Sin políticas públicas que se concreten mediante actos administrativos de carácter ejecutivo o regulatorio, no es posible garantizar el cumplimiento de los principios de salud en Venezuela.
Así lo manifestó el abogado constitucionalista, Juan Manuel Rafalli, quien explicó que el gobierno nacional tiene una gran deuda en cuanto a garantizarle a los venezolanos, el derecho a la salud.
Añade que las normas deben obligatoriamente constituir un mandato que inspire la creación de proyectos y acciones que satisfagan las necesidades de la población, las cuales se evidencian en la falta de medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas como las cardíacas, respiratorias, diabetes, hemofilia y cáncer, así como en las fallas en las infraestructuras de los hospitales, entre otras cosas.
“El Estado junto al sector privado es el encargado de generar un sistema de salud que funcione. Esta actividad de la administración pública se ejecuta mediante las políticas públicas. Si éstas no se concretan no hay salud ni calidad de vida”, sentenció el también docente universitario.
Con respecto a la escasez de medicinas y reactivos, rubros importantes para los tratamientos de los pacientes, el jurista opinó que “el Estado venezolano ha desconocido expresamente el derecho al acceso a los medicamentos”.
En este sentido, aseguró que “el desconocimiento se produce de facto cuando precisamente las políticas y lo actos de la Administración Pública, no permiten que se le brinde a la población la asistencia que necesita. La obstaculización a canales humanitarios, por ejemplo, es una clara situación que supone una limitación absurda a ese derecho”.
A su juicio, la raíz del problema “estriba en la falta de ingresos y el despilfarro que ha llevado al Estado a desconocer la deuda que los laboratorios asumieron con proveedores y con sus casas matrices en divisas… Al final, se trata de una política errada que ha afectado el acceso a la salud y a muchos otros derechos que no se le están garantizando a los ciudadanos”.
Para Raffalli, el compromiso que tiene Estado y el Gobierno con los pacientes en Venezuela es mínimo.
“A la larga, esto debería generar responsabilidades incluso internacionales en cabeza del Presidente y de su administración, pues ya se trata de un tema crítico que toca masivamente los derechos humanos”, concluyó.
