Séptimo Día –

La situación de violencia, de inseguridad y las actividades delictivas en el país y en el estado Lara de manera particular, siguen en vertiginoso ascenso, a pesar del empeño del gobierno en hacernos creer lo contrario.
Es algo común, cómo los organismos de seguridad se esmeran en anunciar programas, planes, decretos, etc, pensando que con ello pueden crear una matriz de opinión favorable a la paz social, necesaria para lograr una mejor calidad de vida.
Pero todo se convierte en intentos fallidos puesto que en la práctica la realidad es otra y los actos delictivos tales como: secuestros, atracos, homicidios, violaciones y otros, se han convertido en algo cotidiano, con el agregado de la participación en estos hechos de algunos funcionarios de los organismos de seguridad.
También existen otros elementos que han venido alterando la conformación de los organismos de seguridad, y es lo relativo a la creación de diversos cuerpos policiales, guardias del pueblo, milicias y los llamados colectivos, todos ellos fuertemente armados y mejor equipados, pero revestidos de una alta contaminación política e ideológica.
No obstante, las cifras que nos suministran semanalmente las autoridades, solo vienen a confirmar el incremento antes indicado, además, el gobierno nacional ha reconocido públicamente, la participación en estos hechos de alrededor del 25% de funcionarios con responsabilidad en estos planes de contingencia, y recientemente la ONU señaló que Venezuela era el país con el más alto índice de homicidios de Suramérica.
Otra circunstancia preocupante, es lo relativo a la impunidad reinante en el Poder Judicial, donde son absueltos o se benefician con medidas cautelares, a ciudadanos con participación protagónica, debidamente comprobada, pero que mediante subterfugios son saltados a la torera, los cargos contenidos en los expedientes y esto se radicalizó desde que se implemento el “Plan Cayapa”, especie de Habeas Corpus de la “revolución”.
Por otra parte, no se puede obviar en este análisis la presencia cada vez mayor de delincuentes que provienen de las FARC y el ELN, en los estados fronterizos y hasta se comenta lo mismo de la ETA, lo cual introduce elementos perniciosos y degradantes a la ya trastocada sociedad civil venezolana, con la pérdida de los valores morales, la distorsionada conducta de la juventud y la actitud permisiva de algunos padres.
No obstante, también debemos señalar el papel que deben jugar los medios de comunicación en la búsqueda de encausar las informaciones relacionadas con estos lamentables hechos y sobre todo, los medios audiovisuales, los cuales descuidan a veces su papel de orientar a la población, y se dedican a proyectar secciones, programas películas y novelas, donde se exalta la prostitución, las drogas, los crímenes y cualquier otra actividad que degrade la conducta humana, obviando incluso los horarios de trasmisión.
Es más que evidente, la necesidad de realizar un gran esfuerzo desde el alto gobierno, pasando por los padres y representantes, autoridades educativas, depuración de los cuerpos policiales y del Poder Judicial, revisar el sistema penitenciario vigente; solo así se pudiera pensar, con autoridad, en mejorar las cifras delincuenciales, incluso hasta se pudiera pensar en la posibilidad de instrumentar la Misión “Guerra al delito”. Valor y pa´lante.