El gobierno nacional al parecer se encuentra ejecutando desde hace años, un plan que tiene como objetivo fundamental acabar con el aparato productivo del país, teniendo como ejemplos claros las expropiaciones a empresas, la Ley de arrendamientos o los más recientes saqueos controlados contra tiendas de ropa, zapatos y supermercados privados.
Así lo manifestó el director general de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios (Atraem), Alfredo Padilla, quien denunció que el régimen busca acabar con los microempresarios del país al no permitirles obtener una legitima ganancia.
“El dueño de un negocio al comprar la mercancía para venderla debe añadirle al costo final una serie de variables, las cuales incluyen traslado, pago de impuestos, mobiliario, sueldo de empleados, además de su legitima ganancia que ronda el 30%, esto al parecer no es entendido por el Gobierno”, comentó.
Califica las medidas de la Sundde, como una sentencia de muerte para los comercios.
“Cualquier comercio sea de ropa o alimentos es quebrado automáticamente cuando la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos SUNDDE obliga a propietarios a vender su mercancía casi a precio de costo, olvidando la hiperinflación que vivimos e imposibilitando a este de reponer su inventario”, dijo.
Padilla señaló que este tipo de acciones traen como consecuencia que el esfuerzo del pequeño comerciante de ropa o el dueño de una pequeña bodega se esfume en cuestión de horas.
“Al no poder comprar la popular harina pan el venezolano ha tenido que usar técnicas primitivas comprando maíz y moliéndolo para poder hacer arepas, exponiéndose a altos riesgo sanitarios solo por las pésimas políticas económicas del Estado”, señaló.
Aseguró que a pesar de esta dura realidad el comerciante y emprendedor se niegan a morir y a entrar en el mundo delictivo, utilizando una creatividad extrema para poder sobrevivir.
“Estamos convirtiendo el quiosco en venta de verduras o lo que pueda comprar el consumidor o ante la escasez de efectivo el bodeguero al igual que el vendedor informal deben cancelar un valor agregado para que les presten el punto de venta y así poder seguir trabajando. Incluso hay policías que cargan puntos electrónicos y extorsionan al buhonero diciéndole que lo pueden usar a cambio de una vacuna. La crisis llega a niveles que casas de familia son convertidas en mini centros comerciales con alquileres muchos más baratos”, dijo.
