El ingeniero Francisco Mendoza, presidente de la Cámara de la Construcción del estado Lara, indicó que a la fecha no se sabe con exactitud la totalidad de casas construidas por el Gobierno nacional en esta entidad ni en Venezuela, a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela
Se trata de una de las principales crisis que enfrentan las familias en la entidad, especialmente en los sectores más empobrecidos.
La situación no es nada fácil para personas que habitan ‘arrimados’ con allegados o parientes cercanos, padeciendo cualquier tipo de penurias en ranchos de zinc en condiciones deplorables, sin esperanzas de comprar un inmueble, ya que el valor económico de una modesta casa en una barriada popular ronda entre los 350 mil y 450 mil bolívares fuertes, precios que se duplican en el Este o Centro de la ciudad, inalcanzables para los “sin techos”, considerando que la mayoría forma parte de la tasa de desempleo, y quienes trabajan, por suerte, lo poco que ganan lo invierten en productos estrictamente necesarios, básicamente alimentos, artículos personales y medicinas, porque para pagar agua, luz y gas deben hacer grandes sacrificios.
Hacinamiento
y desesperación
El hacinamiento y la desesperación se incorporan al cúmulo de elementos perturbadores en este déficit de vivienda, cuando la tranquilidad del núcleo familiar se altera por el poco espacio habitacional para compartir en común, respecto al exceso de miembros que ocupa una misma estructura residencial.
Sin embargo, las ciudadanas y los ciudadanos urgidos de un techo cuentan con un poderoso recurso inalienable, enmarcado en los derechos humanos, cuyo ejecútese está en manos del Estado.
Se trata del artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, elaborada en el año 1999, mediante una constituyente conformada por venezolanos ‘comprometidos con el país’.
Este apartado legal establece que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda e higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias.
La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos.
El Estado priorizará a las familias y garantizará los medios para que éstas, y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas.
Pese a la ley siguen en la calle
Según este artículo, ningún venezolano debería carecer de una casa, pero la realidad es radicalmente opuesta, en el entendido de que históricamente en Venezuela las leyes se convierten en meras teorías o “letra muerta” y difícilmente se llevan a la práctica, para cumplirle a la sociedad y concederle satisfacción.
A falta de la aplicación de la Carta Magna, en materia de viviendas, es común observar ranchos improvisados en sectores deprimidos de Iribarren en la parroquia Juan de Villegas, sobre todo al margen de la avenida Florencio Jiménez, vía a Quíbor, donde crean las llamadas villas, constituidas por espacios insalubres con hileras de ranchos, pipas oxidadas, palos, alambres, en medio de caminos de tierra y lodo, pozos sépticos, zancudos, moscas y roedores.
Pero los ranchos no solamente se incrementan en la parroquia Juan de Villegas. Familias al borde
del desespero por tener un lugar donde dormir levantan casitas de zinc, también se observan en las parroquias El Cují y Tamaca, en la zona norte de la ciudad.
Otra muestra de esta necesidad de viviendas se observa cuando se está transitando por la Circunvalación Norte, en cuyos cerros laterales humildes familias unieron retazos de tablas, pedazos de láminas, restos de alambre, cartón y estructuras de colchones viejos y todo cuanto pueda sostener sus “abrigos” para armar lo que ellos consideran una casa, pero en realidad son lugares inestables que ponen en riesgo sus vidas.
Un caso emblemático, conocido y recordado por la opinión pública por la cercanía en el tiempo, es la ocupación del cono de seguridad del Aeropuerto Jacinto Lara de Barquisimeto, donde decenas de familias asentaron ranchos para vivir, ignorando el peligro que co-rrían a escasos metros de una terminal aérea, y el riesgo para el aeropuerto de que ellos estuvieran allí, lateral a la pista de despegue y aterrizaje de grandes aviones comerciales y militares.
En el territorio larense hasta hace unos veinte años no existió la cantidad de ranchos que ahora sorprenden y proliferan sin control, a la vista de todos, primero porque el Estado
construyó desarrollos habitacionales y se los entregó en cómodas cuotas de pago a la clase media y, en segundo lugar, en la mente de las personas se mantuvo un anhelo alejada de este tipo de vida deplorable.
Ilusión no cuantificada
El ingeniero Francisco Mendoza, presidente de la Cámara de la Construcción del estado Lara, indicó que a la fecha no se sabe con exactitud la totalidad de casas construidas por el Gobierno nacional en esta entidad ni en Venezuela, a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
En este sentido, acotó que sólo se conocen las cifras emitidas por el Banco Central de Venezuela en los años 2008, 2009, 2010 y 2011.
Dijo que, según este organismo, en el 2008 se concluyeron 69.000 viviendas; en 2009 se terminaron 98.000 casas, en 2010 culminaron 68.000 y hasta el último trimestre de 2011 iban 146.600, en cuya edificación el sector privado tuvo una participación del 60% y el resto reposó en el sector público y los consejos comunales.
Estos últimos sólo sustituyeron ranchos por viviendas que ya contaban con servicios, es decir, no edificaron casas nuevas y, por lo tanto, no deberían sumarse a las estadísticas del BCV.
Expuso que durante 2012 autoridades del Gobierno en materia de
vivienda no han informado sobre la cantidad de edificaciones construidas ni el déficit existente.
Supone que, ante esta incógnita y observando la realidad en las calles en toda la geografía larense, la necesidad de soluciones habitaciones pudiera sobrepasar las trescientas mil familias, y unos dos millones y medio a nivel nacional.
Gobierno ataca al privado
y disminuye construcción
Mendoza señaló que, bajo la Resolución 110, creada por el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda (Mopvi), el 10 de junio de 2009, en manos de Diosdado Cabello, se prohibió la continuación del cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual protegía de la inflación al sector privado de la construcción.
El Gobierno comenzó a perseguirlos y creó la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, motivado a que un grupo de constructores aplicó este sistema de forma aparentemente inadecuada y quienes fueron transparentes también pagaron por igual.
Precisó que el sector privado es el mayor constructor de casas en Venezuela, pero ahora con las leyes en contra y el ataque del Gobierno hacia este grupo de la economía nacional, disminuyeron los desarrollos habitacionales para los venezolanos.
Detalló que uno de los obstáculos impuestos por el Gobierno a este sector ha sido obligarlos a que se inscriban en el Ministerio de Vivienda y Hábitat (MVH), para lo cual deben consignar una serie de trámites en Caracas.
“Una vez que el constructor está inscrito en el Ministerio, debe enviar el proyecto habitacional a ese ente y un funcionario, a discrecionalidad, lo acepta o rechaza”, trayendo como consecuencia retraso para el inicio del proyecto, en medio de un supuesto”, objetó.
Lamentó la situación porque, además, la autorización de financiamiento para el constructor la emite el Gobierno nacional, por medio de una cartera hipotecaria bancaria, siempre y cuando esté inscrito en el Ministerio, presente el proyecto de las casas e indique el lugar donde serán desarrolladas, condicionamientos que alejan al inversionista.
Criticó que otra situación desventajosa para el constructor privado es que el MVH, a través de la resolución 165, se encarga de proponerles quiénes comprarán sus casas, quitándoles la posibilidad de recuperarse de la inflación con el IPC, o de venderles las viviendas a potenciales clientes, “por lo tanto, el gobierno no les reconoce la inflación”.
Pero lo peor es que, al final, el MVH otorga a la persona un papel de adjudicación y no de propiedad, todo lo contrario a las casas asignadas por el fabricante privado. Entonces, el beneficiado no puede hacer usufructo del inmueble, alquilarlo o venderlo.
Difícil obtención
de insumos de construcción
El ingeniero Mendoza puntualizó que si un empresario privado de la construcción no está incluido en la Gran Misión Vivienda Venezuela tiene muy poca posibilidad de adquirir insumos, sobre todo cabillas y cemento, para ejecutar un conjunto habitacional, centros comerciales, oficinas o locales.
Esta agresión contra el privado le cercena el derecho al trabajo a decenas de obreros de la construcción de forma directa y a un alto número de manera indirecta.
Además, le resta oportunidades a una inmensa porción de la colectividad de adquirir casas en mejores condiciones, así como espacios de arquitectura para el comercio y la recreación.
