La defensa privada de los ciudadanos Jonathan Sandoval, Ronny Granados, Ubaldo Martínez, Jonathan Riera, Jesús Alejo y Milaris Saavedra, presuntamente implicados en el asesinato del exteniente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Danny José Subero, aclaró que si bien estas personas fueron trasladadas al centro penitenciario Fénix días atrás, fueron devueltas a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), donde estuvieron recluidas desde el 1º de junio de 2017.
El padre de uno de los muchachos explicó que el retorno de los prisioneros obedece a la situación que se desarrolla últimamente en el referido recinto carcelario.
Sostiene la abogada Mariuska Padilla, acreditada por el Foro Penal Venezolano, que sus defendidos en lugar de ser trasladados a Fénix deben salir en libertad por tanto que a la fecha no se manejan suficientes elementos de convicción.
Padilla expone que en su oportunidad se ejercieron todos los recursos para demostrar la inocencia de los cinco jóvenes y la dama.
Recordó que el caso se origina tras el asesinato del joven Manuel Sosa ocurrido en Valle Hondo en el marco de las protestas. Vecinos, amigos y familiares efectuaban un homenaje durante el sepelio.
“En ese momento se produjo un incidente en el que fallece el militar Subero, lo que igualmente reprochamos, no obstante, las personas que permanecen privadas de libertad no son las culpables de ese lamentable acontecimiento”.
Señaló que el acto conclusivo por parte de la fiscalía no ocurrió, lo cual significa que no hubo elementos suficientes para determinar que tales personas eran culpables de los hechos.
“Jurídicamente se trata de un hecho incierto porque una vez que se cumple ese lapso (45 días) la ley establece la libertad de los imputados. Posteriormente se pidieron una serie de requisitos para la fianza, recaudos cumplidos por cada uno de los detenidos, sin embargo, aún esperamos por la audiencia de fianza. Hasta este momento no sabemos por qué estas personas se encuentran privadas de libertad, no hay elementos de convicción serios y ciertos que demuestren culpa alguna. Es inaudito que una persona, sin ser acusada, sin elementos, siga privada de su libertad”, reitera la especialista en Derecho Penal.
Subraya que este caso se traduce en una clara y sistemática violación de los derechos humanos.
Se viola el Pacto de San José, los diferentes tratados y convenios internacionales a favor de los DDHH suscritos por Venezuela.
“Incluso dentro del Cicpc, donde se encuentran recluidos actualmente, los muchachos se han enfermado, uno de ellos puede perder su operación de la columna por no recibir la rehabilitación correspondiente”.
Padilla exhorta a las autoridades con competencia en el caso a reflexionar, a practicar un examen de conciencia para que se haga justicia.
“Personas inocentes que nada tienen que ver con el suceso pueden pagar por otros. Medios de comunicación aseveraron que estas personas están privadas de libertad porque son los asesinos de Subero, lo que no es cierto ni real. Están señalando a inocentes, perjudicando su moral y reputación. Pónganse la mano en el corazón, revisen el expediente, no hay elementos, son personas buenas, trabajadoras, honorables, padres de familia”.
La doctora asistió el caso hasta hace poco, a fin de no entorpecer la evolución del mismo se designó un defensor público para ejercer la defensa de los ciudadanos mencionados.
El señor Eibar Granados, padre de uno de los jóvenes, apuntó que hubo un decaimiento de medida por falta de pruebas, incluso, se les otorgó la boleta de excarcelación a los muchachos pero siguen presos.
“Nos extrañó sobremanera el traslado de los detenidos a Fénix, todos son inocentes y ninguno tiene antecedentes penales. Unos son trabajadores, otros estudiantes y deportistas. No sabemos por qué siguen presos. Mucho menos que puedan ser traslados a Fénix. Para su tranquilidad y la nuestra exigimos que salgan en libertad”.
