Según la teoría política, las elecciones libres constituyen el pilar fundamental de la democracia y la fuente primordial de legitimación del sistema político. En los últimos años ha cristalizado una corriente de pensamiento que destaca el valor de las instituciones sin las cuales es imposible celebrar elecciones justas.
Cuando hablamos de elecciones la competitividad es un factor fundamental. El politólogo Giovanni Sartori la describe como la posibilidad de que el sistema permita la alternancia de poder. Y no hay, según el maestro italiano, competitividad si las diferentes organizaciones políticas no concurren a las elecciones en igualdad de condiciones.
En el ámbito de las elecciones competitivas, los partidos políticos se convierten en los actores centrales, porque representan los diversos intereses y aspiraciones de los ciudadanos. Es por esta razón que en las democracias consolidadas el principio de la representación proporcional constituye la fórmula por excelencia para lograr la representación más fiel de toda la sociedad, incluyendo, por supuesto, a los sectores minoritarios.
En nuestro país, desde hace una década, se han tomado decisiones que reducen significativamente la competitividad de las elecciones, pero no fue sino hasta el año pasado cuando se alteró por la vía legal el sistema de partidos venezolano.
Hace apenas un año y cumpliendo un mandato del TSJ, el CNE ordenó a los partidos la renovación de sus nóminas. Recordemos que en las elecciones parlamentarias de 2015 numerosos partidos renunciaron a sus tarjetas y se agruparon en alianzas electorales en torno a la MUD y al Gran Polo Patriótico.
Esta renovación de nóminas redujo considerablemente la cantidad de partidos del sistema, debido a las dificultades técnicas y a los lapsos perentorios exigidas por el ente electoral.
Posteriormente, en diciembre de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente, contraviniendo la Ley de Partidos Políticos aún vigente, ordenó una nueva renovación de los partidos, aduciendo que cinco partidos que no participaron en las elecciones locales debían renovar de nuevo su nómina. Entre estas organizaciones estaban las tres más representativas de la oposición: Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular.
El sobrevenido proceso de renovación dejó por fuera a Primero Justicia, que no pudo obtener la cantidad de firmas necesarias. El CNE violó su propio reglamento cuando le impidió a la tolda amarilla asistir al proceso de reparo para completar las firmas.
Voluntad Popular decidió no participar en la validación por considerarla inconstitucional, al tiempo que AD se convirtió en el único partido que superó la prueba.
De igual manera, el TSJ impidió que la MUD se validara echando mano de la peregrina tesis de “la prohibición de la doble militancia”. Previsiblemente, esta decisión dejó sin representación a los partidos más importantes de la oposición, cuando, en principio, el CNE le había permitido validarse con la excepción de los estados en donde hay juicios por fraude en las firmas para convocar el fallido referendo revocatorio.
Según la Ley de Partidos Políticos, la cancelación de un partido se produce cuando este obtuvo su inscripción de manera fraudulenta o su actuación no se ajusta a las normas legales. No obstante, en nuestro país, los procesos de validación sirvieron para la cancelación de los partidos.
Estos procesos alteraron aún más las reglas de juego e introdujeron nuevas inequidades que restringen la oferta.
La consecuencia más dramática de esta situación es que las elecciones se vacían de contenido y dejan de cumplir su función de legitimar a los gobernantes, y de dirimir los conflictos de la sociedad de manera pacífica.
Sin competitividad y bajo un sistema que tiene la posibilidad de escoger a los adversarios, no es posible la alternancia de poder. Las elecciones bajo un sistema no competitivo solo sirven para legitimar puertas adentro a quienes ya detentan el poder.
Así las cosas, Venezuela avanza rápidamente hacia la consolidación de elecciones no competitivas y un sistema de partido único.
