Aunque teme ser víctima de represalias al regresar a Venezuela, Patricia Gutiérrez de Ceballos no pretende quedarse callada. «Vamos a seguir denunciando ante el mundo lo que ocurre en nuestro país», afirma con determinación la esposa del encarcelado político opositor Daniel Ceballos.
Con el premio Sájarov a la libertad de consciencia de la Eurocámara bajo el brazo, la alcaldesa saliente de San Cristóbal (oeste) emprendió una gira europea que la ha llevado a Luxemburgo, Alemania y Francia, para pedir «apoyo internacional» frente a la grave crisis política y económica que vive su país.
En Francia, Gutiérrez fue recibida este lunes en la alcaldía de París, pero espera tener la oportunidad de reunirse pronto con el presidente Emmanuel Macron, quien hace unos meses endureció el tono ante Caracas, tachando de «dictadura» al gobierno de Nicolás Maduro.
«Creo que es muy importante que el presidente Macron, con su vocería, su credibilidad, pueda demostrar su posición firme en apoyo a Venezuela», estimó la joven alcaldesa de 34 años en una entrevista con la AFP.
Solicitó además la ayuda de Francia para «investigar y descubrir dónde están los recursos que altos miembros del gobierno se han robado», y que según ella «están en paraísos fiscales o países europeos».
Y citó como ejemplo un supuesto caso de blanqueo en bancos de Andorra -un pequeño exparaíso fiscal en la frontera entre Francia y España- que según reportes de la unidad de información financiera del principado habría ocurrido entre 2011 y 2012 y se estima en 1.347 millones de euros.
«Un gobierno que se ha enriquecido ilícitamente en un país (…) en donde la gente vive en medio del hambre, del desabastecimiento, de la escasez, del alto costo de la vida, eso no es justo», afirmó Gutiérrez, golpeando con el puño cerrado en varias ocasiones la mesa donde dio previamente una conferencia de prensa.
«Mi familia vive una injusticia»
Patricia Gutiérrez ocupa actualmente la silla que fue de su esposo. Tras el arresto de su marido, Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, esta ingeniera se presentó como candidata para sucederlo a la cabeza de la municipalidad. Ganó con 73,2% de los votos.
Acusado de incitar a la violencia en las protestas callejeras contra el gobierno de Maduro que dejaron 43 muertos y centenares de heridos, Ceballos fue condenado a 12 meses de prisión. Pero actualmente sigue encarcelado.
«Mi marido sigue preso sin que haya prueba alguna de que haya cometido esos delitos», cuenta, vestida con una camiseta que lleva estampado el rostro de su esposo pintado con los colores de la bandera de Venezuela.
«Durante los últimos tres años y nueve meses mi familia vive una injusticia», señala con la voz entrecortada esta madre de tres niños pequeños, quien denuncia las condiciones «inhumanas» en las que está encarcelado su marido, dirigente del partido de oposición radical Voluntad Popular.
«Recientemente estuvo 62 días en aislamiento, sin poder ver a sus abogados y sin visita familiar», afirma. «Estos mecanismos son utilizados por el régimen para doblegar la voluntad de un hombre que aún estando preso sigue llamando a una transición».
«Un punto de honor»
Tras el triunfo aplastante del chavismo en las elecciones municipales del 10 de diciembre, en las que los principales partidos opositores se abstuvieron de participar, la oposición tiene ahora la mirada puesta en las presidenciales de 2018.
De cara a esa cita electoral, que Maduro podría adelantar al primer trimestre, Gutiérrez reiteró la necesidad de contar con «observadores internacionales antes, durante y después del proceso», y de «realizar una auditoría del sistema de voto electrónico en Venezuela», que ha sido en el pasado blanco de acusaciones de manipulación.
Sobre las negociaciones de salida de la crisis entre el gobierno y la oposición, no parece optimista. «El régimen de Venezuela ha utilizado el mecanismo del diálogo para seguir ganando tiempo en el poder sin dar soluciones a los problemas que padece el pueblo venezolano», estima.
Se niega también a reconocer, como aboga el gobierno, la Asamblea Constituyente impulsada por Maduro e integrada exclusivamente por chavistas, que rige como un «suprapoder» desde agosto.
«La lucha contra la Asamblea Constituyente dejó en la calle a 130 jóvenes venezolanos, que dieron su vida en rechazo a este proceso y eso para nosotros es un punto de honor», apunta.
Criticó además la decisión de ambas partes que acordaron continuar el 11 y 12 de enero las negociaciones en Santo Domingo. «Yo pregunto: ¿Puede el pueblo venezolano esperar un mes más hurgando en la basura, sin medicinas y con nuestros presos políticos sometidos a continuas violaciones de sus derechos? Yo creo que no», apostilla.
