El gobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, convocó a una asamblea de ciudadanos para solicitarles opinión acerca de si se juramentaba o no ante la Asamblea Nacional Constituyente.
Al hacer tal declaración el profesor Pedro Pablo Alántara, ex diputado de la Asamblea Nacional y dirigente de Voluntad Popular, indicó que el mencionado funcionario tiene que tomar en cuenta el contenido de la Constitución vigente, mediante la cual los gobernantes tienen que ser los primeros en cumplir con las disposiciones de esa carta que rige la nación.
Con el debido respeto a los ciudadanos que allí concurrieron, expuso, es menester recordarles que la consulta acerca del titular de la gobernación de Nueva Esparta para el periodo de cuatro años que establece la Constitución, fue realizado el 15 de octubre pasado.
Alfredo Díaz es absolutamente legítimo y no es el Presidente de la Republica, declarado en abandono de cargo por la Asamblea Nacional con el voto de los parlamentarios neoespartanaos a favor, quien puede colocarse al margen de estos díctámenes constitucionales.
El reconocimiento por parte de asamblea sobrevenidas si quebraría la vigencia constitucional y la confianza en el voto como expresión máxima de la ciudadanía.
No hay cualidad alguna ni para el Presidente de la Republica, ni para esta estructura violatoria de la Constitución para que los gobernadores electos se juramenten ante ella. La consulta del 15 de octubre les dio el mandato en acto de soberanía en cada estado. Ahora deben cumplirse los articulos 160, 161 y 162 de la Constitución que ordena que los mandatarios regionales juren su cargo ante el Consejo Legislativo, exclusicvamente.
El uso de cualquier otro subterfugio es contraproducente al objetivo de rescatar la democracia consultando a la soberanía popular. La Asamblea Nacional Constituyente es írrita e inconstitucional y, en consecuencia, no tiene ninguna competencia porque fue escogida por el Presidente de la República, violentando todos los principios legales.
Cualquier gobernador distinto al oficialismo que acuda ante la ANC pasará a la historia por omisión de las normas constitucionales y el mandato de la soberanía popular.
