Cono de seguridad, Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) y el presupuesto fueron temas claves en los cuales la bancada oficialista del Concejo Municipal de Iribarren se empeñó en poner la piedra de tranca durante la gestión de Alfredo Ramos.
El presupuesto fue reconducido consecutivamente, se declararon ejidos terrenos en zona de seguridad del aeropuerto internacional Jacinto Lara y no se abordó la reforma del artículo 150 de la ordenanza del PDUL para prolongar su vigencia. Al mismo tiempo, en diciembre de 2016, los ediles bolivarianos aprobaron un acuerdo en el que se le exigía a Alfredo Ramos procurar un nuevo PDUL en 90 días.
Sobre cada uno de los puntos referidos EL IMPULSO levantó una serie de reportajes que advertían sobre las realidades inmersas en el Cono de Seguridad y PDUL.
Hoy en día la historia es otra. La administración municipal encabezada por Teresa Linárez hereda situaciones que los propios concejales del oficialismo generaron u omitieron, que incluso la propia Linárez, desempeñándose como concejal, aprobó. De esta innegable realidad se desprende un municipio provisional cargado de improvisaciones y contradicciones.
¿Cómo se ejercerá el control urbano si la ordenanza del PDUL perdió vigencia? ¿Ordenará la alcaldesa impuesta por la bancada oficialista hacer un nuevo PDUL tal y como se lo pidieron a Alfredo Ramos en 2016 o ese acuerdo se va a engavetar? ¿Solicitará la bancada opositora del Concejo Municipal o la Mesa de la Unidad Democrática aclaratoria sobre la sentencia del TSJ en la que se destituye a Ramos y que aún no ha salido? ¿Se dejará sin efecto la declaratoria de ejidos sobre áreas de seguridad del aeropuerto como lo dictó el TSJ en julio de este año?
Ciertamente, la zancadilla política hacia Alfredo Ramos se revierte contra los ediles bolivarianos. Sin mencionar que en cuatro años de gestión la plenaria no ha aprobado ninguna de las 22 ordenanzas engavetadas.
El algunas oportunidades el oficialismo ha declarado a los medios la falta de insumos para la elaboración de las ordenanzas. Si bien, la bancada opositora se ha referido a la omisión legislativa y al debate estéril, tampoco aclara cuáles son las ordenanzas que duermen el sueño de los justos ante los medios de comunicación.
Recuento
El 7 de junio de 2014 EL IMPULSO publicó “Ordenanza del PDUL debe ser modificada antes de 2016”.
Desde ese año el abogado Emilio Urbina, especialista en Derecho Urbanístico, viene advirtiendo acerca de la vigencia de la ordenanza, a quien consultamos al respecto.
Sobre la ordenanza del PDUL, Urbina recuerda dos aspectos fundamentales.
Relata que en febrero de 2017 el síndico procurador y consultor jurídico introdujeron una demanda de omisión legislativa en complemento de la demanda que introdujo el doctor Alexis Viera Brandt en julio de 2016 en contra del Concejo Municipal de Iribarren por omisión en planificación urbana.
-Desde 2014 y hasta diciembre de 2016 hice las advertencias sobre la pérdida de vigencia de la ordenanza del PDUL, públicamente y a través de informes privados.
Explica que la autoridad urbanística, para poder resolver cualquier tema relacionado con el control urbano del municipio tendrá que apelar al mecanismo de la ultraactividad de la ordenanza que perdió vigencia. Sin embargo, este mecanismo fuerza los resultados y genera puntos de incertidumbre.
“Si por ejemplo la autoridad urbanística niega una constancia de adecuación bien fundamentada pero el peticionante no queda conforme y va a un tribunal, este puede anular esa negativa y ordenar al municipio otorgar esa constancia de adecuación”.
Subraya que hay una situación de limbo jurídico que dejó la inactividad del Concejo Municipal, del cual formó parte Teresa Linárez.
Urbina, quien también se adhirió a la demanda de omisión legislativa introducida por el síndico y el consultor jurídico señala que la administración del alcalde Alfredo Ramos había decidido la aplicación de la norma de manera ultraactiva, según criterios de la autoridad urbanística de entonces.
Ahora bien, habría que esperar que dice el Tribunal Supremo de Justicia. Lo más probable es que la Sala Constitucional dicte una decisión contra el municipio para ver qué va a hacer con el PDUL, indica.
“Esto llegó a este punto porque así lo decidió la mayoría de ediles, había otras opciones, entre ellas modificar el artículo 150, derogarlo o cambiarlo. No sé qué privó para decir rotundamente no”.
-¿Qué impacto tiene este limbo jurídico cuando existe una nueva administración del municipio?
-Eso dependerá de los actuales directores de planificación. Es una gran responsabilidad para una sola persona, ya que tengo entendido que quien dirige Catastro, también dirige la DPCU. No quisiera estar en los zapatos de un director de DPCU en Iribarren. Cualquiera puede alegar que no hay PDUL pero a la vez existe libertad para edificar. Estas son las consecuencias negativas de esa inactividad de la mayoría de los concejales oficialistas.
-¿Cuál es el problema ahora?
-Ahora el problema es que la ciudadana Teresa Linárez, quien está al frente de la administración, tendrá que correr con esas consecuencias porque propiamente no existe PDUL. ¿Qué va a hacer ella? Las omisiones son delicadas. La palabra que resume todo es contradicción y cuando la persona no es hábil para manejar las contradicciones se convierte en la primera víctima. Linárez está obligada a tomar una decisión según la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
¿Un nuevo PDUL?
Sostiene el doctor que la elaboración de un nuevo PDUL no contempla un margen de tiempo. Ninguna ley así lo contempla, no obstante, los oficialistas dictaron un acuerdo en diciembre de 2016 en el cual se le exige a Alfredo Ramos procurar la elaboración de nuevo plan en 90 días.
Esta realidad también aplica para Linárez por tanto que la medida está dirigida al administrador del municipio.
“Linárez sería víctima de un informe que ella misma votó. Esas contradicciones terminan perjudicándolos”.
Cono de Seguridad
Sobre este tema el especialista rememora que alrededor giran dos sentencias.
Así como Urbina demandó la declaratoria de ejidos por tratarse de una zona de seguridad, el BAER hizo lo propio y en julio de este año salió una decisión en la que el TSJ admite el recurso, es decir, ya no se trata de un ciudadano demandando la declaratoria de ejidos, sino del Ejecutivo nacional (Baer).
“La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó suspender los efectos de la ordenanza. La medida debe ejecutarse inmediatamente por tanto que la sentencia de julio (BAER) declara notoriedad judicial, es decir, al demandado no se le tiene que notificar forlmalmente porque no es una situación entre dos particulares, es una demanda de nulidad, de orden público”.
Urbina recomienda a la administración municipal acatar la decisión porque desacatarla se traducirá en consecuencias penales.
“En tema PDUL y Cono de Seguridad están trancados porque esas decisiones no fueron de Alfredo Ramos, fueron omisiones del Concejo Municipal”.
Lo cierto es que hay unas decisiones que apuntan al representante de Iribarren, incluso al Concejo Municipal y no se trata de demandas entre particulares sino que se trata de un recurso de nulidad con medidas cautelares, insiste.
“Esto no es un pleito de Emilio Urbina ni de legalidad del municipio, esto es un pleito de normas técnicas internacionales por tanto que Venezuela fue signataria y no cumplir esos tratados implicaría el cierre total del aeropuerto”.
El oficialismo se habría metido solito en esta trampa, ya que Urbina advirtió reiteradamente y a lo largo de tres años la situación del PDUL y Cono de Seguridad.
“La solución no podía ser la declaratoria de ejidos porque eso es prácticamente robarse un bien nacional que está en servicio. Uno de los fundamentos de la medida cautelar es que la reforma de la ordenanza rompía el decreto ley de bienes públicos del presidente Hugo Chávez del año 2012 que establece que ante un servicio no se puede declarar ejidos. Mientras que en esos terrenos opere un aeropuerto ese bien es de dominio público nacional”.
Plataforma tecnológica
La actual dirección del Semat denunció irregularidades en el sistema de recaudación. Ante tales señalamientos el director de Informática de la Alcaldía de Iribarren, durante la gestión de Ramos, Duaiber Lucena, apuntó que en el Semat se trabajó en pro de la evolución a fin de garantizar la comodidad del contribuyente a través de la web para que no fuese necesario acudir al Semat y así cancelar los impuestos.
Crecimos tecnológicamente, desarrollando aplicaciones web para facilitar todas las comodidades al contribuyente, dijo.
Destacó que Isabel lameda, actual directora del Semat, denunció que se había efectuado un robo de la base de datos del organismo. “Le aclaro que en la alcaldía se maneja un sistema de cortafuegos que garantiza todo el historial de las conexiones. Cualquiera puede ver quien accesó de manera irregular”.
Agregó que todos los sistemas fueron creados con una bitácora de acceso por lo cual es posible encontrar quién acceso a los sistemas.
“Si ellos no saben manipular los sistemas así como los mecanismos de seguridad, eso no nos compete a nosotros. Los señalamientos respecto al robo de la base de datos son absurdos”.
Durante la gestión de Ramos se invirtió en servidores por cuanto que estos estaban obsoletos, garantizando así sistemas más estables.
“Cualquier estudiante de una universidad pública o privada puede explicarle a Lameda cómo funcionan los sistemas pero si le va a confiar los sistemas a estudiantes de las Misiones no va a saber cómo funciona el sistema de recaudación”. Hay un vacío de conocimiento, perfiles y capacidades, dijo.
Terminal de Pasajeros
El ingeniero Luis Valencia, ex administrador del Terminal de Pasajeros de Barquisimeto, también se refirió a una serie de irregularidades que se están suscitando en la referida institución.
“Todo lo que está haciendo la usurpadora es ilegal, ellos creen que somos como ellos y suponen que materializamos una gestión como la de Amalia Sáez y eso está muy lejos de ser cierto”.
Sáez entregó una alcaldía en condiciones paupérrimas. Cuando llegamos al terminal este estaba abandonado, deteriorado y olvidado.
Valencia recordó que en el recinto se aplicaron medidas y sistemas de control que son claramente auditables, tan es así que la Contraloría Municipal no encontró una sola irregularidad.
“La persona que está usurpando el Terminal de Pasajeros entiende que lo que el espacio recauda se gasta en el Terminal, desconociendo por completo que el dinero que se recauda es enviado a las arcas de la alcaldía, ente que a través de los dozavos canaliza los recursos para ejecutar en el organismo”.
Valencia ve con preocupación el descuido de las instalaciones.
“El pasillo principal del Terminal está repleto de comerciantes informales, las obras que se adelantaban para humanizar el espacio fueron paralizadas con el alegato de que es una obra de Ramos. Asimismo, pretenden hacer contrataciones directamente desde el Terminal sin entender que las mismas pasan por la AMTT y alcaldía para su aprobación”.
El Terminal, dijo, no puede arrendar sus espacios porque el terreno es del municipio. En año y medio se lograron establecer todos los contratos de funcionamiento, los cuales son violados por quienes pretender subarrendar los espacios.
Licencias
Liz Lorena Parra, directora del Semat durante la gestión de Alfredo Ramos, explica que cualquier persona sabe que montar una valla en tan poco tiempo significa que no se cumplieron con todos los parámetros que establece la Ley de Contrataciones Públicas y su reglamente.
“Obviamente estas normas están siendo violadas porque es imposible que en 20 días hayan tramitado los permisos correspondientes para la colocación de vallas”.
Sin duda, reiteró, hay un ilícito, una irregularidad en las contrataciones.
Sin mencionar que la Contraloría Municipal se hace la vista gorda ante estas violaciones.
¿Quién supervisa de dónde sacaron esas vallas?, se pregunta.
La norma establece que primero debe llamarse a concurso, hacer la publicación de los mismos, hacer las invitaciones, esperar que los proveedores se presenten con las ofertas, hacer la evaluación de los estudios de los precios y finalmente hacer el contrato, dar la buena pro y adjudicar. Esto es todo un proceso.
Por otro lado mencionó que Isabel Lameda no le aceptó el acta de entrega de la dirección que establecía la toma ilícita de la Alcaldía de Iribarren y de todos sus entes.
“Era un acto netamente personal, no significaba estar de acuerdo con el acta, que contempla un lapso de tiempo para refutarla”.
Destacó que todo lo alcanzado durante la administración de Ramos en torno a recaudación de impuestos sufre un atraso considerable que terminará afectando a los contribuyentes.
