Salarios paupérrimos, déficit en equipamientos, merma del parque automotor e infraestructuras inadecuadas son algunos de los problemas que afectan la operatividad y tienen en agonía a los cuerpos de seguridad del Estado que hacen vida en la región.
Estas necesidades se dieron a conocer de manera oficial, la mañana de este martes, durante un encuentro que realizaron representantes de los distintos órganos en la sede del Comando de Zona Nº 12 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), situado al oeste de Barquisimeto.
En la actividad hizo presencia la candidata a la Gobernación de Lara, Carmen Meléndez, quien prometió colaborar con los organismos de seguridad.
“El ministro Reverol viene a Lara dentro de 15 días con buenas noticias. Así como estamos escuchando al pueblo en las calles, queremos escuchar a nuestro pueblo uniformado”, manifestó la almirante.
Cada institución tuvo la oportunidad de señalar las carencias que presentan internamente, por las que debería velar el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, el Viceministerio del Sistema Integrado de Policía (Visipol), el Ejecutivo regional y el Gobierno nacional.
Policías piden por ajustes salariales
Los 307 funcionarios de la Policía Municipal de Iribarren (PMI) no gozan de un ajuste salarial desde enero de 2017, fecha en la que se efectuó un aumento presidencial del sueldo mínimo, denunció el vocero de la PMI, Carlos Rodríguez.
“Quincenalmente cobramos entre 15 mil y 25 mil bolívares de sueldo con todas las deducciones. El alto costo de la vida ha llevado a muchos de nuestros compañeros a realizar otras actividades laborales para ser el sustento de sus hogares”, criticó.
No cuentan con seguro médico, instituto de previsión social y requieren de nuevos uniformes, bastones, municiones, botas y otros. Desde el 2002 no reciben una patrulla.
Asimismo, el comando de la PMI no tiene la capacidad para albergar privados de libertad. “Los policías no tienen dónde descansar y las mayorías de las oficinas están hacinadas”.
En el caso de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue el director en la región, Franklin Aguilar, el encargado de exponer las deficiencias.
Desde el año 2012 no reciben vehículos. La mayoría de flota está parada por cauchos, baterías, pastillas de frenos y otros. Solo tienen 6 patrullas y 18 motos operativas para todo el estado.
“Las motos no las sacamos para no dañarlas”, contó.
Aguilar detalló que la PNB en Lara no tiene una sede propia, por lo que policías acuartelados deben descansar en el piso. Tampoco pueden ubicar las unidades especiales y carecen de insumos de oficinas.
“Las policías no están para cuidar privados de libertad. En Pata e’ Palo, que no tiene capacidad para más de 30 personas, tenemos a 170 detenidos allí. Debemos emplear el 30 % del personal para resguardar esos calabozos”.
En la Policía de Lara la situación es similar para los más de 5 mil polilaras. Desde los tres entes policiales pidieron por una Ley de Seguridad Social del Policía, la cual reconozca el rango del funcionario al momento de su jubilación; puesto que en la actualidad un policía jubilado de alto rango y varios años de servicio devenga sueldo mínimo.
Cuerpos de rescate en emergencia
Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Iribarren y de Protección Civil Nacional (PCN) también tuvieron espacio para mostrar las penurias que pasan al intentar cumplir con sus labores.
De las 46 unidades con las que cuentan el cuerpo bomberil municipal, solo funciona una “a media máquina”. Tienen al menos cuatro años sin recibir uniformes.
Por su parte, en PCN no tiene cómo colaborar en caso de siniestros, puesto que no cuentan con los recursos tecnológicos para monitorear en la entidad.
En Lara no proveen de vehículos desde la tragedia de Vargas.
Mientras el clamor de los distintos cuerpos de seguridad y rescate también apuntó a los beneficios de políticas habitacionales y a los Clap, desde la policía científica pidieron sede social y ‘drones’ para mejorar el resultado de las investigaciones.
