El presidente ecuatoriano Lenín Moreno anunció el miércoles que el vicepresidente Jorge Glas perdió el cargo tres meses después de ser encarcelado por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
«El día de ayer (martes) a las doce de la noche, de acuerdo a lo que manifiesta la constitución, cesó en sus funciones el señor vicepresidente de la república», dijo a la prensa el mandatario antes de iniciar una reunión privada con su gabinete en la casa presidencial en Quito.
Moreno añadió que, según la ley ecuatoriana, tiene 15 días para presentar al Parlamento tres candidatos para que el Poder Legislativo elija al nuevo vicepresidente. Indicó que se demorará «bastante menos» del tiempo establecido «porque un país no puede pasar sin un vicepresidente».
El mandatario indicó que los candidatos serán «personas valiosas para la patria» sobre los que «el presidente tenga confianza en su lealtad».
Glas está preso desde inicios de octubre luego de que Moreno lo despojó de sus funciones de vicepresidente. En diciembre fue condenado por la Corte Nacional de Justicia a seis años de prisión por asociación ilícita para delinquir en el marco de la trama de corrupción organizada por Odebrecht.
La sentencia indicó que Glas favoreció contratos públicos a cambio del pago de retribuciones de Odebrecht. En el caso fueron acusadas nueve personas, pero sólo se ordenó prisión de seis años para cinco de ellos, incluido Glas. Al resto se les condenó sólo a 14 meses de cárcel tras considerar que colaboraron con la justicia y uno quedó en libertad.
También se condenó a Glas y al resto de acusados al pago de 33,5 millones de dólares, monto que Odebrecht reconoció haber entregado como soborno a funcionarios públicos.
Este es el primer caso relacionado con la corrupción propiciada por Odebrecht que llega a una sentencia en Ecuador.
El vicepresidente también es investigado por otros presuntos delitos como cohecho y enriquecimiento ilícito.
Odebrecht reconoció que entregó 33,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos ecuatorianos a cambio de la concesión de obras estatales, pero recientemente la Procuraduría aseveró que los pagos ilegales habrían alcanzado los 50 millones.
