El pasado 21 de julio la Asamblea Nacional legítima, elegida democráticamente el 6 de diciembre de 2015, designo a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia después de un proceso de selección de seis meses.
Dichos magistrados iban a sustituir a los elegidos, de manera ilegal y a dedo, por el Parlamento chavista saliente tras la victoria de la oposición en las urnas. Estos nombramientos ilícitos permitieron durante meses a ese Tribunal Supremo ser el brazo ejecutor de las directrices del Gobierno de Nicolás Maduro, ninguneando la autoridad de la Asamblea Nacional, a la que intentó quitar sus atribuciones.Algo que ante el escándalo internacional, no fue posible (por eso ideó la creación de una Asamblea Nacional Constituyente).
Tras el nombramiento de los nuevos magistrados, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia solicitó a las autoridades aplicar «acciones de coerción» en su contra, acusándoles de «usurpación de funciones».
Al mismo tiempo, el presidente Nicolás Maduro anunció que los apresaría «uno a uno» y les congelaría sus bienes. Y no bromeaba.El 22 de julio, Ángel Zerpa, miembro de la Sala Político Administrativa fue detenido por agentes de inteligencia (Sebin). Inmediatamente, el resto de magistrados intentó buscar refugio para no correr la misma suerte.
Actualmente, once de ellos se encuentran en EE.UU., seis en Colombia, uno en Chile, y varios en embajadas de varios países en Caracas. A pesar de toda la presión que han sufrido, los magistrados han seguido en contacto y trabajando durante estos meses para mantener vivo el Tribunal Supremo «legítimo» de Venezuela, aunque sea en el exilio.
Así, el próximo 13 de octubre harán pública su constitución oficial, que tendrá como sede la Organización de Estados Americanos (OEA), que les ha apoyado y ayudado en esta iniciativa inédita en el mundo.
Una delegación de estos magistrados, integrada por Miguel Ángel Martín, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia; Ramsis Ghazzaoui, Cruz Graterol y Domingo Salgado Rodríguez, ha ido recabando apoyos de gobiernos latinoamericanos –Perú, Argentina, Paraguay, Colombia, México– y europeos.
Tras visitar el Parlamento Europeo, en Bruselas, esta semana han recalado en Madrid para reunirse con magistrados y políticos españoles, e informarles de que «durante el mes de octubre nos vamos a integrar en la Organización de Estados Americanos (OEA)».
¿Un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio? «No, un TSJ “legítimo”, no en el exilio», aclara Miguel Ángel Martin, durante una entrevista en la sede de ABC. «Va a funcionar bajo el auspicio y en la sede de la OEA, en Casa de las Américas (Washington)». Van a formar parte de él los 33 magistrados. «Para el acto acudirán todos, excepto los que están en las embajadas, que no pueden».
¿Por qué han elegido la OEA para establecer el TSJ «legítimo»?
Miguel Ángel Martín: Primero, porque se trata de la Casa de las Américas; y segundo, porque ha demostrado, no solo con palabra sino con hechos, que le importa Venezuela. Que la democracia, la libertad, la independencia, y sobre todo, el regreso de la ley es necesario para la región, porque no solo es un problema de Venezuela.
Es un problema que comenzó en el país, pero se extendió a la región, al Caribe, a Europa… Y se ha producido algo propio de regímenes anárquicos: el narcotráfico internacional. Y también el terrorismo.
Estos señores son amigos de señores peligrosos para el mundo. Y, tercero, el tema de la corrupción: son grupos de personas que han saqueado los recursos de un país para potenciar a otros países, organizaciones políticas en América y en Europa para crear una geopolítica peligrosa, de sesgo ideológico, de pensamiento único…
Por eso es imperativo abrir las investigaciones, por ejemplo, en el tema de las sanciones a miembros del régimen y a los sospechosos de delitos de lesa humanidad. El Gobierno de EE.UU. ha sido muy claro imponiendo sanciones de manera individual, una medida de prevención que también ha asumido Canadá. Nosotros le pedimos a España que también asuma la postura.
Para nosotros es muy importante porque desde su Constitución de 1978, ha sido una bandera de la libertad, de la democracia… Por eso pedimos a España que tome medidas contra los miembros del régimen sospechosos de legitimación de capitales, de narcotráfico y de terrorismo.
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