El respaldo de los factores democráticos del país a Freddy Guevara es evidente, declaró Pedro Pablo Alcántara, dirigente nacional de Voluntad Popular. El propio presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, calificó de arbitraria la medida, “fuera de la ley”. Llega a más, señala que la decisión es contra el parlamento venezolano, lo cual compartimos.
El Gobierno quiere imponerle la Asamblea Nacional Constituyente al país al precio que sea. Para ello necesita eliminar la Asamblea Nacional.
Los objetivos del Ejecutivo Nacional son:
1) Aprobación para empréstitos. La única facultada en la constitución es la Asamblea Nacional.
2) Negociación de Fondos y renegociación de la deuda con China y Rusia.
3) Operaciones para utilizar bienes de la industria petrolera en nuevo endeudamiento exclusivamente con China y Rusia.
4) Bloquear las iniciativas de las negociaciones promovidas desde El Vaticano, Unión Europea, Grupo de Lima y Organización de Estados Americanos.
En síntesis perpetuarse en el poder. La ANC está subordinando a todos los poderes públicos, generando una forzada complicidad de quienes ejercen esos cargos. El Gobierno está promoviendo un nuevo Consejo Nacional Electoral después del 10 de diciembre a la oposición con la que se reunió la semana pasada en la República Dominicana.
La oposición es la que está dándole la cara a la comunidad internacional para establecer el cumplimiento de los acuerdos aprobados por los venezolanos el 15 de julio de buscar una salida pacífica, democrática y constitucional.
Además el Gobierno está proponiendo designar once miembros del Tribunal Supremo de Justicia; pero, que ambos cuerpos se subordinen a la ANC.
Estas propuestas del Ejecutivo Nacional tienen como fin la destrucción de la constitucionalidad del Estado, sin haber dictado imanueva Constitución- A ello obedece la pretensión de enjuiciar a Freddy Guevara, porque representa a Voluntad Popular, partido que el Gobierno sabe que está sembrado en el pueblo por su líder Leopoldo López.
El Gobierno pretende convertir en reo de delitos a un diputado protegido por la institución de la inmunidad parlamentaria. Cuando el ciudadano ejerce un derecho de soberanía, porque ésta reside en el pueblo. Y con nuestro voto le damos confianza a una persona que elegimos diputado. Esa institución beneficia al titular del cargo mientras lo ejerce y treinta días después de terminar su periodo, según la Constitución. Si el TSJ avala la tesisi del Ministerio Público de enjuiciamiento, inmediatamente envía todos los recaudos del caso a la Asamblea Nacional para que ésta, en plenaria, apruebe o no el levantamiento de la inmunidad.
