Aunque la Constituyente promovida, conformada e instalada por voluntad del jefe del Ejecutivo nacional era “reformar el Estado y redactar una nueva Constitución”, nada de eso ha hecho hasta ahora. Dentro de sus objetivos estaba, como principal, lograr un diálogo nacional y el reconocimiento político mutuo, pero tampoco eso ha sido posible. Porque sin tener atribuciones para legislar ha venido usurpando las funciones del Poder Legislativo. Y ha producido un texto denominado Ley Contra el Odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, que es todo lo contrario a lo que contiene su articulado, según coinciden expertos en la comunicación social.
Carlos Correa, director de Espacio Público; Alberto Jordán Hernández, ex constitucionalista; y Juan Páez Ávila, ex director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, quienes fueron consultados por EL IMPULSO, expresaron su rechazo a las nuevas normas que se pretenden imponer so pena de cárcel para quien las incumpla.
Ahora expresarse puede ser delito
No se puede llamar ley el texto “contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia” de la Asamblea Nacional Constituyente porque esta agrupación no está facultada para hacer leyes, dijo Carlos Correa. Es un conjunto de normas con una descripción vaga y genérica de lo que podría constituir delito.
Al tener una dinámica imprecisa como la mencionada, explicó, es de esperarse que cuando se vaya aplicar una sanción, esta será discrecional, porque no se tiene una definición clara. Eso hace que la interpretación la tenga un tribunal penal o cualquier organismo regulador, como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Y en el momento en que se planteara el derecho de crear una asociación civil, un registrador no lo podría registrar porque la podría considerar fascista si no está amoldada a las normas en cuestión.
Resulta exagerado que por una opinión, declaración o cualquier expresión que sea considerada contraria al texto en referencia tenga en el ámbito penal una condena de diez a veinte años cuando un asesinato podría tener condena de quince años. Evidentemente, el odio viene a ser ahora superior al homicidio. Un crimen pasional, cuyo autor puede alegar que se encegueció al enterarse que su pareja lo traicionaba, puede tener atenuantes; pero, por lo que está establecido en lo que se ha dado en llamar Ley Contra el Odio, no.
Evidentemente, el error de técnica legislativa es brutal. Las penas son draconianas, extremadamente fuertes y, además, existe una serie de elementos que vienen a profundizar el castigo sobre el responsable de la expresión.
Es de imaginarse lo que vendrá, ya que con anterioridad a la directiva de un medio impreso tiene prohibida la salida del país por la publicación de un reportaje que fue reproducido de otro medio. Se comenzó a aplicar responsabilidades en el intermediario, ¿qué podría ocurrir con el que pueda procesar una información que sea considerada como instigación al odio? Hasta ahora ha venido funcionando la penalización a la prensa escrita porque se toma como base que el editor es responsable de todo lo que se publique en su medio. Ante el temor originado por las actuaciones de algunos individuos del sector público, los editores y directores se han impuesto la autocensura y, en consecuencia, a los reporteros no se les respeta su fuero.
Como ya las normas se han venido aplicando, ahora lo que hace ese texto de un organismo no facultado para hacer leyes, es fortalecer esa política un aparato normativo que contribuya a la autocensura, generar miedo e inhibición.
Su alcance no sólo es para los medios y redes, sino que incluso va más allá, porque atenta contra la propia ciudadana, ya que tanto las movilizaciones de calles como los escraches de algunas personas contra funcionarios o exfuncionarios podían ser sancionados con cárcel.
Y el otro aspecto que debe tomarse en consideración es que en el texto se utiliza la palabra fascista, que tiene un tinte ideológico y es aplicado desde el Gobierno a la oposición lo cual quiere decir que se está sancionando la idea política contraria al régimen. No se dice que se van a sancionar a quienes sean estalinista o comunista. Y, por tanto, inaceptable.
No es de extrañar que cuando los periodistas se encuentren con una protesta de personas que reclaman medicamentos o personas que denuncien que no consiguen las medicinas porque el Gobierno se niega a recibir ayuda humanitaria, entonces, podría algún funcionario señalar que en esa denuncia hay tinte fascista.
Si algo ha caracterizado este régimen es que no hay Estado de Derecho e impera la impunidad. Puede ser que se haga algo demostrativo con ese conjunto de normas, pero no creo que llegue a silenciar a toda la población.
El Gobierno ha logrado imponer la autocensura en la televisión nacional y silenció a la internacional impidiendo que sus transmisiones llegaran a los televidentes venezolanos. Su temor es a las redes sociales, porque éstas contribuyeron a las últimas movilizaciones de ciudadanos en las calles. No somos una sociedad cerrada a informar. Y la situación es tan grave que me parece que esas normas no van a resolver nada.
Limitar el derecho a la información
Por su parte, Alberto Jordán Hernández, dijo que la llamada Ley Contra el Odio, por la Convivencia y la Tolerancia, es un adefesio ordenado por el Ejecutivo nacional, que fue aprobada por una fraudulenta Asamblea Constituyente, que fue constituida por el Gobierno para quitarle funciones al legítimo poder Legislativo, electo por la mayoría de la población,
Lo que están haciendo a través de lo que ellos llaman ley, porque esta no puede ser hecha por un organismo inconstitucional, tiene el propósito de limitar mucho más el derecho a la información, ya que hay de hecho una autocensura en los medios.
Por desconocimiento, ignorancia o tal vez porque ese texto debió ser enviado desde Miraflores le han puesto un calificativo absurdo como “ley constitucional”, cosa que no tiene sentido y resulta contraproducente viniendo de un organismo que está fuera de la Constitución.
Por otra parte, como es característico de este régimen, que siempre le achaca las culpas a los demás porque nunca asume sus responsabilidades, ahora, después que han sembrado el odio, están culpando de esa cosecha a los medios de comunicación social.
No tiene el carácter legislativo que debe tener una ley, porque están creyendo que legislan sobre sentimientos.
El odio no es una norma más que se les ha ocurrido, sino que obedece al patrón que han establecido dentro de sus políticas para implantar el partido único, ya que no toleran que haya diversidad de pensamiento. Y además están preparándose para que no haya salida y el régimen se perpetúe mediante todas las prácticas que han venido imponiendo, dentro de las cuales el más persistente es el Carnet de la Patria.
Yo en la Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a la Constitución vigente, fui el proponente del derecho de información. Cuando se discutía esa legislación, el chavismo se opuso tenazmente, pero logramos que se aprobara.
En ese entonces yo formaba parte de la esperanza que era el Movimiento V República, que apoyaba un proceso revolucionario, pero democrático.
Ahora, esos ideólogos de cuello rojo están contra las trece normas que conforman los principios del derecho de información y así como ocurrió en el momento en que se rechazaban los artículos para establecer la verdad, precisamente los números 57 y 58, ahora lo están haciendo con nuevas imposiciones, que nosotros no debemos permitirlo.
Lo que trata es de incrementar la hegemonía de los medios de comunicación, donde no sólo están conformes con tener plantas de televisión y de radio además de medios impresos, sino de restringir a los pocos medios independientes, que desde hace ya cierto tiempo tienen serias dificultades para seguir imprimiéndose y circular por la falta de insumos. En la mayoría de los casos los diarios estándar pasaron a ser tabloides y algunos dejaron de funcionar como tales quedando en su versión digital, apenas sobreviviendo.
El régimen, como ha ocurrido en países donde se han implantado dictaduras, le teme a la prensa independiente porque no pueden ocultar la realidad y, en consecuencia, no sólo establecen normas para la autocensura sino que, como ha ocurrido aquí, tienen el monopolio de los insumos.
Es así como hemos visto que EL IMPULSO, el Decano de la Prensa Nacional, que asumió el protagonismo de más vigencia de la antigua prensa al dejar de circular el periódico católico La Religión, ha hecho un gran esfuerzo por mantenerse activo porque periódicamente tiene escasez de papel, ya que no se le suministra a tiempo. Ya dejó de circular la edición impresa de El Carabobeño, que era el decano de la prensa central. Y ni se diga de El Nacional, que precisamente fue el defensor de la llamada izquierda cuando su director, Miguel Otero Silva, defendió el derecho de información con gran denuedo.
Han cerrado, lamentablemente, 17 medios impresos por falta de papel, simplemente porque no aceptaron humillarse ante un régimen temeroso de la opinión pública.
Si alguna cosa ha superado Nicolás Maduro a su antecesor es en el uso de las cadenas de radio y televisión obligatorias, ya que a cada rato habla para referirse a cualquier cosa. Además que impone un noticiero propagandístico como lo hacían los nazis y los fascistas en Alemania e Italia.
La mal llamada Asamblea Constituyente impuesta para reemplazar al parlamento, también tiene el propósito de eliminar la actual Constitución, que era la más moderna, en la cual adoptamos algunos proyectos de Chávez, pero no todos los que él propuso. Nos duele que gente gremial, que durante muchos años luchó por la libertad de expresión, esté apoyando normas como estas del odio. No estoy reivindicando una lucha en la que participamos todo un gremio y en la que fiel a ella yo luche en la Constituyente del 99, pero es que la defensa de la libertad de expresión y de información constituyen fundamentos esenciales para poder tener una democracia.
El odio es política de este gobierno
Y Juan Páez Ávila considera el mencionado texto como un instrumento para reprimir a aquellas personas que tengan opiniones divergentes de las políticas fundamentales del Gobierno.
Todos sabemos que el odio es parte de la política de este régimen, ya que tan pronto Hugo Chávez salió a la calle para llevar a cabo su campaña electoral dijo que una vez que asumiera el poder iba a freir en aceite hirviente las cabezas de sus adversarios y de una vez estableció el odio de clases sociales, además de promover la violencia.
En la oposición no había un discurso de esa naturaleza, ni tampoco se propugnaban hechos violentos contra los adversarios y predominaban en los dirigentes una actitud democrática, constitucional y electoral.
No existían esos tipos de programa de radio y televisión en los que individuos dedicados a la política insultan, descalifican y agrede verbalmente a todos aquellos que no compartían sus mismas ideas. Ese estilo fue iniciado por el propio Chávez y continuado por sus seguidores, no respetando los horarios para utilizar hasta un lenguaje soez y perturbador para los niños, como cuando el propio jefe del Ejecutivo con insolencias se dirigió a la madre de uno de sus opositores. Eso, claramente, demuestra el odio que ahora pretenden endosárselo a quienes no son de su misma tolda política.
Siempre este tipo de régimen quiere acusar a los demás de lo que ellos hacen. Reprimen de forma salvaje y luego dicen que es la oposición la que promueve la violencia. Tienen las armas, las disparan, matan y hieren, pero señalan a los opositores por las agresiones. Persiguen a la disidencia, sin embargo manifiestan que este es un gobierno que respeta los derechos humanos. Impiden la entrada de alimentos y medicinas para la gente que se está muriendo de hambre y enfermedades, pero vociferan en los recintos internacionales que es falso que exista una crisis. Y hablan de que respetan la libertad de expresión y de información, al tiempo que se cierran medios y provocan la autocensura.
Del odio que practican como instrumento de política para demoler a sus adversarios, nadie puede dar mejor demostración que ellos, motivo por el cual la resistencia tiene que continuar exigiendo una salida democrática, pacífica y electoral. Mucho más firme ahora porque se tiene el respaldo de casi la totalidad de los países europeos, de América de Sur, Estados Unidos y Canadá.
