir generadores eléctricos para PDVSA en una época en que Venezuela padecía apagones generalizados. Ellos son parte de un grupo de 10 individuos y funcionarios que se han declarado culpables en relación con las pesquisas de Estados Unidos sobre corrupción en PDVSA.
Según el documento acusatorio divulgado el lunes, funcionarios de la paraestatal se acercaron a ambos hombres en 2011, año en que la compañía tenía problemas de flujo de efectivo y estaba atrasada en sus pagos con varios proveedores. Los funcionarios, mencionados en la acusación formal como el «equipo gerencial», le ofrecieron a las empresas de Rincón y Shiera darles prioridad sobre otros proveedores y negocios futuros a cambio del 10% de todos los pagos recibidos. A lo largo de los años siguientes, ambos hombres supuestamente enviaron más de 27 millones de dólares a una cuenta en Suiza en la que Villalobos y De León tenían firmas autorizadas.
De León y Villalobos les explicaron a los empresarios que los sobornos serían compartidos con el «Funcionario B» y con otro del que no se proporcionó su nombre y al que aún no se le levantan cargos.
En mensajes de texto, los presuntos implicados usaron términos ambiguos, como «ración» y «dulce» para referirse a los sobornos, e incluso intercambiaron gráficas de cuánto se debía.
Los fiscales alegan también que los empresarios compraron regalos costosos para los acusados y sus socios, entre ellos una bolsa de mano de 10.000 dólares y unas vacaciones en las Bahamas.
También, a nombre de Reiter, supuestamente compraron un condominio en el hotel Four Seasons de Miami, un vehículo blindado e invirtieron en una película.
Ninguna de las empresas fantasma ni de las cuentas bancarias empleadas para ocultar los sobornos parecen haber estado a nombre de Ramírez.
Sin embargo, en 2014, Reiter le envió a Rincón facturas de clases de inglés que tomaban dos de los hijos del Funcionario B por una cantidad de más de 25.000 dólares. Una semana después, se transfirieron a la escuela fondos por el mismo monto desde una compañía controlada por Rincón.
