En estos momentos, en los recintos carcelarios de alta seguridad del Gobierno hay 348 presos políticos.
La cifra definitiva ha sido lograda mediante reuniones de trabajo de las diversas organizaciones no gubernamentales que, desde que comenzó la represión, han venido ocupándose de quienes han sido aprehendidos no sólo por disentir del gobierno, sino por haber participado en manifestaciones e incluso, sin motivo alguno, expresó la Dra. Lilia Camejo.
La directora ejecutiva de Justicia Venezolana, afirmó que se ha puesto fin a la disparidad en cuanto a la cifra de presos políticos, ya que bajo la coordinación de la Dra. Ana Leonora Acosta, coordinadora jurídica de Voluntad Popular, las organizaciones suministraron toda la información que tenían sobre la defensa de los presos.
Es de resaltar que la denominación de preso político no es estrictamente político, por cuanto la circunstancia de la detención en cada caso ha sido distinta.
Se supone por razones estrictamente políticas se calificaba a la persona que era detenida por el Gobierno; pero, se ha tenido que ampliar este concepto, porque el Ejecutivo Nacional se ha dedicado a perseguir la disidencia, a quien protesta políticas económicas; pero, también a quien sale a la calle para reclamar sus derechos.
Dentro de quienes no tienen militancia política tenemos amas de casa, médicos, abogados y otros profesionales, empresarios, defensores de derechos, policías y militares, como consecuencia de la persecución sistemática que implementó el Gobierno.
La Dra. Camejo considera que en el acuerdo Gobierno-oposición debe decidirse la liberación de todos los presos políticos, tomando en consideración que hay muchos enfermos y los 28 que se encuentran en el Sebin con boletas de excarcelación emitidos por tribunales; pero, que el director de ese organismo ha querido otorgarles la libertad en abierta violación al debido proceso.
El cuerpo de seguridad no puede decidir si da o una libertad, porque quien decide es el juez de control o juez de juicio. Nunca se había visto una situación parecida en el país.
Aún más: hay muchísimas personas detenidas en la Dirección General de contrainteligencia Militar (DGCIM) que no tienen procesos abiertos. Esta es una arbitrariedad.
Es por ello que la libertad plena de esos 438 presos la estamos solicitando todos los abogados que hemos conociendo los diferentes procesos.
Se dan casos extremos de personas que no han sido acusadas y llevan tres y cuatro años presas. Mejor dicho, secuestradas por el Gobierno. Casos concretos son las detenciones de Lorent Saleh y Gabriel Valles, de la organización Operación Libertad, quienes no han sido acusados. La investigación debió concluir a los 45 días de su detención; pero, el fiscal, que no ha presentado el acto conclusivo, ha pedido medidas cautelares y no se las otorgan.
La Dra. Camejo está trabajando en el caso de Carmen Catalina Andarcia, de 62 años, directora de finanzas de la Alcaldía Mayor, presa por ser amiga del alcalde Antonio Ledezma desde hace más de cuarenta años. Estudiaron juntos y él es el padrino de su hija.
Lo visitaba en su residencia porque no existía prohibición alguna de hacerlo.
El cuerpo de seguridad que estaba dentro de su residencia era el Sebin y a éste se le escapó y no a su comadre. Se encuentra privada de libertad desde hace más de 25 dias. Ni a sus familiares ni a mi, como su defensora, nos han dado acceso para visitarla en el sitio de prisión.
El 20 de noviembre se la llevaron presa sin orden de aprehensión, allanaron su apartamento sin orden y nunca le notificaron que estaba bajo investigación. Este es un proceso ilegal.
La Dra. Camejo ha venido trabajando en la Comisión de Seguridad y Defensa, que preside el diputado Edgar Zambrano, quien hasta la fecha, desde hace tres años, ha entregado más de 130 cartas solicitando una audiencia del Presidente de la República para plantear el caso de los presos políticos, incluyendo aproximadamente a 60 militares.
