De repente, el Gobierno, y su fiscal general, se enteran de que hay corrupción en Petróleos de Venezuela.
Las cámaras de VTV captaron los procedimientos, ciertamente bufonescos, en que militares, fusil en mano y con el rostro cubierto por pasamontañas, arrestan y esposan de madrugada, en sus casas, al ex ministro de Petróleo, Eulogio del Pino, y al saliente titular de Pdvsa, Nelson Martínez, habiéndoles leído sus derechos (“a un abogado (…), a una llamada”), como si se tratara del parte en un desfile del Paseo los Próceres. A Del Pino lo acusan de “alterar” las cifras de producción de crudo, así como de un “daño patrimonial” de 500 millones de dólares; en tanto que Martínez es incriminado tras la firma “irregular” de un contrato de refinanciamiento de la deuda de Citgo, por 4.000 millones de dólares, arreglo en el que, según la propia versión oficial, se habría registrado la danza de unos 50 millones de dólares en sobornos.
Son, claro está, hechos repudiables. Configuran un latrocinio que choca, canallescamente, con el hambre y la atroz necesidad que sufre el pueblo venezolano, privado de lo más elemental para malvivir. Es un intolerable insulto, no importa la época, ni la sociedad en que eso ocurra, que se opone, ahora, al crujir de los estómagos vacíos de tantos, a la imagen dolorosa de compatriotas expuestos a hurgar el sustento en las bolsas de basura, o aventados a una diáspora, lacerante e indetenible, que más bien parecería complacer al oficialismo. Esa afrenta, el tardío e incompleto reconocimiento del reparto de tan pródigos botines, se ventila cuando las calles revientan de colas desde la madrugada por un paquete de harina, y hasta por el retiro en los bancos de 10.000 bolívares en efectivo, que casi se van en el pago del estacionamiento y no alcanzan para el taxi. El insulto de restregarnos esas súbitas riquezas se estrella contra la conciencia de una nación sumida en la indigencia; en momentos en que se devengan sueldos en raquíticos bolívares, frente a un comercio dolarizado, que, para terror del público, remarca hasta duplicar o triplicar sus precios día tras día. Ese ultraje a la pavorosa necesidad del ciudadano común se da cuando la Canasta Básica Familiar costaba ya en octubre más de cinco millones y medio de bolívares, el equivalente, nada menos, que de 12.4 salarios mínimos.
Si estas “ballenas” de la corrupción, en el decir del fiscal Tarek William Saab, son culpables, deben pagar sin contemplación alguna. No obstante existe la certeza de que allí no están todos los que son. Por un elemental principio, también la lucha contra la corrupción debe ser honesta, autónoma, sin distingos, y en este escándalo que a pocos escandaliza, algunos elementos pugnan por evidenciar que, en el seno de ese pranato de alto postín, pudieran haber sido manipuladas las pinzas de un intestino ajuste de cuentas. Porque se han visto mover desde el poder los hilos de una revancha que marca la desgracia de camaradas intocables hasta ayer, luego de que han marcado conveniente distancia. El hecho de que la investigación del fiscal no es independiente, lo descubre la destitución de Del Pino y Martínez cuatro días antes de que hablara Saab. Ya Nicolás Maduro los había echado del paraíso. Además, no cabe mayor sarcasmo en eso de acusar a Del Pino de “alterar” las cifras de producción de petróleo, en un país en el que las estadísticas desaparecieron, sin duda la forma más perversa de adulterarlas. El INE, por ejemplo, no pone al día la estimación de la pobreza, y el BCV esconde las de la inflación.
Otra muestra de insinceridad: La corrupción en Pdvsa fue debatida el año pasado en la Asamblea Nacional, que ni siquiera pudo interpelar a los funcionarios involucrados. Es más, el TSJ desestimó la averiguación exigida por el parlamento. Y si de transparencia se trata, ¿no merece el venezolano una explicación sobre la supuesta entrega de nuestras refinerías, a China y Rusia? ¿Sólo Del Pino y Martínez quebraron a Pdvsa? ¿No se dirá nada, tampoco, acerca de los más de 25.000 millones de dólares que según el ex ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, se “perdieron” del Sitme? Una investigación documentada por Carlos Tablante y Marcos Tarre en el libro El Gran Saqueo, le sigue la pista a 350.000 millones de dólares saqueados de las finanzas públicas a lo largo de 17 años, dineros que reposan en Andorra y otros paraísos fiscales. En los Papeles de Panamá, investigados en todas partes menos aquí, hay más de 24.000 alusiones a esos depredadores, amparados por un inalterable manto de silencio oficial, pese a tratarse de una cifra tan descomunal que supera, con creces, la ya voluminosa deuda externa, de 150.000 millones de dólares, compromiso cuya honra, o el impago, en su defecto, ensombrece, aún más, el futuro de Venezuela.
Es, pues, un problema mucho más amplio y delicado de lo que se expone. Por eso decimos que también la lucha contra la corrupción debe ser honesta. Demanda sinceridad.
