Estado fallido. En eso se ha convertido Venezuela en los últimos meses, producto de la falta de autonomía y la separación de Poderes Públicos, así como de las violaciones a los derechos humanos, según expone un informe del Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) referente al sistema democrático venezolano en los 18 años.
La directora ejecutiva, Beatriz Borges, aseguró este viernes que, en 2017 se ha acentuado el deterioro del sistema republicano, desde las sentencias del Poder Judicial que atentaron contra las competencias de la Asamblea Nacional hasta la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, que no contó con la aprobación de la ciudadanía.
“Los principales actores arremetieron contra los pilares de las libertades democráticas en Venezuela, teniendo como estocada final, la propuesta de una Constituyente que nos adentró en un nuevo capítulo muy oscuro de nuestra historia, donde es evidente la existencia de un Gobierno de carácter no democrático”, detalló.
Con especial ahínco, el informe recuerda que las decisiones del TSJ, carentes de legalidad, significaron el empuje para que la sociedad, en pleno derecho, protestara para frenar los constantes abusos que sólo persiguen un objetivo: mantener el control político, aunque ello implique eludir la voluntad popular y lo establecido en la Constitución de la República.
Asimismo, CEPAZ resalta el uso desproporcionado de la fuerza por parte de funcionarios policiales y militares, que trajo como consecuencia torturas, muertes, desapariciones, arrestos arbitrarios y enjuiciamientos en tribunales militares a fin de garantizar la permanencia tras las rejas de quien disiente del Gobierno nacional, lo cual representa para esta organización violaciones graves a los derechos humanos.
“Se vulneraron las prácticas al debido proceso reconocidas por los Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos. Es necesario exigir investigaciones y rendición de cuentas ante los casos de denuncias de tratos crueles e inhumanas”, añadió Borges.
Frente a este panorama, se cree conveniente el acompañamiento y “posicionamiento contundente” de otros actores de la comunidad internacional que coadyuven a restablecer el orden democrático en el país, generar una salida pacífica de Nicolás Maduro y renovar los Poderes Públicos con el objeto de celebrar elecciones libres y transparentes.
