El Centro de Justicia y Paz (Cepaz), presentó este martes el informe «Nuevos patrones y agudización de la persecución política», como continuación al trabajo realizado en los últimos tres años de documentar los casos de hostigamiento, acoso y persecución a la disidencia en Venezuela por parte del gobierno nacional.
En este nuevo informe, la organización mostró como la situación de persecución y vejación por parte del gobierno, lejos de haber disminuido, se ha incrementado y profundizado.
«A la crisis económica, social, la escasez de alimentos y la clara vulneración a los principios democráticos que constituyen la base de un Estado de Derecho, se une el incremento de la represión y la persecución por parte del gobierno venezolano a quienes denuncian ante las instancias nacionales e internacionales las violaciones a los derechos humanos que ocurren diariamente en Venezuela», precisa la ONG.
Nuevos patrones
Cepaz identificó cuatro nuevos patrones de persecución política aplicados a la disidencia como lo son: «la apertura de procedimientos ante tribunales militares, persecución a familiares, anulación de pasaportes y apertura de procedimientos judiciales y destitución de alcaldes».
A pesar de que la apertura de procedimientos judiciales ante tribunales militares a civiles, viola lo establecido en los principios procesales y en los tratados internacionales, en el año 2017 Cepaz reportó 726 casos de civiles que fueron juzgados por tribunales militares, 418 fueron condenados a medidas privativas de libertad y 308 dejados en libertad.
Por otra parte, la anulación de los pasaportes de líderes políticos y periodistas fue otro de los nuevos patrones de persecución política en Venezuela aplicados en el año 2017.
«Esta anulación arbitraria del pasaporte es una clara violación a los derechos ciudadanos y civiles establecidos en la Constitución, en las leyes especiales, y en los tratados y pactos internacionales», precisan.
Denuncian igualmente que la aplicación de estos patrones de persecución política no solo se limita a los miembros de la disidencia política, periodistas y activistas de derechos humanos, sino también a sus familiares, quienes han sido sometidos a amenazas por parte del gobierno para disuadir su lucha por la defensa de las libertades básicas, principios fundamentales y respeto del ordenamiento jurídico venezolano.
Destitución ilegal
Mención aparte merece la apertura de procedimientos y la destitución de alcaldes de su cargo, que se agudizó durante el año 2017, tras el aumento de las protestas.
«La separación de los alcaldes de sus cargos como parte de la persecución política en Venezuela, vulnera el principio de soberanía popular, pues fue el pueblo quien los eligió», explican.
Destacan que de 77 alcaldes opositores electos en 2013, 34 fueron víctimas de hostigamiento, sentencias privativas de libertad, destituciones, prohibición de salida del país e inhabilitaciones políticas.
En conclusión, la existencia de multiplicidad de casos enmarcados dentro de los patrones de persecución expuestos no solamente por este nuevo informe, sino por los dos anteriores, demuestra que los patrones son aplicados de manera sistemática y que de ninguna manera representan casos aislados.
«El 92,85% de los 1.168 casos de persecución actualizados por Cepaz continúan y 57% derivaron a acciones más gravosas», advierte el informe.
