Mientras la Constituyente tomó su polémica resolución, la rebelde exfiscal general Luisa Ortega llegó a Bogotá burlando la prohibición de salir del país, acompañada de su esposo, el diputado Germán Ferrer, ambos chavistas disidentes.
El nuevo fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, abrió una investigación contra Ferrer, al que el oficialismo acusa de formar parte de una “red de extorsión”.
La Constituyente, cuya primera decisión al instalarse hace dos semanas fue destituir a Ortega, le retiró al diputado su inmunidad parlamentaria y el TSJ, la máxima corte del país, ordenó su captura.
Antes de que se confirmara su llegada a Bogotá, Ortega participó en una cumbre de fiscales en Puebla, México, a través de un audio en el que vinculó a Maduro con el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
La exfiscal se separó de Maduro a finales de marzo luego de calificar de “ruptura del orden constitucional” decisiones con las que el TSJ despojó de competencias al Parlamento. Tras una dura condena internacional, esas decisiones se revirtieron.
El politólogo Luis Salamanca afirmó que “era esperable” que la Constituyente asumiera las competencias del Parlamento, aunque el oficialismo no se atreviera a declarar su “clausura definitiva”.
“Sería un acto dictatorial crudo y duro. Lo que ocurrió es un cierre técnico de la Asamblea. El gobierno ha usurpado la soberanía popular, liquida la democracia”, dijo.
“Ilegítima e inconstitucional”
A la sesión de este sábado en la Asamblea Nacional acudieron un puñado de representantes del cuerpo diplomático, a invitación de los diputados opositores.
Asistieron representantes de la Unión Europea, Guatemala, Brasil, Japón, Chile, Países Bajos, Alemania, Italia, Polonia, Austria, Argentina, Francia, España, Reino Unido, Portugal, Canadá, Estados Unidos, México y Perú.
El líder opositor, Henrique Capriles, pidió a la Organización de Estados Americanos y “demás instancias internacionales (…) asumir que en Venezuela hay un autogolpe continuado”.
La decisión de la Constituyente generó un fuerte rechazo internacional. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, la consideró “ilegítima e inconstitucional” y pidió con urgencia una reunión especial del organismo.
El llamado grupo de Lima -Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú- expresó en una nota su “enérgica condena” a la decisión de la Constituyente de “usurpar las competencias” del Parlamento.
Nueve jefes parlamentarios de esos países calificaron la medida como una “ruptura de la democracia”. El Mercosur, Estados Unidos, España y Reino Unido también se unieron al rechazo.
La Cancillería venezolana rechazó este sábado en un comunicado la condena internacional a la decisión de la Constituyente, especialmente por parte de Estados Unidos, país al que acusó de propiciar una “agresión militar e intervención” contra el país caribeño.
