Si los casos de violación de Derechos Humanos ocurridos durante las protestas antigubernamentales vividas en el país entre abril y julio, son llevados a la Corte Penal Internacional, habrá sanciones individuales para los responsables y no contra “Venezuela” o “los venezolanos”.
Para trasladar estas denuncias hasta la corte de La Haya, se requieren una serie de pasos, en los que los defensores de los Derechos Humanos ya trabajan.
Asociaciones como Movimiento Vinotinto tienen registro de todos los delitos que se cometieron recopilados en el “Informe situacional contexto Venezuela 2017”, en donde desglosan cifras alarmantes como 161 fallecidos, 18.000 heridos, 5.900 detenciones en protestas, 598 privados de libertad y 313 urbanismos atacados.
“Las agresiones a los derechos de los venezolanos son un hecho notorio internacionalmente, y los países del mundo tienen el ojo centrado en Venezuela” comenta Henderson Maldonado, integrante de Movimiento Vinotinto.
La prensa tampoco escapa de esta realidad, en el lapso de cuatro meses, hubo 700 ataques a representantes de los medios de comunicación y 50 medios afectados. Apunta Maldonado que el Estado ha legalizado comportamientos que rompen el esquema de la libertad, y entonces informar se convirtió en delito.
Todas estas cifras son de conocimiento de órganos como la Defensoría del Pueblo, pero la mayoría de los casos han quedado impunes.
“Es necesario que haya acciones más concretas, no limitarse a plasmarlas en una hoja sino sancionar a los victimarios” resalta Maldonado.
Para lograrlo, Movimiento Vinotinto, junto a otros defensores como Red de Instituciones Larenses y Colegio de Abogados, vista la inacción de las instancias nacionales y preocupados por la situación jurídica del país, planearon una hoja de ruta con los pasos a seguir para que su petición sea escuchada.
El pasado martes se reunieron con el objeto de buscar los medios para, con pruebas fehacientes, llegar a los organismos internacionales, que ya están siendo tocados por personas como el economista y diplomático Diego Arria y como la abogada penalista, Tamara Suju, ambos especialistas en la materia.
Maximiliano Pérez, de la Red de Instituciones Larenses, manifiesta que “a través de estas instancias buscamos llegar a la verdad sobre lo que presumimos son delitos de lesa humanidad, de guerra, crimen de apartheid y genocidio”.
Los sucesos ocurridos entre abril y julio, especialmente en Lara, no pueden pasar desapercibidos afirma Pérez, quien asegura que el hecho de que se haya instalado un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio con autorización de la Organización de los Estados Americanos, ya es una demostración internacional de la falla de los sistemas institucionales de Venezuela, en materia jurídica.
La Red de Instituciones Larenses realizó un documento que alega el derecho de acudir a la Corte Penal Internacional. “Ellos tienen sanciones penales individuales. Ya hay acusaciones que tienen nombre y apellido, como las del Comadante de Zodi Lara por los hechos de abril, y la sentencia vendría contra él”.
La directiva del Colegio de Abogados del estado Lara en pleno, apoyó esta intención.
Gira nacional
Movimiento Vinotinto realiza una gira donde traslada sus conversatorios sobre Derechos Humanos a distintos puntos del país como Maturín, Bolívar, Anzoátegui, Táchira, Mérida, Maracaibo, Trujillo y Falcón.
En estas aulas pretenden acercarse a las comunidades y educar sobre los derechos inviolables, establecidos en la Carta Magna. “Vemos con preocupación cómo las personas desconocen que las violaciones a los Derechos Humanos tienen que denunciarse, están intimidados y son temerosos a hacerlo público, esta es una realidad que tenemos que cambiar” dice Miguel Torres, de Movimiento Vinotinto.
