Aunque Teresa Linárez, designada por la bancada oficialista del Concejo Bolivariano de Iribarren como administradora del municipio, no ha presentado oficialmente a los integrantes de su tren ejecutivo, se ha podido distinguir a algunos funcionarios y sus cargos durante ciertos eventos desarrollados por la municipalidad, principalmente durante el balance ofrecido por Linárez a 21 días de su gestión, cuando periodistas lograron obtener una que otra declaración en torno al plan a 100 que adelanta cada dirección.
No obstante, los ciudadanos desconocen quién es quién y cuál es su papel. No está claro para los iribarrenses quiénes son los funcionarios de la estructura municipal (Catastro, DPCU, Inquilinato, Semat, Sala del Poder Comunal, Consejo Local de Planificación Pública, CPNAI y Bomberos) y entes municipales (AMTT, Cortubar, Emica, Fundación del Niño, Imaubar, IMDES, IMCA, FUMDES, Imderi, Mercabar, IMVI y Comdibar).
EL IMPULSO reseñó el 5 de agosto que los directivos de las 58 dependencias de la alcaldía serían sustituidos y en los próximos días dados a conocer, sin embargo, esto no ha ocurrido formalmente.
Asimismo, se sabe que Linárez estaría en proceso del cambio de firma autorizada para manejar los recursos de las arcas de la tesorería municipal.
Igualmente, se informó a los medios de comunicación que cada dependencia sería auditada a fin de verificar el estado del presupuesto asignado para el año 2017 y de la recaudación del Servicio Municipal de Administración Tributaria (Semat) en lo que va de año.
El énfasis estaría sobre aquellas dependencias con mayor asignación presupuestaria: Imaubar, Emica, Imvi, AMTT, Policía Municipal, Imdes, Cortubar, Fundación del Niño, Imca, Imderi y Fumdes.
La primera será una auditoría interna a cargo de Jesús Crespo, nuevo director general de la alcaldía y de la línea de Luis Reyes Reyes. La contralora municipal, Elsy Briceño, también fiscalizaría el patrimonio municipal para comprobar irregularidades en la gestión.
En un contacto telefónico con Crespo, para conocer qué tan adelantadas estarían las referidas auditorías, se conoció que aún no está autorizado para declarar al respecto, solo puede brindar orientaciones acerca de los nuevos directores y la función que desempeñan.
Recuento
El 28 de julio se produjo la detención judicial del alcalde Alfredo Ramos. Si bien el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM) establece el supuesto de detención judicial de un alcalde, también menciona que de la alcaldía quedaría encargado el director de la rama ejecutiva que autorice el Concejo Municipal. Asimismo, que en un lapso de 90 días, se proceda a la elección del alcalde encargado producto del seno del Concejo Municipal.
Esto no ocurrió y el sábado 29 de julio el Concejo Municipal concreta la designación de Teresa Linárez.
El martes 1º de agosto se hace la juramentación en la Sala de Sesiones.
Hasta el 5º de agosto la designación de Linárez no había sido publicada en Gaceta Municipal. La gaceta sale el 5 de agosto pero con fecha 1º de agosto.
A partir de allí no se hace constar la cédula de identidad de la funcionaria impuesta. Se aprecian errores de forma y fondo, entre estos, no está la cédula de identidad de la concejal, no está el acta de juramentación del Concejo Municipal y a partir del 1º de agosto y en Gaceta Municipal se observan designaciones un tanto extrañas.
¿Qué pasa con las designaciones?
Una fuente oficial que pidió reservar su identidad explica que en la Gaceta Municipal del 1º de agosto aparecen una serie de irregularidades que se traducen en un verdadero desastre. Ante la precipitada designación de los nuevos funcionarios los usuarios pagan los platos rotos.
“Los usurpadores sacaron gacetas con la misma fecha que fue designada Teresa Linárez en el cargo de alcaldesa, además, se aprecian remociones cuando estas no se publican en gaceta, designaciones de directores que ya no aparecen investidos, gente sin el perfil para ejercer el cargo conformando comisiones de enlace que se inventaron para recibir actas de entrega de las diferentes dependencias”.
Dependencias acéfalas
Teresa Linárez fue juramentada como alcaldesa el 1º de agosto pero a la fecha todavía hay direcciones acéfalas, revela la fuente. Apunta que la Dirección de Planificación y Control Urbano (DPCU) es una de esas direcciones acéfalas. La ordenanza respectiva exige que el director (a) sea un arquitecto o ingeniero civil.
“La directora de Catastro, Norma del Carmen Viloria, que viene de la gestión de Richard Coroba en Palavecino, también se está desempeñando como directora de la DPCU. La DPCU, que es columna vertebral, no tiene titular sino a Viloria como encargada. A juicio del especialista, lo que se está concretando en la alcaldía es el atraso en las políticas implementadas durante la gestión de Ramos.
“Por ejemplo, la gestión de permisos de construcción en 30 días; ese mecanismo se atrasó. El Semat acaba de retroceder dos años; las licencias de actividad económica que se entregaban en 48 horas ya no se están entregando. Isabel Lameda del Semat, revocó ese mecanismo y ahora corresponde esperar entre 5 y 6 meses por una licencia de actividad económica. Estos procesos fueron completamente anulados. En la DPCU las personas tienen que esperar por un titular que firme los diferentes requerimientos”.
Extrañezas
Señala el entrevistado que fue designada una funcionaria para el cargo de Autoridad Metropolitana de Transporte Terrestre (AMTT) sin consultar a Palavecino. Tal dirección es una mancomunidad.
Fueron creadas comisiones de enlace producto de la asesoría jurídica que recibe Linárez.
“Un grupo de cinco abogados exige la entrega material de un despacho, unidad, organismo o dependencia pero la norma del año 2009 contempla que cuando se hace la entrega de una dependencia siempre hay un director entrante y un director saliente, no hay una comisión de enlace, esa figura no existe jurídicamente hablando. Esa figura fue creada para ejecutar la toma física del espacio. El director designado por Ramos no tenía certeza ni del nombramiento ni de la gaceta que hace constar tal designación”.
Es por esto que los directores designados por Ramos introducen ante la Contraloría Municipal una solicitud de denuncia, consignando todos los elementos que dan fe de la situación presupuestaria, financiera y jurídica del ente a partir de su usurpación.
Además, dijo, se entregaron todas y cada una de las actas de las dependencias centralizadas y descentralizadas de la alcaldía en la unidad de auditoría interna.
No hacen nada
Entre las dependencias que hoy en día no están haciendo nada se encuentran: dirección de tierras, dirección de catastro, dirección de control de gestión y Consejo Local de Planificación y Políticas Públicas, subraya la fuente.
Se conoció que la dirección de tierras urbanas entregó en 2016 unos 1.500 títulos de tierras bajo procedimientos previstos en la legislación nacional.
Hasta la fecha, todavía el director entrante no tiene ninguna capacidad de procedimientos administrativos en curso. El director apenas está tomando el control del departamento y aunado a esto no tiene funcionario encargado de firmar en el Registro en nombre de la alcaldesa designada.
Piedra de tranca
Ningún usuario, que haya transitado un mar de procedimientos burocráticos, hoy podría materializar su documento en el Registro porque el síndico procurador municipal no tiene la delegación de firmas de la alcaldesa designada.
La ley contempla que el síndico debe permanecer en el cargo hasta concnluir el período constitucional del alcalde. Se sabe que no ha renunciado al cargo pero tampoco ha sido destituido.
En el artículo 124 de la LOPPM se lee que si el síndico no cumple el período municipal, la gestión actual debe sustanciar un proceso de destitución.
La bancada oficialista del Concejo Municipal exige la salida del síndico pero ante la diatriba el funcionario se encuentra en un limbo. Incluso está fuera de la nómina. No está destituido pero tampoco puede firmar en el registro producto de esta situación anormal.
Bomba de tiempo
“Con Imaubar hay una situación que podría explotar pronto”, advierte la persona consultada. El problema tiene que ver con la recolección de desechos sólidos.
Durante la gestión de Amalia Sáez existían Urbaser y Sateca. Urbaser fue liquidada por su capacidad operativa. Sateca quedó con un porcentaje disminuido sobre la base de un esquema de concesión de servicios públicos. A propósito de ese esquema sus trabajadores protestaron porque se logró que Corpoelec no le diera directamente el dinero por recaudación sino que se lo entregara a Imaubar, ente que le exigía a Sateca la presentación de un plan operativo para conocer en qué se invertirían los recursos otorgados.
En junio de 2016 Sateca, al no estar conforme con que Corpoelec entregará el dinero a Imaubar, trabó las negociaciones respecto al plan operativo. La empresa demandó a Imaubar y el Tribunal Contencioso Administrativo, de manera irregular, dictó una medida cautelar en la cual le daba la posibilidad a Sateca de mantener la recaudación directamente de Corpoelec, pero sin utilizar los recursos, sino que los depositara en una cuenta bancaria a su nombre. La medida también decía que hasta tanto no se resolviera el asunto, Sateca no podía disponer de ese recurso.
“Sateca nunca cumplió la medida cautelar, sí depositó en una cuenta bancaria esos recursos, también se los exigió a Corpoelec, pero se los gastó. Ese dinero suma hasta la fecha 2.400 millones de bolívares. Como la alcaldía redujo a Sateca en el ámbito geográfico (había 70% desprovisto) entra la operadora Fospuca con compactadoras nuevas. Hasta la fecha Fospuca no ha cobrado pero factura mensual y directamente a Imaubar.
Imaubar le ha dicho a la operadora que no le puede pagar porque Sateca le está tomando al menos 70% de la recaudación directamente de la factura de Corpoelec. Cuando Imaubar logre vencer en el juicio a Sateca es que podrá pagar a Fospuca.
Hace dos semanas salió la sentencia de la Sala Político Administrativa y Teresa Linárez se dio por notificada.
“Hoy Imaubar puede pedirle directamente a Corpoelec el pago de los recursos por recaudación y decirle a Sateca ahora soy yo el que te va a pagar. Sateca puede decir que no está de acuerdo y sostener que se atenta contra su estabilidad económica y así explotaría un problema en ese 30% de espacio geográfico que corresponde a Sateca. Al mismo tiempo Fospuca va a exigir que se le pague. Entonces, o se le paga a Sateca o a Fospuca”. Lo más probable es que la nueva gestión haga un juego a favor de Sateca ya que el director actual de Imaubar tiene vínculos familiares en la referida empresa.
Recursos de obras para gastos
Revela el experto que hasta la fecha Emica mantiene una serie de deudas con el sindicato de esa dependencia. El pago de los uniformes y beneficios económicos importantes.
“Como los nuevos administradores no tienen manejo financiero ni capacidad intelectual están agarrando plata de recursos destinados a obras (que la ley lo exige así) para gastos de funcionamiento. Esto pudiera conllevar a una serie de irregularidades.
En cuanto al Consejo Local de Planificación mencionó que llegarán unos recursos por parte del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), son recursos excedentarios para la ejecución de obras.
“Llegarán unos 400 millones de bolívares para obras por lo cual la alcaldesa designada tiene que entenderse con el Consejo Local de Planificación que dejó Ramos, de lo contrario no podrá ejecutarlos”.
Suspensión de líneas de Transporte
Actualmente, el administrador que fue designado por la gestión oficialista, está haciendo nuevos contratos de arrendamiento con adjudicatarios sin vínculos con el municipio para generar ingresos al Terminal, dice el entrevistado.
-Lo que sucede es que el Terminal siempre ha tenido un gran problema. Primero, no tiene documento de propiedad respecto a las bienhechurías y no es propietario del terreno. Es el municipio Iribarren el propietario y como este no le ha dado la concesión a la AMTT mal pudiera el administrador del Terminal de Pasajeros suscribir tales contratos de arrendamiento.
Se supo que la Contraloría Municipal está a punto de sacar un informe preliminar en el cual hace unas recomendaciones muy importantes para que la AMTT regularice la situación respeto a esos inquilinos.
También hay una obra ejecutada por el IMVI que consistía en pasar a un grupo de trabajadores de los andenes a un espacio abierto. Hasta la fecha no se sabe quiénes son los adjudicatarios de esos locales comerciales.
Por otra parte se sabe que el Sindicato Automotor del estado Lara no va a generar ningún tipo de disminución en el valor del pasaje establecido de manera extraoficial en Bs. 300.
“La AMTT está trabajando en la suspensión de líneas de transporte público, cumpliendo la promesa que hizo la concejal Esther Camacho respecto a que a cualquier línea de transporte que se paralice o este fuera de la normativa le será suspendida la licencia”.
Sin sede
La fuente tiene entendido que existe un problema con el arrendamiento de la sede del IMVI, ente que tiene arrendados unos locales en el centro comercial El Recreo. La administradora del Centro Comercial está pidiendo el desalojo inmediato del espacio por tanto no quiere renovar el contrato. El IMVI pudiera quedar sin sede.
Gobernabilidad
Linárez no gobierna, dice la fuente. Ella simplemente obedece a una línea político partidista de la almirante Carmen Meléndez.
“Iván Lugo estaría pidiendo la sindicatura y no se la dieron por ser de la línea de Luis Reyes Reyes. También advierto que la alcaldía se convertirá en el Comando de Campaña de Carmen Meléndez, quien giró instrucciones para que se realice la Feria de Barquisimeto. Muchas de las decisiones la tomarán los directores por mandato de Meléndez”.
Explica que durante esta gestión no se ejecutarán obras de envergadura por cuanto los nuevos administradores saben que “no van a durar mucho”.
Según información extraoficial el PSUV maneja elecciones municipales en diciembre para las cuales Linárez no será candidata a la alcaldía.
“¿Qué proyectos se pueden hacer en cinco meses si en materia burocrática eso representa cinco días?”.
Indica que Linárez tiene por línea dedicarse al ornato, limpieza y embellecimiento de los espacios públicos.
La fuente también adelanta que Esther Camacho no será relecta para el siguiente ejercicio fiscal, asumirá la edil Martha Leal (al parecer no habría elecciones de los concejos municipales). En caso de que no se realicen elecciones en diciembre los oficialistas piensan remover a los directores que cumplieron su cuota política con el PSUV y tener más control del Concejo Municipal. Leal tratará de construir mayor gobernabilidad dentro de la alcaldía.
Cono de Seguridad
La alcaldesa designada tendrá que enfrentar dos graves problemas, asegura.
Según juicio de la Sala Constitucional del TSJ todavía no se ha dictado alguna medida que ordene al municipio elaborar un nuevo PDUL o mantener el vigente. Ha sido criterio de la administración de Alfredo Ramos mantener la vigencia del PDUL.
Como no hay un director dentro de la DPCU todavía las constancias de adecuación de variables urbanas, permisos de construcción, consultas, etc, no tienen certeza plena de la directriz de Ramos.
Los concejales no quisieron aprobar la extensión de los efectos del PDUL.
Por otro lado mucha gente del Cono de Seguridad espera que Linárez finiquite su situación.
“Están tratando de darle una vuelta a la sentencia de la Sala Constitucional que de manera cautelar ordenó que se suspendieran los efectos de una ordenanza en la que se colocaban los terrenos del Cono de Seguridad como ejidos”.
Asimismo se sabe que los buhoneros de la 42 han sostenido par de reuniones con la alcaldesa para mantenerse en la acera, lo cual es lamentable ya que se había logrado un despeje importante de la zona.
