Representantes de varias instancias adscritas a la Gobernación del estado Lara se acercaron a la sede del diario EL IMPULSO para consignar “pruebas” que desestiman las reiteradas acusaciones hechas en contra de la gestión de Henri Falcón.
Rosángela Pereira, presidenta de Cortulara; Danela Romero, presidenta de Funrevi; Yleana Guarenas, Dirección General Sectorial de Salud, junto a Verónica Aguesi y Malu Ceresa, asesoras jurídicas de la gobernación, mostraron documentos que comprueban que el mandatario local nunca ha actuado al margen de la ley.
Sobre la consolidación de Plan Operativo Anual realizado en 2011, Malu Ceresa, especialista en Derecho, explicó que la Constitución del estado Lara, así como la Ley de Administración Pública del estado Lara, y la Ley de Administración Financiera del estado Lara, conceden al gobernador la potestad de reglamentar las leyes.
“En este caso, cuando se consolidó el PAO, que debería ser revisado por el Consejo Legislativo de Lara para su aprobación, el Consejo Estadal de Planificación y Políticas Públicas nunca se reunió, nunca debatieron”, explicó Ceresa.
“En vista de esto, el gobernador dispuso del artículo 81, numeral 2, de la Constitución del estado, así como del artículo 13 de la Ley de Financiamiento, para la consolidación y aprobación del PAO, lo que evitó la paralización de los servicios públicos del estado”, indicó.
La abogada manifestó que en reiteradas ocasiones se libraron las notificaciones para la conformación del Consejo Estadal de Planificación, “se hizo el primer llamado el 14 de noviembre, otro el 21 del mismo mes, el tercer y cuarto se realizaron el 9 y 12 de diciembre”.
Recordó la abogada que, como se pudo establecer quórum, el gobernador Falcón se valió del Reglamento del Consejo Estadal de Coordinación y Políticas Públicas, hecho por el ex gobernador Luis Reyes Reyes y que establece la posibilidad de llevar a cabo la sesión por potestad del gobernador después de una hora en espera y con las personas presentes.
Sobre las denuncias hechas en materia de Salud, Yleana Guarenas reveló las pruebas que lo absuelven de todas las acusaciones que se hacen en su contra.
“Presumimos que éstas son las denuncias porque en la sesión de la Asamblea Nacional, solicitamos el expediente de las acusaciones y aún no nos lo han facilitado”.
Guarenas indicó que, luego de ir a la AN en tres ocasiones, el pasado 7 de agosto se dio la comparecencia ante la AN. “Allí expusimos todas las gestiones que se han hecho y demostramos la honestidad, transparencia y eficacia de la Dirección”.
Otro de los aspectos en torno a los cuales la representante de salud presume se hace una investigación es el crédito adicional pedido por su despacho al Ministerio de Salud en 2010, para gastos de funcionamiento y de personal. Explicó que se aprobaron 5 millones para el funcionamiento y 23 para el pago de personal”.
Por último, Guarenas, indicó que el dinero fue aprobado en Gaceta Oficial el 7 de diciembre de ese año, pero no fue hasta el 22 cuando se depositó en el antiguo banco Casa Propia, por disposición de la ministra de Salud de aquella época. Luego de esperar unos soportes, el dinero es ingresado al presupuesto el 27 y 28 de diciembre, cuando se comprometen para el pago.
En enero se inicia el pago, que se cumplió hasta un 80% de los beneficiados en las 14 nóminas. Sin embargo, el 27 de enero es intervenido el banco, por lo que el resto quedó represado.
“(Pedro) Carreño muestra un desconocimiento de las leyes, cuando dice que después del 7 de diciembre podíamos pagar, pero no es así. Debíamos esperar los soportes, el depósito del ministerio y la integración del dinero al presupuesto de la Gobernación”, indicó.
Fotos: Ricardo Marapacuto
