El Alma Mater larense es parte del patrimonio cultural de nuestra entidad federal y como tal debemos cuidarla, preservarla y, para decirlo en términos de la filosofía en boga, hacer todo esfuerzo a nuestro alcance para garantizar su sostenibilidad. Es parte de la dinámica colectiva que la envuelve y entrelaza con múltiples y diversos eventos que le imprime la complejidad propia del mundo que hoy vivimos.
Como “comunidad de intereses”, así definida desde los tiempos decimonónicos, está envuelta en la simbiosis sistémica que caracteriza lo que va del siglo XXI, donde se hace visible, además de las relaciones de poder que le confiere su estatus oficial, en lo político; todo lo que tiene que ver con los demás rasgos de otro orden que condicionan su desempeño como institución universitaria al servicio del desarrollo de la región y del país. A los larenses les duele la UCLA, es más que un slogan. Se sembró y ha echado raíces en un sector importante de Lara.
Como otro episodio estelar, similar a los que se han conjugado para marcar su rumbo con un sello particular y construir desde su pequeña historia, la de las universidades regionales, enfrenta un nuevo evento inédito dentro de su proceso de democratización, en la aspiración por alcanzar su autonomía plena.
En medio de la situación ya de por sí irregular y contradictoria que significa la interrupción de la continuidad de la renovación de los equipos de dirección universitaria. En medio de una transitoriedad que se volvió permanente. En medio de unos períodos de gestión que ya sobrepasan de largo lo normal. En medio de una crisis que se traduce en renuncia y muerte de autoridades, un proceso, un procedimiento administrativo, una pauta reglamentaria que es parte de la rutina de las llamadas decisiones programadas en el ámbito gerencial estratégico, se torna por obra y gracia de la inoperancia e ineficiencia de la gestión gubernamental actual, en un aparente caos, cuya espiral en ascenso, es motivo de legítima preocupación para algunos sectores de la comunidad.
A la espera de una sentencia definitiva por parte del TSJ, los procesos electorales en las universidades están paralizados por orden de dicha instancia desde que se produjo la primera impugnación por integrantes de la comunidad, como es el caso de empleados y obreros que legalmente reclamaron su derecho a elegir, ante las Comisiones Electorales que omitieron el Artículo 34 de la vigente Ley Orgánica de Educación. Así ocurrió en la UCLA, desde el 2010.
La situación de ausencia absoluta del Rector, coloca a nuestra Casa de Estudios, nuevamente en el centro del debate en materia de autonomía y democratización. Se cruzan y entretejen disímiles opiniones y criterios. La ausencia temporal de la Rectora designada por el CU, es otro ingrediente. Hasta ahora, las autoridades de la UCLA no han sido recibidas por el Ministro. En un punto de agenda muy controversial, el CNU decidió nombrar una Comisión para que elabore un Informe acerca de la situación. En el fondo, ¿Son las elecciones el camino a la Paz?
En mi opinión, existen tres (3) premisas que pueden orientar una estrategia mínima de solución avalada por la comunidad universitaria: a) La elaboración del Reglamento Electoral; b) El llamado a elecciones; y c) El compromiso por evitar la pérdida de clases. Aleatoriamente: La petición a la ANC del definitivo pronunciamiento al TSJ; y la no aceptación de un Rector extraño o “impuesto”.
