La negociación que busca una salida a la crisis en Venezuela pisa terreno pantanoso: la oposición canceló este jueves su asistencia a Santo Domingo, donde debía reunirse con el gobierno, presionado por nuevas sanciones de la Unión Europea.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) canceló su viaje a Santo Domingo por la controversia sobre la muerte del piloto rebelde Óscar Pérez y la inasistencia de los cancilleres de Chile, Heraldo Muñoz, y de México, Luis Videgaray, según anunció en un comunicado.
La MUD exigió al ministro de Interior, Néstor Reverol, «una rectificación» por haber afirmado que en la negociación delegados opositores dieron información que permitió hallar a Pérez, protagonista de sonadas acciones contra el gobierno y muerto el lunes en un operativo que la Iglesia católica venezolana tildó de «horrible masacre».
«Reverol le mintió a los venezolanos, sus declaraciones obstaculizan la reunión», dijo el diputado Luis Florido, uno de los negociadores de la MUD.
Para la cuarta ronda del diálogo que empezó el 1 de diciembre, sólo llegaron a Santo Domingo los cancilleres Fernando Huanacuni, de Bolivia, y Denis Moncada, de Nicaragua, ambos países invitados a las pláticas por el gobierno de Maduro.
«La presencia de los cancilleres es indispensable para continuar, por lo que una nueva reunión debe contar con la participación de todos ellos», acotó en su carta la MUD, cuyos canciller invitados son los de México y Chile.
El parlamentario Enrique Márquez, también negociador de la MUD, confirmó a la AFP que, aunque faltaron a la cita, buscan un «consenso para una nueva fecha». Por su parte, pese a la ausencia de la oposición, el principal delegado del gobierno, Jorge Rodríguez, anunció que viajaría a Santo Domingo en la tarde.
El director de Comunicación de la Cancillería dominicana, Hugo Beras, indicó que el canciller de su país, Miguel Vargas; el exjefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y los cancilleres de Bolivia y Nicaragua estaban reunidos para definir la «fecha más conveniente» en que se retomará.
Más presión
Mientras se recrudecían las tensiones en torno al diálogo, representantes de los países de la Unión Europea (UE) en Bruselas dieron este jueves su visto bueno a la adopción de sanciones contra responsables de la «represión» y la crisis política en Venezuela.
«Los embajadores acordaron nuevas listas para imponer medidas restrictivas vista la situación en Venezuela», indicó una fuente diplomática a AFP.
Las sanciones buscan «apoyar el proceso de diálogo», indicaron fuentes europeas, subrayando que «hay que seguir presionando».
Las medidas incluyen una congelación de activos y la prohibición para los sancionados -siete personas, según fuentes diplomáticas- de viajar al bloque, a tono con la política de Estados Unidos y Canadá, que en 2017 impusieron medidas similares.
Tras celebrar la decisión de la UE, Human Rights Watch pidió a los doce países del Grupo de Lima intensificar la presión sobre el gobierno de Maduro, sancionando a sus autoridades y acusando a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI), por «crímenes de lesa humanidad».
«A punto de colapsar»
Pero la crisis del diálogo va más allá de los señalamientos de Reverol y la ausencia de los cancilleres.
La MUD denunció que el gobierno «no ha destrancado los nudos que quedaron pendientes en la última reunión sobre temas muy importantes» en materia «electoral e institucional».
La analista Colette Capriles es optimista y considera «normal» que el proceso tenga pausas: «Una negociación no es un proceso lineal y sin obstáculos. El tiempo no favorece al gobierno y creo que la negociación continuará», dijo a AFP.
Pero el politólogo Luis Salamanca cree que la negociación está «a punto de colapsar», porque para el gobierno es «demasiado peligroso» ceder en las exigencias de la oposición, especialmente en dar garantías para las presidenciales de este año, en las que Maduro buscará la reelección.
«Lo que ocurrió con Pérez pone en evidencia que el gobierno quizá quiere dinamitar el proceso. La oposición debe mantenerse, pero el proceso está muy volátil, está guindando, está a punto de colapsar», advirtió el analista.
Antes de morir, Pérez, quien decía luchar contra la «dictadura», denunció en un video durante la operación que las fuerzas de seguridad les disparaban a él y sus hombres pese a que querían entregarse. Sus familiares y grupos de derechos humanos hablan de «ejecución extrajudicial».
El gobierno asegura que los rebeldes, a quienes acusaba de «terroristas», abrieron fuego contra los agentes del orden y se produjo un fuerte enfrentamiento armado.
