Trabajadores de la municipalidad protestaron la mañana de este martes frente a la presidencia del Concejo Municipal de Iribarren en la carrera 24 con calle 17, donde impidieron que los ediles entraran a sesionar. Expresaban que hasta no recibir una respuesta puntual por el pago de los uniformes no les permitirán cumplir con las reuniones ordinarias.
Hace menos de un mes apareció en todos los medios de comunicación impresos una publicidad de la alcaldesa designada Teresa Linárez en la cual se reflejaba el pago de diferentes compromisos salariales. La gobernadora Carmen Meléndez gestionó estos recursos.
Los empleados reclaman no haber recibido el pago por concepto de uniformes, al parecer, se aprobó un crédito adicional por un momento errado, que no se ajusta a la realidad y que se corresponde con los años 2016 y 2017.
Alba Torrealba, presidenta del Sindicato Único de Empleados de la Alcaldía de Iribarren, declaró que tras una asamblea general efectuaron la acción de protesta ya que el empleador pretende pagar un millón de bolívares por concepto de uniformes, 400.000 mil bolívares por el año 2016 y 600.000 mil bolívares por el año 2017.
“Rechazamos ese pago porque un millón de bolívares no representa nada hoy en día, un cartón de huevos ya está en 60.000 bolívares. Aquí hay trabajadores que necesitan comprar un caucho para su carro y un rin 14 cuesta dos millones de bolívares”.
Destacó que la petición que realizaron para el referido pago equivales a 3 millones 600 mil bolívares por los dos años.
Se trata de 5.200 trabajadores afectados, entre empleados y obreros de la alcaldía, concejo municipal y entes descentralizados.
Torrealba pide que igualmente se les pague a los trabajadores contratados ya que estos también gozan del resto de los beneficios de la contracción colectiva.
“Si ellos hablan de inclusión por qué van a ser excluidos. No estamos de acuerdo con el millón de bolívares, hay una gran molestia en el Concejo Municipal y alcaldía de Iribarren”.
Subrayó que el dinero está en las arcas desde hace más de un mes, sin embargo, no se les termina de pagar.
Leidy Herrera añadió que la cláusula 27 del contrato colectivo estipula que de no ser posible la entrega de las dotaciones de vestir en el tiempo previsto el empleador se compromete a cancelar a cada funcionario el costo del valor de la dotación de conformidad con el valor individual que tengan los componentes del uniforme en el mercado a la fecha del cumplimiento de la entrega.
Jaqueline Bracho sostiene que un solo pantalón vale 600 mil bolívares.
“Exigimos el pronunciamiento de Teresa Linárez, del administrador general de la alcaldía, Jesús Crespo, que no da la cara en ninguna parte. Queremos que se pongan de acuerdo la jefa de Recursos Humanos de la alcaldía y la jefa de RRHH del Concejo Municipal porque están hablando dos idiomas diferentes. La primera aseguró que el pago estaba listo mientras que la segunda le dijo al concejal Francisco Carmona que hay un error. Que se entiendan y nos paguen porque no vamos a dejar sesionar a los concejales”.
