Las medidas:
Luego de la decisión política que el Gobierno nacional tomó al elegir una nueva Asamblea Constituyente y sustituir las funciones del ministerio público y de la propia Asamblea Nacional, varios países de la región y de otras latitudes le solicitaron al Gobierno que revocara tal medida. Uno de ellos fue precisamente el de Estados Unidos que adicionalmente tomó un conjunto de medidas económicas con la finalidad de presionarlo.
En efecto, el pasado viernes 25 de agosto, el presidente Trump emitió vía decreto ejecutivo una cuarta ronda de “sanciones” (ya había emitido tres decisiones previas contra funcionarios del gobierno constituyentita) pero en esta oportunidad fueron contra el propio Gobierno nacional y Pdvsa a fin de evitar nuevos endeudamientos públicos con el mercado norteamericano (el más importante del mundo).
Debemos confesar sinceramente que esta fuerte decisión no la esperábamos y debe der motivo de alta preocupación para todos los venezolanos por las serias repercusiones que tendrán sobre nuestra economía. De hecho, Mr. Trump firmó una orden ejecutiva en la cual prohíbe a bancos estadunidenses realizar transacciones financieras de todo tipo con Pdvsa, así como con bonos emitidos por el Gobierno venezolano y pago de dividendos a este último.
Prohíbe también negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno venezolano y su compañía petrolera estatal. Le prohíbe también a Citgo (la filial estadunidense de Pdvsa) repatriar dividendos al país.
Las reacciones del Gobierno nacional no se hicieron esperar y hubo muy fuertes reclamos por parte del presidente Maduro y de sus más altos funcionarios. También ha habido acusaciones muy delicadas hacia dirigentes de la oposición y se han tejido toda serie de versiones sobre las repercusiones que tendrán en nuestra economía y en las posibilidades de nuevos endeudamientos. En la medida de lo posible y a falta de espacio, trataremos de aclarar el alcance de tales medidas.
En primer lugar, debemos aclarar que estas medidas o si se prefiere “sanciones” no se tomaron para prohibir ni la compra de petróleo a Venezuela por las empresas petroleras norteamericanas ni la venta de petróleo a los Estados Unidos que quisiera hacer el Gobierno nacional.
De hecho, el Presidente de la Republica ha señalado que nuestro país le seguirá vendiendo petróleo a los Estados Unidos (actualmente se le venden solo 800.000 barriles diarios de los 1.9 millones que produce).
Tampoco se ha prohibido la venta de combustible liviano que Venezuela compra diariamente en el mercado americano para ser utilizado en la mezcla para diluir nuestro crudo pesado. Podría entonces inferirse que hasta el momento estas operaciones de compra–venta continuarán para tranquilidad de los venezolanos preocupados por esta situación.
Ahora bien, en materia de endeudamiento la situación es completamente diferente. En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación la Casa Blanca señaló que “Estas medidas están cuidadosamente calibradas para negar al gobierno de Maduro una fuente crucial de financiación…” (El Nacional, sábado 26 de agosto de 2017, pág. 4).
Esto plantea lo que es evidente y palmario: el gobierno de Trump bloquearía cualquier posibilidad de nuevos endeudamientos al Gobierno nacional y a Pdvsa, al prohibir que cualquier entidad o institución financiera norteamericana participe en operaciones destinadas a proveer nuevos fondos al Gobierno venezolano. Esto tampoco se trata de un embargo comercial, como algunos voceros han señalado.
Lejos de ello, el Departamento del Tesoro emitirá licencias generales o “excepciones” que incluyen transacciones necesarias para cerrar los contratos ya firmados durante un periodo de 30 días, nueva deuda emitida por Citgo, nueva deuda relacionada con importaciones de alimentos, insumos agrícolas, medicamentos y dispositivos médicos procedentes de los Estados Unidos… “(El Universal, domingo 27 de agosto de 2017, pág. 1-3).
Es importante agregar que tampoco están prohibidas las importaciones desde ese país. Solo los flujos financieros que generen nuevo endeudamiento, por lo tanto las nuevas sanciones tienen poco o ningún efecto en el mercado de los bonos ya existentes en manos de sus tenedores.
Consecuencias en la economía venezolana
Una de las más importantes repercusiones es que el Gobierno nacional no podrá por esta vía seguir obteniendo liquidez internacional a través del mercado americano. Por ejemplo, operaciones como las que realizó con Goldman Sachs (muy cuestionadas por cierto) no podrá realizarlas.
Si el Gobierno decidiera emitir una nueva deuda no podrá contar con ninguna institución financiera norteamericana o de otro país que mantenga actividad financiera en Estados Unidos. Tendría que acudir a otros mercados como Rusia, China o incluso la India para buscar nuevos financiamientos que engrosen su abultada deuda externa.
Recuérdese que China recibe diariamente 500.000 barriles de crudo venezolano, pero no le entrega ni un solo dólar al país porque estas entregas forman parte del pago de una deuda gigantesca que ese país asiático le concediera a Venezuela hace varios años. Y recuérdese también que nuestro país hipoteco a la estatal petrolera rusa Rasnef el 49.9% de sus acciones en Citgo a cambio de un crédito internacional que recibiera de los rusos hace poco tiempo.
Otro de los efectos importantes de esta decisión es sin lugar a dudas la dificultad del Gobierno nacional para restaurar su abultada deuda externa, toda vez que la referida decisión impide que el mercado norteamericano acepte los bonos que se emitirían en un posible refinanciamiento de los mismos, lo cual, probablemente y de no encontrar nuevos financista internacionales, aumentará la presión sobre el país, afectará su flujo de caja y probablemente reducirá su capacidad para cumplir con el servicio de la deuda o con las obligaciones de capital.
Pero este escenario, a nuestro juicio, no estaría planteado para esta año, si bien es cierto que en el mes de octubre el Gobierno debe desembolsar unos 3.800 millones de dólares por servicio de la deuda, no menos cierto es que hará malabares financieros (por ejemplo una drástica disminución de las importaciones, a pesar que han disminuido 76% en los últimos cinco años) para evitar un eventual default que sí agravaría mucho más las penurias de nuestra economía.
